El Gobierno asegura que la Reforma al Infonavit traerá medio millón de viviendas a bajo costo y un arrendamiento social con opción de compra. Pero, ¿realmente frenará la especulación y la corrupción, o nos venderán otro espejismo habitacional?
Nadie dudaba que la publicación de la Reforma al Infonavit en el Diario Oficial de la Federación iba a generar reacciones de todo tipo. Ahora, con la funcionaria Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu, echando flores a los cambios, se refuerza la idea de que estamos frente a un sacudón que modifica por completo la política de vivienda en el país. Los escépticos, sin embargo, insisten en que no todo es color de rosa: ¿de verdad los nuevos lineamientos cierran la puerta a la corrupción? ¿Realmente se cumplirá la promesa de construir medio millón de viviendas dignas, sin desplumar a los trabajadores?
Vega Rangel asegura que la Reforma va a lo esencial: regresarle al Infonavit y al Fovissste el “espíritu original” de dar vivienda a la gente y no dedicarse a inflar costos o enredarse en laberintos burocráticos. Según ella, ahora el organismo reforzará su carácter social con facultades nuevas que incluyen la construcción directa de casas, además de emprender un arrendamiento social con opción de compra, lo que permitiría a quienes ganan poco rentar de manera asequible y, con el tiempo, comprar su propiedad. Todo suena bonito si no fuera porque, por años, esas mismas instituciones han operado con mecanismos opacos que muchas veces terminan beneficiando a unos cuantos. Aun así, la titular de la Sedatu enfatiza que, con la empresa filial que creará el Infonavit, se eliminarán “intermediarios y especulación”. Es decir, se acabó aquello de inflar terrenos, vender catálogos de casas diminutas y marear con créditos que duran treinta años.
El meollo está en ver si esa nueva empresa filial no se transforma en un monstruo burocrático, donde florezca la corrupción y se repitan los mismos vicios del pasado. La funcionaria dice que será muy “rigurosa” la vigilancia para que no haya “tregua a la corrupción”, aunque uno siempre encuentra motivos para dudar: si en las grandes obras se filtran sobrecostos e irregularidades, ¿qué le impedirá a un plan tan ambicioso (medio millón de casas) convertirse en caldo de cultivo para malos manejos?
Lo que sí es un hecho es que con el arrendamiento social —donde se usaría como tope 30% del salario— y la posibilidad de ir pagando una parte de la vivienda a cuenta del alquiler, muchos trabajadores tendrían una puerta de entrada real a la vivienda digna. Esa modalidad puede ser una jugada maestra si se hace con cabeza y honradez: imagina pagar una renta fija y, al cabo de unos años, convertirte en dueño. Para un país con tantos rezagos habitacionales, suena a aire fresco.
Si a esto le sumamos la existencia de subsidios o facilidades para las familias con ingresos más precarios, se reduce la probabilidad de tener esos “elefantes blancos” de casas a medio construir en medio de la nada. De cualquier forma, el momento de la verdad llegará cuando las licitaciones y la construcción empiecen, y aparezca la tentación de meter mano negra para incrementar costos, o vender ilusiones como ha ocurrido tantas veces.
Ahora, a decir de Vega Rangel, la gran promesa es que la “responsabilidad del Infonavit y del Fovissste es dar vivienda a las y los trabajadores, a las y los derechohabientes”. Ojalá que no se quede en discurso, y que esta Reforma no termine naufragando en los miasmas de la grilla política. México, sin duda, necesita con urgencia un esquema honesto y eficiente para facilitar el acceso a la vivienda digna. A ver si por fin nos toca ver un programa que no sea presa de la corrupción.
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