Con 1 722 MW y 13 parques operando, la energía eólica tamaulipeca ya cubre más de una cuarta parte de la producción nacional y atrae proyectos que podrían cuadruplicar su potencia en esta década.
Cuando los primeros rayos del sol tocan las llanuras de Llera, las aspas de acero ya dibujan círculos silenciosos sobre el cielo; a cada giro convierten el viento gratuito en megavatios que viajan por cables hasta los hogares del noreste mexicano. A finales de junio, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas confirmó la cifra que sacudió al resto del país: 1 722 megawatts de capacidad instalada en 13 parques eólicos, equivalentes al 27 % de la producción nacional de esta tecnología.
Hace apenas una década, Tamaulipas era conocido por su industria petrolera y sus cuencas de gas. Sin embargo, empresas como Vestas apostaron temprano por los vientos constantes de la región y montaron el entonces ambicioso parque Reynosa I, hoy el más grande de Latinoamérica. La inversión desató una carrera: firmas españolas, chinas y ahora danesas compiten por cada colina apta para aerogeneradores, mientras el gobierno estatal diseña corredores logísticos para mover palas de 70 metros de largo bajo escolta policial.
Los últimos modelos instalados operan incluso cuando las ráfagas apenas rozan nueve nudos; usan sensores LIDAR que ajustan las palas en microsegundos y reducen el ruido a un zumbido apenas audible para los ranchos cercanos. Gracias a ello, los parques de Güémez y Reynosa promedian factores de planta de 42 %, muy por encima del estándar global.
Generar es solo la mitad de la batalla. Integrar tanta potencia renovable a la red requiere subestaciones flexibles y líneas de transmisión capaces de absorber embates de viento nocturno. CENACE planea un refuerzo de 400 kV que cruzará el estado y permitirá enviar excedentes a Nuevo León y San Luis Potosí, evitando que las turbinas se queden “derrochando” energía por falta de demanda local.
El anuncio más sonado es Huizache, un parque de 800 MW promovido por la empresa chino-mexicana SPIC-Zuma, que elevará la potencia estatal a 2 500 MW antes de 2027. A la par, reportes de prensa revelan licencias para triplicar la capacidad actual en la próxima década, lo que convertiría a Tamaulipas en el primer estado mexicano con más de 6 GW de viento instalado.
Cada torre se traduce en decenas de empleos de montaje, contratos de mantenimiento a 20 años y rentas que llegan directo a ejidatarios; algunos testimonios contabilizan ingresos de hasta 60 000 pesos anuales por hectárea rentada a los parques eólicos. Con ese dinero, las comunidades han financiado clínicas rurales, internet escolar y sistemas de captación de agua de lluvia.
Resta superar la resistencia de grupos que temen impactos paisajísticos y exigir garantías de desmantelamiento al final de la vida útil de los equipos. El subsecretario Roberto Rendón Mares admite que el próximo gran paso será hibridar los parques con baterías y solar para ofrecer energía firme las 24 horas. Su mantra es claro: “apostar por el viento es apostar por un futuro sustentable y autónomo”.
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