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Descubre cómo CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla se coordinan para combatir el robo de vehículos y autopartes, mientras planean un control más estricto a las motocicletas que podría cambiar por completo las reglas de circulación.
En una jugada que parece apuntar a poner orden en las carreteras —y de paso generar roces con ciertos sectores—, las autoridades de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla anunciaron un frente común para controlar el robo de vehículos y, ojo, establecer nuevas reglas para las motocicletas. La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, reveló que no se trata de un capricho, sino de atacar un problema donde se han disparado los atracos a autos y, más recientemente, el robo de motos. A su juicio, la oferta actual de regulaciones está tan fragmentada que los delincuentes se escapan por cualquier rendija legal.
El plan que salió de la reunión involucra desde un gabinete metropolitano de control vehicular hasta la idea de generar un registro conjunto de motocicletas —lo que, por cierto, muchos critican como tardío. “Hay un incremento importante en el robo de motocicletas, debemos enfrentarlo de manera conjunta”, lanzó la mandataria, subrayando que las políticas actuales “carecen de unidad” en la región centro del país.
El pastel, sin embargo, va más allá de la simple vigilancia: pretenden unificar bases de datos, diseñar una política fiscal conjunta sobre multas y tenencia, e incluso negociar con la industria automotriz para frenar la venta y compra de autopartes robadas. El golpe más polémico, tal vez, se lo lleven los motociclistas, que estarían sujetos a un registro estricto y a permisos unificados para circular.
Según la mandataria, basta mirar las cifras: en la zona conformada por CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla, se concentra casi la mitad de los delitos nacionales de robo de vehículo. Peor aún, con la disparada del comercio en línea y el auge del reparto a domicilio, las motos se han convertido en la “moneda de cambio” predilecta de la delincuencia. “Tenemos distintas regulaciones, a veces flexibles, y la ausencia de mecanismos de seguridad nos pasa factura”, dijo Brugada con un tono que suena a "ya es hora de ponerle fin".
En la conferencia, Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, alzó la mano: “En mi estado, el delito más importante es el robo de motocicletas y en segundo lugar el de vehículos”, reconoció. Aseguró que Morelos se integra a la cruzada porque su geografía de paso la convierte en un punto clave para el tránsito de autos robados y, claro, para los maleantes que buscan huir a Guerrero o a la propia CDMX. “No podemos quedarnos atrás en esta estrategia”, advirtió.
Los críticos señalan que se ha hablado por años de homologar normas en el centro del país, pero la realidad marca un fracaso crónico. Hoy, la nueva propuesta suena ambiciosa: desde la idea de un solo esquema de multas y verificación, hasta un “acuerdo” con fabricantes para grabar autopartes y obstaculizar el mercado negro. El meollo es si de veras lo llevarán a la práctica o si quedará en buenas intenciones y burocracia.
Las autoridades se darán 15 días para la primera reunión de los equipos y, en dos meses, convocarán un encuentro mayor en territorio mexiquense para firmar los acuerdos finales. Lo que suena retador es que en esta danza participan múltiples dependencias, la industria automotriz, fuerzas federales y gobiernos estatales que, a menudo, difieren en sus prioridades. Por su parte, Brugada —que no teme a la polémica— sentenció: “Queremos que esto sea una de las regiones más seguras del país”. Dicho está. Falta ver si la coordinación alcanzará a romper con la costumbre de que cada entidad jale por su cuenta. Y mientras tanto, los motociclistas ya rezan para que las nuevas reglas no les tiren todo el mes con trámites y más trabas a su movilidad.
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