El nuevo Reglamento de la Ley de la Empresa Pública del Estado, CFE, redefine la gobernanza interna, las compras, las alianzas y la relación con el sector privado. Analizamos qué cambia en el corazón de la empresa eléctrica y qué significa para tarifas, transmisión, transición energética y planeación vinculante hacia 2032.
El nuevo Reglamento de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, es mucho más que una actualización jurídica. Es la pieza que termina de colocar a CFE dentro del nuevo ecosistema energético diseñado por la reforma de 2025, en paralelo con el Reglamento gemelo de Pemex. Ambos textos funcionan como un espejo: fijan la anatomía interna de las dos empresas energéticas del Estado, clarifican quién manda, quién firma, quién compra y bajo qué condiciones se puede asociar capital público y privado.
En el caso de CFE, el reglamento confirma al Consejo de Administración como el órgano máximo de decisión, pero le da un contenido muy distinto al de la etapa de empresa productiva. El Consejo se convierte en el árbitro de la estrategia integral eléctrica del Estado, con facultades explícitas sobre programas de inversión, proyectos de generación y transmisión, alianzas con privados, reestructuración de subsidiarias y manejo de riesgos. No es solo un órgano de aprobación formal, sino la instancia donde se alinean política energética, finanzas públicas y operación de redes.
La Dirección General queda reforzada como ejecutor central de esa estrategia. El reglamento precisa facultades para firmar contratos de largo plazo, conducir negociaciones con socios, proponer reestructuras internas y ordenar a las empresas subsidiarias y filiales, pero todo bajo una trama de control donde el Consejo fija los límites y los comités especializados vigilan la implementación. La narrativa oficial es clara: CFE retoma su identidad de empresa pública del Estado, no como un actor más en el mercado, sino como el vértice operativo del nuevo modelo eléctrico.
Este cambio viene acompañado de una redefinición del mapa interno. El reglamento ordena la relación entre subsidiarias de generación, transmisión, distribución, suministro básico y suministro calificado, así como filiales de servicios, infraestructura y negocios complementarios. Lo que antes podía ser un mosaico de figuras casi empresariales ahora se vuelve una red jerarquizada donde la lógica de política pública pesa tanto como la lógica de negocio.
El mensaje que deja el texto es inequívoco: el centro de gravedad de CFE se mueve del plano estrictamente comercial al plano político técnico. La empresa no solo vende energía, también ejecuta la planeación vinculante que definen CNE y Sener para el Sistema Eléctrico Nacional.
Donde el reglamento de CFE tiene implicaciones más tangibles para el mercado es en tres frentes: compras y obras, alianzas con privados y control interno.
En compras y obras, el documento establece un marco propio que convive con la normatividad general de adquisiciones, pero diseñado para una empresa que opera redes críticas y proyectos de largo plazo. Se refuerzan criterios de planeación, se introducen controles para justificar excepciones como adjudicaciones directas y se formaliza la intervención de comités técnicos y de riesgos. La intención es doble. Por un lado, blindar a CFE frente a acusaciones de discrecionalidad. Por otro, darle suficiente flexibilidad para ejecutar proyectos de transmisión, generación y digitalización sin quedar paralizada por trámites incompatibles con la operación del sistema.
En materia de alianzas, el reglamento dialoga con el nuevo marco de participación privada. El Consejo de Administración asume la facultad de aprobar esquemas de coinversión, contratos de prestación de servicios, figuras de asociación para proyectos de redes, almacenamiento o generación, y lineamientos sobre reparto de riesgos. La Dirección General puede negociar, pero las reglas estratégicas se fijan arriba. Es un cambio relevante para desarrolladores y fondos: ya no se trata de negociar con una CFE fragmentada, sino con una arquitectura de decisión donde el gobierno federal entra directamente al diseño de los proyectos compartidos.
En control interno, auditoría y cumplimiento, el reglamento profundiza la alineación con la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior y los órganos internos de control. Se refuerzan mecanismos para seguimiento de contratos relevantes, supervisión de subsidiarias y responsabilidad de funcionarios ante desvíos. Para el mercado, esto significa que las grandes licitaciones de transmisión, redes inteligentes o servicios de transformación digital operarán bajo un escrutinio más intenso, pero también con mayor previsibilidad si se respetan los procesos.
El efecto en el sector eléctrico se sentirá en la cadena completa. En transmisión, CFE queda ratificada como único operador de redes nacionales, con un reglamento que le da herramientas para priorizar proyectos vinculados a la planeación de CNE, desde corredores para renovables hasta refuerzos en zonas industriales. En generación, la empresa gana margen para decidir en qué proyectos comparte riesgo con privados y en cuáles conserva control pleno, siempre bajo el paraguas de la política estatal.
Para los participantes privados, el mensaje es claro. El acceso al Sistema Eléctrico Nacional seguirá pasando por CFE, ahora respaldada por un reglamento que le otorga una posición jerárquica más nítida frente a distribuidores, suministradores, grandes consumidores y desarrolladores de infraestructura. Quien quiera invertir tendrá que entender no solo la Ley del Sector Eléctrico, sino la gramática interna que define cómo decide CFE.
El nuevo reglamento no se agota en la gobernanza interna. Lanza señales de largo plazo para transición energética, digitalización y tarifas. Al colocarse como brazo operativo del Estado en planeación vinculante, CFE pasa a ser el instrumento a través del cual se materializan decisiones sobre dónde construir nuevas redes, cómo integrar renovables, cuándo invertir en almacenamiento y qué prioridad dar a proyectos en regiones como el Bajío, el norte manufacturero o el sureste turístico.
Esto tiene implicaciones directas en la estructura de tarifas. Un marco en el que CFE concentra más poder de decisión y asume más responsabilidades sobre la expansión de redes tiende a trasladar parte de los costos al esquema tarifario, ya sea a través de cargos por transmisión, componentes regulados o subsidios cruzados. El reglamento no define tarifas, pero sí fija el andamiaje institucional que influirá en cómo CNE y Hacienda evalúan costos, reconocen inversiones y calculan los márgenes de recuperación.
En transición energética, el texto refuerza la idea de que serán las empresas públicas las que lideren los proyectos estratégicos. Si CFE decide entrar de manera directa en grandes clústeres solares, eólicos, de baterías o en microrredes para polos industriales, lo hará bajo reglas internas que priorizan objetivos de seguridad de suministro, control estatal de activos clave y coordinación con Pemex en lo que toca a generación con gas. Para desarrolladores privados, la oportunidad está en integrarse como socios técnicos o financieros en proyectos donde el Estado quiera compartir riesgo, pero el espacio discrecional será menor que en la etapa anterior de apertura.
Finalmente, el horizonte 2026 a 2032 se define por un equilibrio delicado. El reglamento fortalece la mano del Estado y aporta claridad en la cadena de mando de CFE, algo que el mercado llevaba años exigiendo. Al mismo tiempo, concentra decisiones en pocos órganos y deja menos margen a iniciativas fuera del radar de la planeación oficial.
Si la gobernanza funciona con transparencia, métricas claras y procesos creíbles, el nuevo reglamento puede traducirse en una CFE más predecible, capaz de coordinar inversiones, modernizar redes y sostener una transición ordenada. Si se convierte en un escudo para cerrar el diálogo técnico, retrasar proyectos o usar la empresa como herramienta fiscal, el resultado será otro: más presión sobre finanzas públicas, mayor incertidumbre para inversionistas y una transición eléctrica que se mueve al ritmo de la política, no de las necesidades reales del sistema.
En esa tensión se jugará el verdadero impacto del Reglamento de la Ley de la Empresa Pública del Estado, CFE. No solo redefine el poder dentro de la empresa eléctrica del Estado, también delimita el campo de juego de la política energética mexicana para la próxima década.
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