El gobierno de Claudia Sheinbaum propone una Plataforma Única de Identidad con acceso a datos biométricos, el padrón electoral y registros privados. Analizamos los riesgos, beneficios y las dudas sobre su implementación.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado una iniciativa que, bajo el argumento de combatir la desaparición de personas, busca centralizar en una sola plataforma datos biométricos, el padrón electoral e incluso registros privados. Aunque el objetivo es loable —agilizar la búsqueda de desaparecidos—, el proyecto abre un debate urgente: ¿estamos sacrificando la privacidad en nombre de la seguridad?
Creación de una Plataforma Única de Identidad, conectada con bases de datos públicas y privadas (bancos, telecomunicaciones, salud, escuelas, incluso registros religiosos).
Acceso sin restricciones para fiscalías, el CNI, Sedena, Marina y la Guardia Nacional.
Integración del padrón electoral del INE y datos del sector salud.
Obligatoriedad para empresas e instituciones de compartir información bajo amenaza de sanciones.
Creación de un Banco Nacional de Datos Forenses con huellas y ADN de cuerpos no identificados.
En teoría, esto permitiría cruzar información en segundos para localizar desaparecidos. En la práctica, significa que el gobierno tendría un panorama completo de la vida de los ciudadanos: desde sus movimientos bancarios hasta sus creencias religiosas.
Protección de datos en jaque: México tiene una ley de protección de datos débiles (LFPDPPP), y no hay claridad sobre cómo se evitarán filtraciones o uso indebido.
Precedente peligroso: Si hoy es para "buscar desaparecidos", mañana podría usarse para vigilar disidentes políticos o periodistas. Basta ver el caso Pegasus.
Fallas técnicas: En 2021, el RENAPO tuvo una brecha que expuso datos de 2.5 millones de mexicanos. ¿Qué pasará con una base aún más grande?
Resistencia empresarial: Obligar a bancos y telcos a compartir datos podría generar demandas por violación a la privacidad corporativa.
"Es como darle a un niño un martillo: puede arreglar un juguete o romper todo el living", advierte un experto en ciberseguridad consultado para este análisis.
Sheinbaum insiste en que "no se vulnerará la privacidad", pero la iniciativa no detalla:
¿Quién auditará el uso de los datos?
¿Habrá jueces que autoricen consultas, como en otros países?
¿Qué pasará con la información una vez resueltos los casos?
Organizaciones como Artículo 19 y R3D ya han encendido las alarmas, recordando que México ocupa el último lugar en seguridad digital en América Latina (según el BID).
Mientras la crisis de desapariciones (más de 100,000 casos acumulados) exige soluciones, entregar datos sensibles sin garantías claras es un riesgo enorme. La iniciativa debe discutirse con transparencia, no aprobarse a prisa bajo el argumento de la "emergencia".
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