Radiografía del circuito de proveedores en Pemex: triangulación de servicios, certificaciones aceleradas y adjudicaciones directas. Qué vigilar y cómo blindar la operación.
En medio de la discusión por la transparencia de contratos estratégicos, volvió a escena un viejo fantasma: proveedores con vínculos cruzados, triangulación de servicios y antecedentes de sanciones en México y EE. UU.. La historia no es sólo política: toca la operación diaria de Pemex, la calidad de insumos críticos —como químicos para tratamiento de crudo— y la integridad de las compras públicas. El foco de esta nota: cómo funciona el circuito de proveedores, por qué importa para el costo y seguridad de la operación, y qué señales de alerta conviene observar ahora.
Panorama — el circuito químico que nadie ve. En el corazón del Sistema Nacional de Refinación y en proyectos de Exploración y Producción, los tratamientos químicos definen eficiencia, corrosión, manejo de agua y desempeño de combustóleo. Un cambio de razón social, la subcontratación o la cesión de activos no deberían alterar fórmula, trazabilidad ni control de calidad. Cuando eso sí ocurre —o cuando la “nueva” empresa sigue operando con plantas, gente y productos de la “vieja”— se abre una grieta: el papel dice una cosa, el piso otra. Para Pemex, la diferencia es dinero, riesgo operativo y reputación.
Cómo operaría la triangulación. La ruta suele repetirse: a) una empresa acumula cuestionamientos o pierde elegibilidad; b) aparece un intermediario que recibe contratos; c) la fabricación no cambia de sitio ni de personal, pero el “proveedor” visible sí; d) certificaciones, licencias y constancias se aceleran para mantener continuidad. El resultado es opacidad en la cadena, dificultad para auditar desempeño por número de serie/lote y una mezcla de contratos donde el que factura no necesariamente produce. Si además hay historiales de mala conducta corporativa en otras jurisdicciones, el riesgo de cumplimiento se multiplica.
El frente político de las adjudicaciones. En paralelo, adjudicaciones directas de alto monto —como la acusación reciente de un contrato multianual para renta de buque— reactivan la discusión sobre criterios técnicos vs. discrecionalidad. La política hará su parte, pero la pregunta operativa es otra: ¿están garantizados los niveles de servicio, los penalties por incumplimiento y la capacidad real del contratista durante toda la vigencia? Si la respuesta depende de terceras empresas “ocultas” en la cadena, el costo final y el riesgo para la continuidad del suministro se disparan.
Qué está en juego para Pemex (y para el consumidor). Los químicos de proceso y los servicios asociados no son commodities puros: variaciones en calidad y dosificación pegan en rendimientos, emisiones, paros no programados y degradación de equipos. Si la cadena es opaca, auditar fallas o exigir garantías toma meses. Para el consumidor y las finanzas públicas, eso se traduce en más costo por barril procesado, más mantenimientos correctivos y, en el extremo, mayores pérdidas en refinación.
Señales de alerta que las auditorías internas deben detectar hoy.
Trazabilidad técnica completa: recetas, lotes, “batch records” y responsables por sitio.
Coincidencia física–contractual: dónde se produce, quién factura, quién certifica y con qué acreditación vigente.
Independencia de certificadores y verificación de cadena de custodia en precintos, muestreo y calibraciones.
Mapeo de beneficiarios finales: estructuras societarias, cesiones recientes y vínculos con ejecutivos o exfuncionarios.
Cláusulas de continuidad y sustitución: si el proveedor “visible” cae, ¿quién opera mañana y bajo qué penalidades?
Lo que Pemex puede hacer sin esperar a nadie. Tres movimientos son posibles de inmediato:
Auditoría forense de cadena de suministro en químicos y servicios críticos, con verificación in situ y cruces de datos contra lotes entregados y performance de unidades.
Reapertura de competencia en paquetes sensibles (cuando sea legalmente posible) con subastas inversas y pruebas ciegas de desempeño (“bake-off” técnico).
Cláusulas activas de integridad: disclosure de beneficiario final, prohibición de subcontratar núcleo sin autorización y rescindibilidad automática por falsedad en certificaciones.
Para el regulador y la ASF — métricas que sí miden. En vez de auditorías voluminosas que llegan tarde, sirven tableros trimestrales con: tasa de no conformidades por lote, tiempo promedio de resarcimiento, correlación fallas/contratista, y ahorros reales frente a contratos anteriores. Si una “nueva” empresa promete oro y el CAPEX/OPEX sube, el dato habla.
La discusión no es “quién se queda con el contrato”, sino quién garantiza operación segura, trazable y costo-eficiente. Cuando el papel no coincide con la planta, la refinería lo paga; cuando las certificaciones valen por amistades, el erario lo paga; y cuando las cadenas se opacan, todos lo pagamos en confianza y combustible más caro. Toca abrir la cadena, medir con datos y blindar cada contrato con responsabilidad real.
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