maria.lopez
Entérate por qué la reciente reforma al Infonavit despierta la preocupación de Moody’s y cuáles son los riesgos de sus nuevas facultades para construir vivienda, especialmente en un mercado en declive.
El Infonavit está estrenando facultades y, al mismo tiempo, levantando cejas en los mercados financieros. De acuerdo con la calificadora Moody’s, la reforma a la Ley del Infonavit —publicada en febrero pasado— le da nuevos dientes para desarrollar vivienda y ampliar su radio de acción, pero también conlleva riesgos que podrían complicarle el panorama en el futuro. ¿La razón? Podría necesitar de una regulación robusta que lo libre de apuros económicos y que, de paso, evite que se transforme en un ente que se ahogue en deudas a largo plazo.
Si bien la modificación conserva la representación tripartita de gobierno (entre trabajadores, patrones y el Estado) y respeta parte de la estructura tradicional en el Consejo de Administración, Moody’s observa que se han ajustado atribuciones clave, como las del Director General, quien ahora puede tener voz y voto en la Asamblea, e incluso posee derecho de veto sobre resoluciones que no alcancen la unanimidad. Este poder extra ha encendido los focos amarillos entre los analistas, pues temen que la toma de decisiones se quede en un cuello de botella, especialmente si los distintos sectores no logran ponerse de acuerdo.
Por otro lado, la reforma también contempla la creación de una filial inmobiliaria del Infonavit para desarrollar vivienda, con el riesgo de que la rentabilidad quede relegada a objetivos sociales. Si a esto sumamos la mala racha que enfrentan los desarrolladores de vivienda —por el alza en el precio de los insumos de construcción y el frenón en los créditos bancarios—, más la migración de muchas empresas hacia segmentos residenciales de mayor valor, el Infonavit podría terminar jugando solo en la cancha de la vivienda social. Y claro, eso lo expone a una combinación de costos e ingresosque podría volverse un rompecabezas financiero.
Moody’s remarca que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda tendrán un papel central en establecer las reglas prudenciales y el régimen de inversión de la institución. La interrogante es si habrá supervisión suficiente para que la autonomía del Infonavit no se confunda con un cheque en blanco. El fantasma de una crisis de liquidez o la posibilidad de que el gobierno use al Instituto para fines políticos sigue rondando. Y justo por eso, dice la calificadora, la solidez normativa y la supervisión continua son esenciales para que el nuevo Infonavit no se descarrile.
En el trasfondo, el mercado de vivienda social arrastra una caída constante de casi 10% anual desde 2015, mientras que los desarrolladores se mueven hacia proyectos más redituables. ¿Qué pasará entonces si el Infonavit, con su flamante empresa filial, se sumerge de lleno a construir casas cuando los demás han preferido salir de ahí? ¿Y si la dirección general utiliza ese derecho de veto para forzar proyectos que otros consejeros ven con recelo? Como diría un viejo refrán, “no todo lo que brilla es oro”, y el Instituto corre el riesgo de toparse con un escenario en el que la misión social choque con la rentabilidad.
Al final del día, la pelota está en la cancha de los reguladores, que tienen la encomienda de emitir las normas secundarias y vigilar la gestión de una institución que, para bien o para mal, se perfila como un puntal en la política de vivienda del país. Moody’s pinta un panorama claro: sin reglas prudenciales ni supervisión robusta, el Infonavit podría atragantarse con sus nuevas atribuciones y terminar en una espiral financiera complicada. El reto está en encontrar el equilibrio entre el ideal social y la sostenibilidad a largo plazo.
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