Senado aprueba reforma que moderniza aduanas con trazabilidad digital, crea Consejo Aduanero y endurece sanciones para combatir evasión y contrabando.
El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley Aduanera, pieza clave del paquete económico 2026, que promete modernizar el sistema aduanero mexicano mediante digitalización total, trazabilidad en tiempo real y nuevas facultades para autoridades. Con 78 votos a favor y 37 en contra, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum entrará en vigor el 1 de enero de 2026, tras un periodo de transición para adecuar plataformas y capacitar a los actores del comercio exterior.
La nueva normativa crea el Consejo Aduanero, órgano presidido por la Secretaría de Hacienda, que autorizará, suspenderá y cancelará patentes de agentes aduanales y agencias. Se elimina el carácter vitalicio de las patentes, que ahora tendrán vigencia de 20 años con certificación cada tres años. Además, se incorporan videovigilancia, monitoreo digital y control documental en tiempo real en recintos fiscales y fiscalizados, así como convenios con la Agencia de Transformación Digital para análisis de datos. Las operaciones serán trazables desde su origen hasta su destino, alineando la legislación con estándares internacionales y el T-MEC.
La reforma también endurece sanciones: multas de hasta 300% del valor de la mercancía para quienes incumplan regulaciones, suspensión automática de patentes ante investigaciones y nuevas causales de embargo precautorio. Se habilitan procedimientos simplificados para empresas de mensajería y paquetería, y se introduce la Carta de Crédito como garantía financiera para contribuciones y cuotas compensatorias.
Mientras Morena y aliados defienden que la reforma cerrará espacios al contrabando y la evasión fiscal, la oposición acusa que no combate el huachicol fiscal ni la corrupción estructural en aduanas, y advierte riesgos de sobrerregulación, costos adicionales y litigios que podrían afectar la competitividad. PAN y PRI sostienen que se castiga a particulares y se exculpa a funcionarios, mientras que empresarios alertan sobre incertidumbre jurídica y doble cobro de impuestos en ciertos regímenes aduaneros.
Con la entrada en vigor en 2026, las 50 aduanas del país deberán migrar a sistemas interoperables, garantizar acceso remoto a autoridades y cumplir con estándares tecnológicos para mantener autorizaciones. El reto será equilibrar eficiencia operativa, transparencia y competitividad, en un contexto donde el comercio exterior representa más del 60% de la recaudación tributaria nacional.
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