La Cámara Americana de Comercio (AmCham) solicita a la Secretaría de Economía una prórroga de 12 meses para la entrada en vigor de la nueva regulación de comercio electrónico, que afectará a plataformas digitales y servicios de paquetería. La AmCham argumenta que se necesita más tiempo para implementar los cambios operativos necesarios, evitando posibles afectaciones a consumidores y empresas.
La Cámara Americana de Comercio (AmCham) ha solicitado formalmente a la Secretaría de Economía un plazo mayor para la entrada en vigor de la nueva regulación sobre importaciones a través de plataformas de comercio electrónico. El sector pide que la normativa, prevista para enero de 2025, tenga un periodo de al menos 12 meses antes de su implementación definitiva, argumentando que el plazo actual es insuficiente para que las empresas ajusten sus operaciones y sistemas tecnológicos.
El gobierno federal, en conjunto con la Secretaría de Economía, prepara un acuerdo que tiene como objetivo regular las importaciones realizadas a través de plataformas digitales. La normativa busca reforzar la trazabilidad de los productos, asegurando que las mercancías importadas cumplan con la información comercial necesaria para la protección del consumidor. Esto incluye, entre otros aspectos, la limitación de importaciones por destinatario y la obligatoriedad de cumplir con requisitos fiscales y aduaneros más estrictos, como la recaudación de información sensible como el RFC o la CURP de los compradores.
El nuevo acuerdo impactará directamente a las plataformas de comercio electrónico y a las empresas de mensajería y paquetería, ya que ambas deberán asegurar el cumplimiento de la normativa en cuanto al número de envíos, la trazabilidad de los productos y los datos de los destinatarios. La medida forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno mexicano por regular el comercio digital y evitar prácticas que puedan comprometer la transparencia y seguridad del comercio internacional, especialmente en lo referente a las importaciones.
La AmCham, que agrupa a una amplia red de empresas internacionales y nacionales con operaciones en México, argumenta que el periodo de implementación propuesto por el gobierno no brinda el tiempo suficiente para realizar los ajustes necesarios en las plataformas tecnológicas y operativas de las empresas involucradas. Según Gerardo Arana, secretario técnico del Comité de Comercio Exterior y Logística de la AmCham, es esencial contar con un tiempo de transición razonable para que las plataformas de comercio electrónico y las empresas de mensajería puedan realizar las inversiones necesarias, ajustar sus sistemas y cumplir plenamente con las obligaciones de la nueva normativa.
Arana subrayó que la implementación apresurada de la regulación podría generar problemas operativos y riesgos de incumplimiento involuntario por parte de las empresas, lo que afectaría directamente el servicio a los consumidores finales y podría poner en riesgo la operación fluida de las plataformas de comercio electrónico.
Por su parte, la Asociación Nacional Mexicana de Empresas Courier (ANMEC) también expresó sus preocupaciones en el mismo proceso de revisión de la regulación. La ANMEC solicitó un periodo mínimo de seis meses para que las empresas involucradas puedan implementar los cambios necesarios en sus sistemas informáticos y logísticos. La asociación destacó que la normativa requiere ajustes importantes en las operaciones de las empresas, como la adaptación de sistemas de almacenes, la coordinación con las autoridades aduaneras y la creación de nuevas soluciones para el etiquetado y la fiscalización de los productos importados.
Entre las medidas más destacadas de la regulación, las plataformas de comercio electrónico deberán recabar y proporcionar información sensible como el RFC o CURP de los destinatarios, así como el domicilio de entrega. Esta información será clave para garantizar la trazabilidad de los productos y asegurar que las importaciones cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades mexicanas.
La normativa también incluye un límite en la cantidad de envíos que pueden realizarse por mes a través de servicios de mensajería y paquetería. Las importaciones que no superen los 2,500 dólares podrán acogerse a un procedimiento simplificado, siempre y cuando no excedan las 10 importaciones por destinatario o consignatario en un mismo mes. Estas restricciones buscan evitar que las plataformas digitales sean utilizadas para eludir las normativas fiscales y aduaneras vigentes.
A medida que las empresas involucradas, tanto nacionales como internacionales, expresan sus preocupaciones sobre la implementación de la regulación, el gobierno mexicano y la Secretaría de Economía deberán evaluar si es factible ajustar los plazos y los requisitos establecidos en el acuerdo. La implementación exitosa de esta normativa será clave para asegurar la protección de los consumidores, garantizar la transparencia en el comercio digital y, al mismo tiempo, no obstaculizar la operación de las empresas en este sector tan dinámico y en crecimiento.
Por el momento, el debate sobre la regulación sigue abierto y las partes interesadas continúan buscando un consenso que permita una transición adecuada hacia un modelo de comercio electrónico más regulado y transparente en México. La revisión del acuerdo por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) será clave para determinar el resultado final de esta discusión.
La solicitud de la AmCham refleja una preocupación legítima por la viabilidad de implementar de manera eficaz una regulación tan compleja en un plazo corto de tiempo. La cooperación entre el gobierno y las empresas será fundamental para asegurar que la nueva normativa cumpla su objetivo de proteger al consumidor sin generar disrupciones significativas en el mercado del comercio electrónico. La evolución de este proceso y el resultado de la revisión por parte de las autoridades marcarán un hito importante en la regulación del comercio digital en México.
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