carlos.sanchez
Descubre cómo la 'nueva era' del Infonavit, con su empresa filial y arrendamiento social, promete 500 mil viviendas pero podría abrir la puerta a desfalcos, opacidad y más casos de corrupción en un sexenio ya plagado de polémicas.
Infonavit y su “reforma histórica”: ¿Verdadera solución o pretexto para nuevos desfalcos?
Parece que en el gobierno nunca se cansan de vendernos megaproyectos y reformas “históricas”, aun cuando la historia reciente está plagada de escándalos de corrupción y despilfarros. Ahora, la joya de la corona es el nuevo Infonavit, que, con un Decreto publicado en el DOF, promete construir medio millón de viviendas y hasta arrendarlas, como si fuera la panacea para los trabajadores sin casa. Sin embargo, para los escépticos (y considerando nuestro pasado reciente con casos tipo La Estafa Maestra o el uso indiscriminado de fideicomisos), hay más de un foco rojo en esta enésima “gran transformación.”
La reforma anuncia la creación de una empresa filial de derecho privado que le permitirá al Infonavit “construir” viviendas. La pregunta cae de cajón: ¿qué tan fácil será monitorear y auditar a una entidad que, por estatuto, no será paraestatal y, por ende, no quedará bajo el mismo escrutinio que una dependencia de gobierno? Recordemos que las practicas irregulares florecen cuando el control se relaja; no es de extrañar que acaben con anomalías al estilo de Casas Geo o de aquella red de desvíos que se usó para sobrefacturar compras ficticias. Peor aún, las aportaciones que se usarán para financiar las construcciones son parte de los ahorros de millones de trabajadores, y el historial del gobierno con la administración de recursos ajenos no es precisamente impecable.
Otro rasgo que huele a concentración de poder es el hecho de que el director general, designado directamente por la Presidencia, podrá vetar resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia si no se adoptan por unanimidad. Ya hemos visto en otros casos —desde la llamada “Operación Zafiro” hasta los fiascos en proyectos energéticos— cómo la autonomía de los organismos se vuelve mero adorno. De poco sirve tener un Consejo de Administración con representación tripartita si el director puede frenar acuerdos que no le convengan o le incomoden a Palacio Nacional.
La idea de que los trabajadores puedan alquilar una vivienda del Infonavit —si tienen un año cotizando— podría sonar maravillosa, hasta que lees que usarán tu subcuenta de vivienda como garantía de pago. Si en un momento te quedas sin dinero para la renta, adiós a tus ahorros. ¿Y quién asegura que las “rentas sociales” no acaben inflándose, o que las viviendas sean de dudosa calidad, como sucedió en años pasados con miles de casas abandonadas al norte del país, fruto de los convenios entre constructoras y funcionarios corruptos?
No es la primera vez que vemos un proyecto de “alto impacto social” que termina beneficiando a empresas fantasma o a los amigos del régimen de turno. Basta con recordar el tremendo show de La Estafa Maestra, que involucró universidades y dependencias en operaciones ficticias, o el extraño manejo de fondos en las contrataciones directas durante la pandemia. Con la nueva modalidad de línea III —o el reemplazo de ésta—, donde el Infonavit invierte en construcción y administración de vivienda, la sospecha de actos turbios se dispara. Si no hay una vigilancia férrea, se presta a que “empresas” coludidas con altos funcionarios se embuchacen contratos millonarios.
Hay un aspecto de la reforma que sobresale: la supuesta “desaparición” de las direcciones sectoriales y la reducción de integrantes en los órganos de gobierno. Por un lado, prometen austeridad y eficiencia; por el otro, se quitan los contrapesos. Podríamos preguntarnos si no estamos repitiendo lo vivido con la extinción de los fideicomisos públicos, donde desaparecieron mecanismos de inversión en ciencia, cultura y deporte, y se quedó en el aire el seguimiento de fondos. Mientras tanto, el actual gobierno arrastra señalamientos sobre obra pública que se maneja bajo el manto de la opacidad (que si la Sedena controla todo, que si no hay licitaciones abiertas, etc.).
Del lado del discurso, la clase trabajadora tendrá “más oportunidades” de conseguir techo propio, sin necesidad de meterse a créditos impagables y con esquemas de renta a precio supuestamente justo. Sin embargo, si el Infonavit (o su filial) administra mal los recursos o infla costos, ¿quién paga los platos rotos? Probablemente el acreditado, cuyas aportaciones podrían evaporarse en un manejo ineficiente o corrupto.
El Decreto, en teoría, busca darle un empujón al acceso a la vivienda, pero el diseño deja una puerta grande a la corrupción y la falta de transparencia, en un sexenio donde ya hemos visto muchos casos en que los números nunca cuadran y el dinero termina fugándose a destinos opacos. Ojalá esta “nueva era” del Infonavit sea distinta, pero la realidad nos indica que, en México, cuando se habla de un pastel gigantesco de recursos sin un control estricto, los buitres de la corrupción se lanzan a su banquete. En este caso, toca a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil mantener el ojo bien abierto.
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