Pemex confirma que no hubo perforación ilegal en Observatorio, pero alerta sobre vulnerabilidad en ductos y refuerza su estrategia contra el huachicol.
Un reporte ciudadano por olor a combustible en la colonia Observatorio activó protocolos de emergencia y movilizó a especialistas de Pemex, Guardia Nacional y Protección Civil. Tras una inspección con equipo especializado, la empresa estatal descartó la existencia de una toma clandestina en el poliducto Azcapotzalco–Barranca del Muerto. El ducto no presentó afectaciones, pero el hallazgo de túneles excavados en dirección a la línea evidenció un riesgo latente: la sofisticación del robo de combustibles y su impacto en la seguridad urbana.
El robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, sigue siendo una amenaza crítica para Pemex y para la seguridad nacional. En lo que va del año, se han detectado más de 2,400 tomas clandestinas, equivalentes a una perforación ilegal cada hora, y pérdidas superiores a 5,400 millones de pesos. Aunque las cifras muestran una ligera disminución respecto a 2024, el delito se ha adaptado: túneles subterráneos, conexiones camufladas y redes logísticas que operan incluso en zonas residenciales.
Este fenómeno no solo compromete la integridad de los ductos, sino que genera riesgos de explosión, contaminación y afectaciones a comunidades. Casos como el de Observatorio revelan que la delincuencia organizada ha llevado el huachicol a entornos urbanos, donde la proximidad a viviendas multiplica el peligro.
Pemex anunció que reforzará sus acciones preventivas en la zona y reiteró su estrategia integral contra el mercado ilícito, contemplada en el Plan Estratégico 2025–2035. Esta incluye inversión en sistemas de monitoreo volumétrico, sensores de flujo en tiempo real y una Unidad Central de Control para integrar datos en toda la cadena logística. Además, se mantiene la coordinación con Sedena, Marina, Guardia Nacional y autoridades locales para blindar la infraestructura crítica.
La petrolera exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad mediante canales oficiales, disponibles las 24 horas, y recordó que manipular ductos es un delito grave con penas de hasta 17 años de prisión.
El incidente en Observatorio terminó sin afectaciones, pero deja una lección clara: la seguridad energética no depende solo de inventarios, sino de infraestructura resiliente y vigilancia permanente. En un país donde el robo de combustibles representa pérdidas anuales cercanas a 7,000 millones de dólares, la modernización tecnológica y la colaboración interinstitucional son más que una estrategia: son una urgencia nacional.
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