Conoce cómo la nueva delegación de facultades en la Agencia de Transformación Digital podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones en México, y por qué todos cuestionan la autonomía del IFT.
La noticia ha prendido la mecha en el mundo de las telecomunicaciones: según el último acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno de México dio luz verde para que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones asuma ciertas atribuciones que antes estaban bajo el ala del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Aunque en el papel la idea es optimizar procesos y “agilizar la chamba”, en voz de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia, se escucha a más de uno preguntarse si esto no será una maniobra para diluir la autonomía del IFT y abrirle paso a una megaestructura estatal que concentre más poder.
Ya ven cómo se arman las sospechas cada que el Gobierno mete mano. Sin embargo, mientras unos lanzan teorías de conspiración y otros aplauden la supuesta modernización, las nuevas disposiciones ya están sobre la mesa y no hay vuelta atrás: la delegación de facultades entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, y deja claro que la Agencia podrá seguir supervisando digitalización y telecomunicaciones sin tanto papeleo burocrático.
A primera vista, resulta interesante que se deleguen “superpoderes” a la Dirección General de Administración y Finanzas (en sintonía con el artículo 5, fracción VII, del Reglamento Interior de la Agencia) y a la Coordinación Nacional de Infraestructura Digital (basándose en el artículo 12, fracciones XXII a XXV), pues permiten a estos titulares jugar en el tablero sin esperar a que el jefe dé la última palabra. Por supuesto, Peña Merino se reservó el derecho de ejercer estas facultades directamente cuando quiera, y eso ha despertado murmullos de que lo que se está creando es un auténtico “poder paralelo” de control digital, camuflado en la modernización.
No obstante, hay quienes defienden que esta reestructuración no es otra cosa que un paso firme hacia la evolución tecnológica del país, pues —dicen— México necesita ponerle turbo a sus trámites, su conectividad y su infraestructura, y qué mejor que un organismo que tenga la fuerza legal para hacerlo y no se ahogue en trámites engorrosos.
La bola está en la cancha del gobierno y el ajedrez apenas empieza: en redes sociales ya corre la idea de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se está quedando sin dientes, y algunos analistas independientes piden que no se “sepulte” la voz de un regulador que, en su momento, supo meter orden en el sector. Falta ver, con el correr de los meses, si la Agencia de Transformación Digital hará honor a su nombre o si terminará siendo otro elefante blanco con mucho poder y pocas nueces. En un país donde el Estado casi siempre tiene más preguntas que respuestas, la gente se mantiene al filo de la butaca, esperando que la tan anunciada digitalización no sea puro papel mojado.
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