maria.lopez
La reciente propuesta regulatoria podría transformar el comercio electrónico y las importaciones en México, contrastando con la visión de inversión y reducción de trabas administrativas presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Analizamos cómo estas medidas impactan a empresas, consumidores y proyectos estratégicos como PORT-LAREDO, y qué significan para el futuro económico del país.
El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, convirtiéndose en un pilar esencial para la economía global y nacional. En México, este auge se refleja en proyectos como PORT-LAREDO, que fortalecen el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, especialmente en sectores clave como la agroindustria y la industria automotriz.
Sin embargo, un anteproyecto de modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite las Reglas y Criterios en materia de Comercio Exterior ha generado debate y preocupación entre los actores económicos. Desde mayo pasado, este anteproyecto se encuentra en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), recibiendo comentarios tanto a favor como en contra.
El anteproyecto propone que las plataformas de comercio electrónico deben recabar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los destinatarios o consignatarios, además del domicilio de entrega. Esta medida afecta a las importaciones pequeñas que no excedan los $2,500 dólares estadounidenses por mes calendario y que se realicen a través de empresas de mensajería y paquetería.
La intención detrás de esta regulación es sujetar estas operaciones al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) cuando los importadores no proporcionen la información requerida. Si bien podría aumentar la seguridad y transparencia de las transacciones, ofreciendo mayor protección al consumidor, también podría convertirse en una barrera administrativa significativa.
La implementación de estas nuevas obligaciones podría impactar negativamente a empresas de comercio exterior y maquiladoras que dependen de importaciones urgentes para abastecer sus líneas de producción. La burocracia adicional puede ralentizar procesos y aumentar costos, afectando la competitividad de las empresas mexicanas en un mercado global cada vez más exigente.
Actualmente, muchas operaciones de comercio electrónico se realizan a través de pedimentos simplificados, eximiéndolas de ciertas obligaciones y permitiendo una mayor agilidad en la importación de mercancías. Las Reglas Generales de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) establecen procedimientos simplificados y tasas globales preferenciales para ciertos contribuyentes.
La introducción de regulaciones más estrictas podría contradecir los esfuerzos previos para simplificar y agilizar el comercio exterior, especialmente en el contexto de las estrategias de nearshoring y fortalecimiento de cadenas de suministro en América del Norte.
Esta propuesta regulatoria parece contrastar con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su primer discurso. La presidenta Sheinbaum delineó un plan de gobierno que prioriza la inversión y la reducción de trabas administrativas para los sectores productivos y de comercio. La presidenta enfatizó la importancia de impulsar el desarrollo tecnológico y facilitar el acceso al comercio, alineándose con las tendencias globales de digitalización y eficiencia.
La posible implementación de regulaciones que complican el comercio electrónico podría ir en dirección opuesta a estos objetivos, generando incertidumbre entre inversionistas y agentes económicos.
Como parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México se comprometió a fomentar el comercio digital mediante un marco legal que promueva transacciones electrónicas seguras y la protección de datos personales. Esto incluye facilitar operaciones comerciales electrónicas que impulsen el crecimiento económico y refuercen la posición de México en la economía digital global.
Es esencial que las regulaciones nacionales estén alineadas con estos compromisos internacionales, evitando medidas que puedan obstaculizar el comercio y afectar las relaciones comerciales con sus principales socios.
PORT-LAREDO se ha consolidado como un punto neurálgico en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. En el período de enero a julio de 2024, registró un intercambio comercial de $194.47 mil millones de dólares, incrementando su actividad en un 5.07% respecto al mismo ciclo del año anterior. Este puerto fronterizo no solo facilita el comercio de manufacturas, sino que también impulsa el comercio de carga refrigerada, esencial para la agroindustria.
La implementación de programas como inspecciones conjuntas y el uso de tecnología para mantener la cadena de frío demuestran cómo la colaboración y la innovación pueden mejorar la eficiencia y competitividad del comercio exterior mexicano.
Además, la construcción de un nuevo puente comercial, financiado a través de capital mixto y ubicado estratégicamente en las áreas de Río Bravo y El Cenizo en el condado de Webb, promete reforzar las cadenas de suministro y generar nuevas oportunidades de empleo. Este proyecto es un ejemplo de cómo la inversión en infraestructura puede potenciar el comercio y la economía regional.
Es fundamental que las autoridades consideren cuidadosamente el impacto de nuevas regulaciones en el comercio electrónico y exterior. La colaboración entre el gobierno, los inversionistas y los agentes económicos es crucial para diseñar políticas que promuevan el crecimiento económico sin crear barreras innecesarias.
En vísperas de la próxima renegociación del T-MEC en 2026, México debe fortalecer sus cadenas de suministro y producción en América del Norte para mantener y mejorar su competitividad global. Adoptar regulaciones que faciliten el comercio electrónico, inviertan en nuevas tecnologías y promuevan un gobierno electrónico eficiente serán pasos esenciales en esta dirección.
Proyectos como PORT-LAREDO y la expansión de infraestructura fronteriza muestran el camino a seguir, combinando las necesidades específicas de sectores clave con estrategias que impulsen el desarrollo regional y nacional.
La nueva regulación propuesta para el comercio electrónico presenta desafíos y oportunidades. Si bien busca mejorar la seguridad y transparencia de las transacciones, es vital equilibrar estos objetivos con la necesidad de mantener un entorno propicio para la inversión y el comercio. Alinearse con la visión presidencial de reducir trabas administrativas y promover la inversión será esencial para asegurar el crecimiento sostenible de México en la economía global.
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Periodista, especialista en estrategia digital y transformación de negocios, con amplia experiencia en el sector público y privado.
