laura.fernandez
Conoce cómo el Senado aprobó en comisiones la polémica reforma al Infonavit que permitiría al gobierno construir y arrendar viviendas, pese a las duras acusaciones de la oposición sobre el presunto uso indebido de los ahorros de los trabajadores.
En un giro que promete más controversias que aplausos, el Senado aprobó en comisiones la minuta de reformas a la Ley del Infonavit, aun cuando la oposición acusa que el texto es un golpe bajo al bolsillo de los trabajadores. Sin cambio alguno respecto a lo que la Cámara de Diputados ya había avalado, el proyecto pasa a la Mesa Directiva para su discusión y votación definitiva. La mayoría conformada por Morena, PVEM y PT impuso su peso político: 18 votos a favor, frente a 7 en contra de PAN y PRI, más una abstención de Movimiento Ciudadano, sellaron el destino de esta polémica reforma.
El debate sacó chispas cuando el senador Ricardo Anaya, coordinador panista, no se mordió la lengua y calificó las enmiendas de “un robo y un atraco”. Lo acusó de que se prometían “modificaciones”, pero resultó que “mintieron: no tocaron ni una coma”. Para Anaya, el gobierno pretende “agarrar el dinero de la gente”: tienen un país endeudado y, con el presupuesto escaso, “van por los 2.4 billones de pesos de las subcuentas de vivienda”. La misma tónica mantuvo Claudia Anaya (PRI), quien advirtió que el Infonavit es, en esencia, “una institución de carácter más privado que público”. En su lógica, la reforma abriría la puerta para que la administración cree “una filial constructora” sin controles, capaz de utilizar recursos privados en proyectos ajenos al espíritu original del instituto.
Por su parte, el morenista Manuel Huerta contraatacó, recriminando a la oposición haber tolerado, en el pasado, el “lucro y la depredación” de inmobiliarias que dejaron a los trabajadores con viviendas en zonas sin agua o transporte, con créditos impagables. Para Huerta, la reforma es el antídoto contra esas trampas del viejo régimen, y quienes la denuncian solo buscan confundir a la opinión pública. “Poca vergüenza” —les espetó— “venir aquí a hacerse los buenos, cuando defendieron los abusos”.
La parte medular de la iniciativa es que el Infonavit podría no solo otorgar financiamientos, sino incursionar en la construcción directa y ofrecer “arrendamiento social”. Sus defensores apuestan a que esto abaratará la vivienda y promoverá esquemas más justos. Sin embargo, los detractores creen que es un “caballo de Troya” para que el gobierno meta mano en los fondos de los trabajadores. Con el trámite ahora en la cancha del pleno, se espera que la votación sea igual de reñida. ¿Logrará la mayoría oficialista imponer su versión, mientras la oposición se desgasta denunciando un supuesto saqueo? Pronto lo sabremos, en un escenario donde la vivienda —un tema crucial para millones de familias— se politiza al máximo.
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