La CFE publicó en el DOF las tarifas finales del Suministro Básico para 2026. El esquema incorpora un factor de ajuste negativo en cargos de generación y mantiene el diseño regulado de ingresos recuperables, con implicaciones operativas y financieras para usuarios y el sistema eléctrico.
La Comisión Federal de Electricidad formalizó en el Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor de las tarifas finales del Suministro Básico aplicables a partir del 1 de enero de 2026, en cumplimiento de la instrucción emitida por la Comisión Nacional de Energía. El acto administrativo no es un ajuste menor ni una simple actualización anual, sino una pieza central del andamiaje financiero y operativo del sistema eléctrico regulado.
El esquema tarifario 2026 incorpora un factor de ajuste negativo de 2.25 por ciento en los cargos de generación, aplicado respecto al mes inmediato anterior. Este elemento refleja el reparto del diferencial de costos de generación estimados para el año y se convierte en una señal relevante sobre cómo el regulador está reconociendo los costos de energía y capacidad adquiridos por la Suministradora de Servicios Básicos bajo criterios de prácticas prudentes.
Desde una perspectiva operativa, las tarifas publicadas consolidan el principio de que el Suministro Básico es una actividad estratégica de utilidad pública, sujeta a obligaciones de accesibilidad, calidad, confiabilidad, continuidad, eficiencia y seguridad. La estructura tarifaria reconoce costos de transmisión, distribución, operación del CENACE, operación de la propia CFE como suministradora y servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, además de los cargos de generación que se determinan de manera mensual.
Un elemento clave del oficio reproducido en el DOF es que las tarifas finales tienen carácter máximo, lo que abre la puerta a que la CFE pueda pactar acuerdos convencionales o descuentos tarifarios con sus personas usuarias, siempre bajo criterios definidos por la Comisión Nacional de Energía y con validación de la Secretaría de Energía. Este punto introduce flexibilidad comercial controlada, pero también refuerza la necesidad de trazabilidad y registro de dichos acuerdos para evitar distorsiones o recuperaciones de costos no eficientes.
En términos de gobernanza regulatoria, la publicación confirma que la Comisión mantiene facultades explícitas para investigar los costos de energía y productos asociados adquiridos por la CFE, incluyendo contratos de cobertura eléctrica, con el objetivo de impedir que se trasladen a las tarifas costos que no reflejen eficiencia operativa. La tarifa deja de ser solo un precio al usuario final y se consolida como un mecanismo de disciplina económica dentro del sistema eléctrico.
La amplitud del anexo tarifario, que detalla cargos por división geográfica, nivel de tensión y modalidad horaria, subraya que el impacto del ajuste no es homogéneo. Para usuarios industriales y comerciales conectados en media y alta tensión, la señal relevante no está únicamente en el cargo por kilowatt hora, sino en la combinación de energía, capacidad y cargos regulados que definen el costo total del suministro y condicionan decisiones de consumo, eficiencia y autogeneración.
Finalmente, el acto administrativo deja claro que las tarifas 2026 permanecerán vigentes hasta que sean modificadas o sustituidas, y que pueden ser impugnadas por las vías legales previstas. Más allá de ese marco jurídico, la publicación marca el tono de un año en el que la política tarifaria buscará equilibrar sostenibilidad financiera, control de costos y estabilidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional, en un contexto de alta presión sobre generación, redes y confiabilidad.
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