México cumple 34 semanas sin estímulo al IEPS: el fin del subsidio temporal y el inicio de una nueva política fiscal energética

México acumula 34 semanas sin estímulo al IEPS para gasolina y diésel, consolidando un cambio estructural en la política fiscal energética: el subsidio deja de ser herramienta coyuntural y se convierte en un régimen permanente de recaudación plena. Este análisis premium de AI Regula Solutions explica el impacto en precios, flotillas, transporte, inflación, logística y consumo familiar, así como las implicaciones para el Paquete Económico 2026

México cruzó una línea que, hasta hace poco, parecía impensable: treinta y cuatro semanas consecutivas sin estímulo al IEPS para gasolina y diésel. La ausencia sostenida del subsidio no es ya una decisión de semana a semana, sino el síntoma de un cambio más profundo: el gobierno dejó de usar el estímulo como amortiguador coyuntural y lo transformó, en la práctica, en un régimen permanente de recaudación plena.

Detrás de esta decisión hay una realidad fiscal que se volvió ineludible. El espacio para subsidiar combustibles se redujo mientras crecieron las presiones sobre el gasto público y se asentó un nuevo enfoque hacia el ingreso petrolero: si los precios internacionales no justifican subsidio y la demanda doméstica se mantiene, retener el IEPS se convierte en la herramienta más directa para fortalecer la recaudación en un entorno político donde subir otros impuestos sería inviable. La lógica recaudatoria se impone a la lógica antiinflacionaria, y ese reacomodo empieza a mover todas las piezas del mercado.

El país ya lo está sintiendo. Con el IEPS cobrando íntegro, los precios internos se mantienen elevados incluso cuando el petróleo enfrenta presiones a la baja o se estabiliza. La relación tradicional entre el movimiento internacional del crudo y el precio doméstico se vuelve menos predecible, y el consumidor —doméstico o empresarial— descubre que el amortiguador fiscal desapareció silenciosamente. En un escenario donde el margen de refinación, los costos logísticos y el tipo de cambio ya presionan por sí mismos, el IEPS sin estímulo actúa como un piso, no como un amortiguador.

Para 2025–2026, esto implica un nuevo régimen de precios en carretera. Las flotillas de transporte viven un reacomodo financiero acelerado: contratos que antes podían estimar variación con el apoyo del estímulo ahora deben incorporar volatilidad total del mercado. En un sector donde cada centavo por litro se multiplica por decenas de miles de kilómetros, la eliminación práctica del subsidio altera las proyecciones de costos logísticos, impacta la tarifa del transporte terrestre y presiona cadenas esenciales como alimentos, construcción, manufactura y distribución urbana. Las empresas grandes pueden absorberlo mediante coberturas y ajustes anticipados; la mayoría de las pymes, no.

El consumidor familiar también carga con el efecto. Aunque la gasolina no pesa tanto como otros energéticos en el índice inflacionario, su carácter simbólico es determinante: cuando el combustible sube, aumentan expectativas de inflación, se ajustan precios de bienes transportados y se altera la percepción pública sobre el costo de vida. La eliminación prolongada del estímulo tiene un impacto acumulado que no se percibe en una semana, pero sí en un trimestre. Es el tipo de presión que obliga a revisar presupuestos, reducir viajes y replantear gastos cotidianos.

Para el gobierno, el fin del subsidio temporal abre un dilema estructural. La recaudación por IEPS se volverá una pieza clave para cuadrar el Paquete Económico 2026, especialmente en un entorno donde el gasto social, la inversión energética pública y los compromisos de transición requieren financiamiento persistente. Mantener el IEPS sin estímulo ofrece una fuente predecible de ingresos, pero también expone al gobierno a la crítica de que la carga recae sobre transporte, empresas y familias en un momento de márgenes estrechos. La narrativa de protección al consumidor se vuelve más difícil de sostener frente a un escenario fiscal más rígido.

Este cambio también redefinirá la política fiscal energética del nuevo gobierno. Después de años donde el subsidio operó como amortiguador político, se abre la puerta a una discusión más franca: si los estímulos desaparecen de facto, México tendrá que decidir si aspira a manejar precios de mercado sin intervención o si volverá a aplicar subsidios focalizados cuando el petróleo repunte. En un mundo donde la movilidad eléctrica avanza, las normas ambientales se endurecen y el costo de oportunidad fiscal del IEPS crece, mantener subsidios horizontales se vuelve cada vez menos justificable.

Treinta y cuatro semanas sin estímulo no son un paréntesis: son el inicio de un ciclo donde el país debe aceptar que los combustibles ya no se amortiguan por decreto, y que cada peso que entra por IEPS tiene un costo político y económico tangible. La decisión de no subsidiar más no solo cambia el precio en las gasolineras; redefine cómo se moverá el país, cuánto costará transportar mercancías y qué tan resistente será la economía ante los shocks energéticos de los próximos años. En la era del nuevo gobierno, la política fiscal energética deja de ser un mecanismo de emergencia y se convierte en uno de los ejes centrales del modelo económico que México tendrá que sostener —o corregir— de cara al futuro.