La Comisión Federal de Electricidad realizó el Segundo Encuentro de Prevención y Combate a la Corrupción con participación de la ASF, en paralelo a la entrada en vigor del nuevo Reglamento CFE 2025. El mensaje para proveedores es claro: se fortalece la fiscalización, se reordenan las facultades internas y se eleva el estándar de trazabilidad en compras y contratos.
En la sede corporativa de la empresa eléctrica más grande del país, el segundo Encuentro de Prevención y Combate a la Corrupción no fue un evento más de efeméride. CFE decidió colocarse bajo reflector, invitar a la Auditoría Superior de la Federación y presentar el acto como una “estrategia inédita” de integridad institucional, justo una semana después de que entró en vigor el nuevo Reglamento de la Ley de la Empresa Pública del Estado. El mensaje hacia dentro es claro: el combate a la corrupción deja de ser discurso aislado y se vuelve parte del diseño formal de gobierno corporativo. El mensaje hacia fuera, especialmente para proveedores, es todavía más relevante: se viene un entorno de fiscalización más denso, con nuevas reglas de juego en compras, contratos y trazabilidad.
El encuentro llega en un momento en el que CFE está reescribiendo su propio manual de funcionamiento. El nuevo reglamento de la empresa redefine atribuciones del Consejo de Administración, fortalece la figura de la persona comisaria, incorpora una Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y detalla obligaciones de revelación de posibles conflictos de interés por parte de consejeros y directivos. La integridad ya no aparece en un código de ética paralelo, sino en el texto que regula el corazón de la empresa.
Para proveedores y potenciales socios, esto significa que la conversación sobre corrupción dejará de concentrarse únicamente en sanciones posteriores y se desplazará hacia controles ex ante. Los procesos de compra, los comités de aprobación, la interacción con filiales y las rutas de decisión quedarán más expuestos a revisión cruzada entre órganos internos de control, área anticorrupción y órganos externos como ASF. En la práctica, la discrecionalidad que antes se escondía en resquicios procedimentales deberá justificarse con trazas documentales más robustas.
El hecho de que el reglamento obligue a CFE a entregar información relevante a la nueva Secretaría Anticorrupción y a la Unidad de Responsabilidades, cuando así se solicite, abre la puerta a cadenas de custodia documentales mucho más exigentes. Los expedientes de contratación, desde el diseño de bases hasta la ejecución, se vuelven piezas potenciales de auditoría integral, ya no solo financiera, sino también de gobernanza y cumplimiento.
La presencia de la Auditoría Superior de la Federación en el encuentro no es simbólica. Colocar a la entidad fiscalizadora como ponente central en un foro interno de CFE significa reconocer que el modelo de negocio de la empresa deberá convivir con una fiscalización más sofisticada sobre el uso de recursos públicos, la calidad de sus controles internos y la trazabilidad de decisiones clave.
Para contratistas, esto reconfigura el mapa de riesgos. No se trata solo de cumplir con las bases de una licitación, sino de asumir que sus contratos y modificaciones pueden aparecer posteriormente en auditorías de cumplimiento financiero, estudios de control interno o revisiones específicas de proyectos. La ASF ya viene experimentando con metodologías que combinan riesgos financieros, tecnológicos y de gobernanza. Al entrar al ecosistema CFE, el proveedor se vuelve parte de ese universo potencialmente auditado.
El mensaje implícito es doble. Por un lado, la empresa eléctrica busca blindarse contra futuros escándalos mostrando que su modelo de integridad se co diseña con el principal órgano de fiscalización superior. Por otro, lanza una advertencia soterrada: la tolerancia a prácticas grises en licitaciones, convenios modificatorios, ampliaciones de plazo o sobrecostos será menor en un entorno donde los procesos de control interno se alinean deliberadamente con la lógica de ASF.
La CFE arrastra una historia compleja con sus socios y proveedores. Discrecionalidad en adjudicaciones, tiempos de pago largos e inciertos, litigios prolongados y sanciones administrativas han marcado la relación con parte del sector privado. El nuevo discurso de integridad choca de frente con esa realidad y obliga a preguntarse si el cambio será meramente narrativo o si implicará ajustes efectivos en la forma de contratar y pagar.
Si la estrategia de integridad se toma en serio, CFE tendrá que cerrar tres brechas críticas. La primera es la de consistencia entre el reglamento y la operación diaria: no basta con exigir manifestaciones anuales de ausencia de conflicto de interés a consejeros si en los niveles de mando medio se siguen construyendo contratos a la medida de actores específicos. La segunda es la de transparencia funcional: los proveedores necesitan visibilidad de criterios objetivos de evaluación, matrices de riesgo y mecanismos de aclaración que reduzcan la percepción de discrecionalidad. La tercera es la de ejecución: de poco sirve anunciar integridad si los tiempos de pago, la gestión de inconformidades y la resolución de controversias siguen atados a inercias burocráticas.
En el fondo, la narrativa de integridad solo será creíble si el ecosistema de compras deja de depender de relaciones personales y se ancla en sistemas que registran cada decisión relevante. Esa trazabilidad, combinada con la participación visible de ASF, puede convertirse en un activo para proveedores formales que invierten en cumplimiento, pero también en una amenaza para quienes han normalizado atajos y prácticas opacas.
Para empresas interesadas en licitar con CFE, el encuentro deja varios mensajes implícitos. El primero es que la empresa eléctrica se prepara para un modelo de fiscalización donde los informes de la persona comisaria, las observaciones de ASF y los resultados de auditorías internas convergen. Esto implica que los proveedores deben asumir que su comportamiento contractual será evaluado no solo por las áreas operativas, sino también por capas de control y fiscalización que hablan entre sí.
El segundo mensaje es que el perfil de riesgo cambia. Tener antecedentes de sanciones administrativas, litigios complejos con otras entidades públicas o prácticas cuestionadas en integridad se vuelve un pasivo más visible cuando la empresa coloca la anticorrupción como eje de su narrativa institucional. No se trata de una depuración inmediata del padrón de proveedores, pero sí de un entorno donde el expediente de cumplimiento empieza a pesar tanto como el precio o la capacidad técnica.
El tercero es que la ASF, como invitada recurrente a estos foros, deja de ser un espectador distante y se convierte en un actor que puede moldear expectativas de conducta dentro del sector eléctrico. Sus guías sobre seguimiento de acciones, sus prácticas de auditoría y su política de integridad se vuelven referentes para el diseño de controles internos de la empresa. A mediano plazo, los proveedores verán este cambio en formatos más específicos, requerimientos adicionales de documentación, cláusulas contractuales que incorporan obligaciones de integridad y, eventualmente, en criterios de exclusión por incumplimiento reiterado.
CFE promete integridad. Si la promesa se traduce en procesos verificables y sanciones efectivas, el costo de hacer negocios de forma opaca en el sector eléctrico subirá de manera significativa. Para quienes apuesten por competir con expediente limpio y trazabilidad contractual, el segundo Encuentro de Prevención y Combate a la Corrupción no es solo un acto simbólico: es la señal temprana de un nuevo equilibrio de poder entre empresa pública, fiscalizadores y mercado de proveedores.
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