La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) protestó frente a la Torre de Pemex exigiendo el aumento salarial de 4.5% otorgado al sindicato mayoritario. Detrás de la movilización hay brechas salariales, sobrecarga operativa y señales de riesgo en refinerías, centros de proceso y logística clave para la seguridad energética de México.
La escena frente a la Torre de Pemex, en Marina Nacional, no fue una protesta cualquiera. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) bloqueó la entrada principal para exigir que se les aplique el mismo aumento salarial de 4.5% que la empresa ya acordó con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Lo que está en juego no es sólo un porcentaje en la nómina. La UNTyPP sostiene que la decisión de excluir a más de 20–22 mil técnicos y profesionistas del incremento pactado con el sindicato mayoritario rompe una práctica histórica de aumentos generalizados y se traduce en discriminación laboral interna: un Pemex con trabajadores de “primera” y de “segunda”, pese a que todos sostienen la operación de la misma empresa productiva del Estado.
Mientras una comitiva del sindicato ingresaba a una mesa de diálogo con la administración, afuera se condensaba un malestar que lleva meses acumulándose: cargas crecientes de trabajo, salarios que pierden poder adquisitivo, promociones detenidas y una sensación generalizada de que el talento técnico es perfectamente reemplazable.
Desde octubre, cuando Pemex anunció el acuerdo con el STPRM para un incremento de 4.5% como parte de la revisión del contrato colectivo 2025–2027, los técnicos y profesionistas ya habían encendido las alarmas. La UNTyPP, reconocida formalmente como sindicato, advirtió que por primera vez en décadas la empresa pretendía no extender el aumento a su base de profesionistas, calificándolos de “personal de confianza”.
Para los técnicos de operación, supervisores de mantenimiento, ingenieras de proceso, jefes de unidad de seguridad industrial y especialistas en integridad mecánica, el mensaje fue claro:
Tu trabajo sostiene refinerías, centros de proceso y sistemas de transporte, pero no merece el mismo ajuste salarial que el personal sindicalizado.
La narrativa de “austeridad” se traduce en recortes y rezagos justamente en los puestos que toman decisiones técnicas críticas.
En un contexto de inflación acumulada que ha erosionado el salario real durante años, negar el incremento de 4.5% no es un gesto simbólico: es un recorte real al ingreso disponible de familias que, además, suelen vivir cerca de complejos industriales con riesgos ambientales y de salud asociados.
En una empresa como Pemex, las relaciones laborales no son un tema accesorio: están íntimamente ligadas a la seguridad industrial, la disciplina operativa y el mantenimiento oportuno de activos críticos.
Cuando un colectivo como la UNTyPP denuncia inequidad e inflación sin compensación adecuada, está apuntando a tres riesgos estratégicos:
Cultura de seguridad industrial debilitada
Técnicos y profesionistas son quienes firman permisos de trabajo, autorizan maniobras, validan análisis de riesgos, revisan procedimientos y detienen una operación cuando detectan una condición peligrosa. Si la percepción dominante es que su trabajo no se reconoce ni en lo económico ni en la carrera profesional, la cultura del “detén la planta aunque haya presión política” pierde fuerza frente al “saca el volumen como sea”.
Mantenimiento diferido y decisiones conservadoras
En refinación, gas y petroquímica, las decisiones clave —parar un tren, adelantar una parada de planta, cambiar un equipo antes de que falle— las toman equipos técnicos presionados por metas de producción y presupuestos ajustados. Un personal desmotivado, con incertidumbre salarial y temor a represalias, tenderá a postergar decisiones de mantenimiento y a aceptar riesgos que, en otro contexto, no pasarían.
Retención de talento técnico en declive
El conflicto salarial envía una señal a ingenieras e ingenieros jóvenes que hoy están en plataformas, refinerías, terminales y centros de proceso: hay más reconocimiento y mejores trayectorias en el sector privado, en la cadena de servicios petroleros o incluso fuera del sector energético. Cada protesta no resuelta acelera la fuga gradual de capital humano que Pemex difícilmente podrá reemplazar rápido, sobre todo en perfiles especializados (corrosión, confiabilidad, integridad, procesos complejos).
La protesta frente a la Torre Ejecutiva tiene un eco directo en las refinerías clave de la empresa. No basta con inaugurar proyectos emblemáticos si la base técnica que los opera está en conflicto con la administración.
Salina Cruz arrastra una historia de eventos asociados a clima extremo, vulnerabilidad de infraestructura y alta complejidad operativa. Técnicos y profesionistas sostienen diariamente un equilibrio frágil entre carga de crudo, disponibilidad de equipos y restricciones ambientales. Un conflicto salarial sin salida clara eleva el riesgo de fatiga operativa y decisiones bajo presión.
Tula combina procesos complejos con un entorno de presión política por el nivel de emisiones e impacto regional. La falta de incentivos y reconocimiento a quienes manejan calibraciones, ajustes finos y paros de emergencia no sólo es injusta: puede traducirse en respuestas más lentas ante desviaciones críticas.
Madero, con historiales recientes de paros, problemas de calidad de combustibles y limitaciones en mantenimiento, depende especialmente de cuadros técnicos con experiencia acumulada. Si estos perfiles sienten que el mensaje es “eres de confianza para asumir responsabilidades, pero no para recibir el mismo aumento”, la ecuación de riesgo cambia.
En conjunto, las tres refinerías concentran una parte estratégica de la producción nacional de gasolinas y diésel. Un deterioro en la relación con los técnicos y profesionistas ahí no sólo es un problema laboral: es un factor de riesgo para la seguridad de suministro de combustibles en regiones completas.
El conflicto con la UNTyPP tampoco se queda en el perímetro de las plantas; alcanza a la logística y la producción de hidrocarburos.
En terminales de almacenamiento y reparto, estaciones de bombeo, centros de medición, ductos y plataformas, los técnicos de Pemex tienen bajo su responsabilidad tareas como:
Asegurar la integridad de líneas y tanques.
Validar mediciones de volúmenes que luego se cruzan con sistemas volumétricos, facturación y reportes regulatorios.
Coordinar maniobras críticas de carga y descarga con terceros.
Si el conflicto se cronifica, es cuestión de tiempo para que veamos incremento de fallas menores, retrasos en maniobras, tiempos muertos no previstos y, en el peor escenario, incidentes que obliguen a parar tramos de ductos o instalaciones completas.
En el área de producción, donde la ventana para incorporar nuevo talento y transferir conocimiento técnico es cada vez más estrecha, el malestar salarial es una señal de alerta: la empresa no sólo compite con otras petroleras, sino con el sector eléctrico, la industria de servicios y el auge de data centers que también disputan perfiles de ingeniería, instrumentación, control y telecomunicaciones.
Aunque el conflicto actual tiene forma de protesta salarial, su lectura desde el ángulo de gobierno corporativo es inevitable.
Inversionistas, bancos, agencias calificadoras y organismos internacionales no sólo revisan estados financieros y métricas de deuda: observan con creciente atención los indicadores de riesgos laborales, sindicales y de seguridad industrial.
Un Pemex que:
Acuerda incrementos con el sindicato mayoritario pero excluye frontalmente a otro sindicato reconocido.
Mantiene en incertidumbre a más de 20 mil técnicos y profesionistas.
Arrastra un historial de incidentes, paros no programados y retos de mantenimiento.
envía al mercado una señal de desalineación interna entre discurso oficial y práctica de gestión de personas. Eso pega en la narrativa de “empresa en proceso de saneamiento” y abre flancos en el componente social y de gobernanza del riesgo ESG asociado a la estatal.
En un entorno donde Pemex depende todavía de apoyo del gobierno federal y de acceso a mercados para refinanciar deuda y financiar proyectos, ignorar el frente laboral técnico es una mala apuesta. El costo de resolver el conflicto salarial es mucho menor que el costo potencial de un incidente mayor asociado a fatiga, desmotivación y pérdida de talento en operaciones críticas.
El episodio de la UNTyPP frente a la Torre de Pemex es algo más que una fotografía de protesta: es un indicador adelantado de riesgo operativo y de cumplimiento en activos clave de la empresa.
Con EnergiA, la plataforma de IA Regulatoria de AI Regula Solutions, puedes evaluar el riesgo operativo y de cumplimiento en activos petroleros críticos integrando variables laborales, técnicas y regulatorias.
EnergiA permite:
Mapear refinerías, terminales, ductos y centros de proceso donde el riesgo laboral puede amplificar riesgos de seguridad industrial.
Cruzar información de paros no programados, mantenimiento diferido y alertas regulatorias con el contexto de relaciones laborales.
Simular escenarios donde un conflicto no resuelto con personal técnico afecta disponibilidad, producción y seguridad de suministro.
En un Pemex que opera al límite financiero y reputacional, anticipar el impacto de conflictos como el de la UNTyPP no es un lujo: es parte del núcleo de la gestión profesional del riesgo energético.
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