maria.lopez
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pasará de construir carreteras y puentes a edificar 18 nuevos bachilleratos con 1,215 millones de pesos, mientras el Ejército asume las grandes obras públicas del país. Este análisis crítico explora las implicaciones de que la SICT abandone su función original para enfocarse en tareas educativas periféricas, cuestionando si este cambio de rol institucional es una estrategia..
La SICT tradicionalmente se ha encargado de planear y ejecutar las grandes obras de infraestructura de comunicaciones y transporte: carreteras federales, autopistas, puertos, aeropuertos y vías férreas. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido un giro drástico en sus atribuciones. Desde el sexenio anterior (2018-2024), la SICT dejó de encabezar las grandes obras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, que le fueron entregadas al Ejército. En otras palabras, las megaobras que antes pasaban por el escritorio de esta secretaría ahora están bajo mando militar. Hoy, la SICT anuncia que construirá planteles educativos: 18 nuevos bachilleratos en 12 estados del país, con una inversión de 1,215 millones de pesos.
Este cambio de rumbo levanta muchas cejas y preguntas. Por un lado, la noticia suena positiva en el papel: más escuelas significan más oportunidades educativas, y aprovechar la estructura de la SICT podría acelerar la construcción. Cada uno de estos 18 planteles tendrá capacidad para unos 900 alumnos (sumando 16,200 nuevos espacios educativos en total) y contará con aulas de cómputo, laboratorios, talleres y otras facilidades modernas. Se espera incluso que las obras tomen solo 10 meses por plantel, usando diseños de bajo mantenimiento y material resistente. Sobre el papel, el proyecto luce bien y cubriría la necesidad de bachilleratos en diversos municipios.
Pero la pregunta clave es: ¿qué hace la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes construyendo escuelas de nivel medio superior? Esta tarea, en teoría, le correspondería a la Secretaría de Educación Pública (SEP) o incluso a autoridades estatales y municipales. El propio anuncio clarifica que estos planteles estarán operados por la SEP, es decir, la SICT solo los edificará. A simple vista, parece que la SICT está llenando un hueco fuera de su campo para justificar su utilidad ahora que las grandes obras ya no son su encargo principal.
Mientras la SICT se dedica a construir bachilleratos, las Fuerzas Armadas continúan concentrando los megaproyectos de infraestructura del país. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército (a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena) y la Marina asumieron la construcción de obras emblemáticas: por ejemplo, edificaron el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y están a cargo de la construcción del Tren Maya, un ferrocarril de casi 960 kilómetros que atraviesa la península sureste. Incluso se les encomendó la creación de una nueva aerolínea estatal operada por militares. Asimismo, la Sedena ha construido y administrado hospitales (especialmente durante la emergencia por COVID-19) y sucursales bancarias públicas, y ha tomado control de puertos marítimos y aduanas en años recientes. En los hechos, muchas funciones tradicionalmente civiles han pasado a manos castrenses.
El rediseño institucional ha sido tal que hoy grandes proyectos como aeropuertos, vías férreas, puertos y hasta la rehabilitación de carreteras están militarizados. A principios de 2024, el gobierno federal decidió transferir 31 mil millones de pesos del presupuesto de mantenimiento carretero de la SICT hacia la Sedena, para que ingenieros militares rehabiliten tramos dañados por las obras del Tren Maya. En otras palabras, hasta el mantenimiento de caminos –que solía ser parte esencial de la SICT– quedó en manos del Ejército. La justificación oficial para esta preferencia ha sido que “los militares son confiables, no hacen transas y el presupuesto con ellos rinde más”. Sin embargo, esta militarización de la obra pública ha generado preocupación: empresas constructoras privadas se han visto desplazadas y se cuestiona la falta de transparencia y rendición de cuentas al otorgar contratos y recursos directamente a las Fuerzas Armadas, que operan con lógicas distintas a las civiles.
Este panorama deja a la SICT en una posición atípica. Una secretaría con décadas de experiencia en ingeniería civil y desarrollo de infraestructura de transporte, ahora sin sus proyectos estrella, podría estar subutilizada o buscando nueva identidad. Allí es donde entra el nuevo encargo de construir escuelas: una tarea noble pero ajena a su misión original.
La decisión de encomendar a la SICT la construcción de 18 bachilleratos despierta suspicacias sobre si se trata de una estrategia bien planificada o más bien de una improvisación. Históricamente, México contaba con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), un organismo especializado en edificar y dar mantenimiento a escuelas. Pero el INIFED fue desaparecido en 2019 para canalizar los recursos directamente a comités escolares a través del programa La Escuela es Nuestra, dejando un vacío institucional en la coordinación de infraestructura educativa. En ese contexto, asignar a la SICT la construcción de planteles de bachillerato parece una salida emergente ante la falta de un órgano dedicado a estas labores.
¿Por qué no la SEP directamente? Cabe señalar que la SEP sí está involucrada en la reconversión de otras escuelas: en paralelo al anuncio de la SICT, la SEP informó que adaptará 35 secundarias en 17 estados para que operen como preparatorias en el turno vespertino, invirtiendo 759.5 millones de pesos en esas adecuaciones. Es decir, la SEP está enfocada en aprovechar infraestructura existente (secundarias por la mañana, preparatorias por la tarde) para ampliar la oferta educativa de nivel medio superior. La construcción de planteles completamente nuevos, en cambio, recayó en la SICT. Esto sugiere que el gobierno federal repartió tareas: la SEP mejora y adapta escuelas que ya existen, mientras que la SICT, con su capacidad técnica de obra civil, levanta escuelas desde cero.
Aun con esa división de labores, surgen críticas. Por un lado, que la SICT asuma proyectos educativos podría distraerla de atender las obras de infraestructura de transporte que siguen siendo necesarias (basta viajar por carretera para notar tramos en mal estado o pendientes de modernización). Por otro lado, la falta de experiencia específica de la SICT en el sector educativo podría implicar curvas de aprendizaje o enfoques poco sensibles a las necesidades pedagógicas locales. No es lo mismo construir una autopista que una escuela; esta última requiere entendimiento de dinámicas escolares, participación comunitaria y criterios pedagógicos en el diseño, aspectos en los que tradicionalmente intervenían SEP e INIFED.
Además, salta a la vista que la SICT ha recibido este encargo apenas con el arranque del nuevo sexenio (2024-2030). ¿Fue planificado desde la transición de gobierno, o decidido sobre la marcha? La prontitud con la que Jesús Esteva (titular de SICT) anunció los bachilleratos en la conferencia mañanera indica que el plan se armó rápidamente, quizá para dar respuesta inmediata a la demanda de espacios educativos de nivel medio superior. Sin embargo, esa rapidez puede percibirse como improvisación política: llenar la agenda de la SICT con algo “nuevo” para compensar que las obras emblemáticas siguen en manos militares. En resumen, el nuevo encargo sí parece improvisado, o al menos extraordinario, dado que no responde a una planeación de largo plazo sobre el papel de cada dependencia, sino más bien a cubrir huecos operativos del momento.
Las implicaciones de este cambio de rol institucional pueden ser profundas:
La SICT corre el riesgo de desviarse de su vocación original, dejando de lado proyectos de comunicaciones y transporte que son vitales para el desarrollo económico y la conectividad del país.
Se puede generar duplicidad de funciones o confusión burocrática: ¿deberá la SICT crear unidades internas especializadas en educación? ¿No sería más eficiente reforzar a la SEP u órganos locales para estas obras?
Este precedente abre la puerta a que otras dependencias sean reorientadas fuera de su campo cuando las circunstancias políticas lo dicten, en lugar de fortalecer la capacidad institucional donde corresponde.
La militarización de la obra pública se consolida: el Ejército toma lo grande, las secretarías civiles toman lo secundario. A largo plazo, esto podría debilitar las instituciones civiles y concentrar excesivo poder (y presupuesto) en las Fuerzas Armadas, algo que preocupa en una democracia.
Un elemento crucial en este debate es el estado actual de las escuelas públicas en México. Antes de lanzarse a construir nuevos planteles, conviene mirar cómo están los miles de escuelas ya existentes. Lamentablemente, muchas se encuentran en abandono o con graves carencias de mantenimiento. Datos oficiales recientes revelan que, pese a inversiones significativas en programas de mejora, aún hay miles de planteles sin servicios básicos. Para el ciclo escolar 2023-2024, más de 5,100 escuelas carecían de electricidad, 9,000 no tenían agua potable ni instalaciones sanitarias adecuadas, y 7,400 no contaban con conexión a internet. Estas cifras son alarmantes: niños y jóvenes estudiando en condiciones precarias, sin luz para un ventilador o computadoras, sin agua para baños o bebederos, y sin internet que hoy es esencial para la educación.
¿Por qué persisten estas condiciones? En parte, el deterioro se agravó durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerradas no recibieron mantenimiento y muchas fueron vandalizadas. También influye la falta de un programa permanente de mantenimiento: históricamente, la conservación de escuelas ha sido discontinua y sujeta a vaivenes presupuestales. Aunque desde 2019 el gobierno federal ha canalizado alrededor de 91 mil millones de pesos a mejoramiento de escuelas mediante La Escuela es Nuestra, este esquema entrega el dinero directo a comunidades escolares, lo que ha tenido resultados mixtos. Si bien empodera a padres y maestros para decidir arreglos, también implica desafíos de ejecución, supervisión y capacidad técnica, especialmente en zonas rurales aisladas.
Con este panorama, surgen dudas legítimas sobre la prioridad de construir escuelas completamente nuevas. ¿Es más urgente edificar nuevos bachilleratos, o debiéramos primero arreglar y equipar dignamente los planteles que ya existen? Muchos opinan que lo primero es asegurar que ninguna escuela actual se quede sin agua, luz, techos seguros o mobiliario decente antes de cortar listones de nuevas instalaciones. De nada sirve inaugurar 18 relucientes bachilleratos si en otras tantas comunidades las escuelas se están cayendo a pedazos o no tienen servicios básicos. La política pública debe encontrar un balance: es cierto que se requieren más espacios educativos para atender la demanda de jóvenes (sobre todo en preparatoria, donde la cobertura aún es insuficiente en varias regiones), pero ello no debe hacerse sacrificando el mantenimiento de la infraestructura existente. Idealmente, ambas vías tendrían que atenderse en paralelo con estrategias complementarias.
El caso de la SICT construyendo bachilleratos, mientras el Ejército construye aeropuertos y trenes, simboliza un cambio de roles institucional sin precedentes en México. Podemos interpretarlo como una muestra de flexibilidad gubernamental para cubrir necesidades inmediatas (más escuelas y más obra pública), pero también como síntoma de una posible descoordinación e improvisación en la administración pública. Un ministerio desplazado de su eje principal busca relevancia en tareas ajenas, al tiempo que los militares refuerzan su posición como constructores predilectos del régimen. Esto plantea riesgos para la eficiencia, la transparencia y la correcta distribución de responsabilidades entre las dependencias del Estado.
En última instancia, el éxito o fracaso de este experimento se medirá en resultados. Si los 18 nuevos bachilleratos se construyen en tiempo y forma, y logran brindar educación de calidad a miles de jóvenes, será una buena noticia – aunque quedará la interrogante de si este modelo es sostenible o deseable. Pero si en el camino la SICT descuida las carreteras, o las escuelas recién construidas terminan sin mantenimiento como muchas otras, habremos cambiado todo para que nada cambie. La crítica apunta a que la verdadera solución no está en intercambiar tareas entre dependencias, sino en fortalecer cada institución en lo que debe hacer: un Ejército enfocado en seguridad nacional y apoyo en emergencias, una SICT liderando infraestructura civil moderna, y una SEP (apoyada por instancias especializadas) garantizando escuelas dignas. Sólo así se evitarán parches improvisados y se avanzará hacia un desarrollo equilibrado, con obras públicas bien planeadas y escuelas en condiciones óptimas para las presentes y futuras generaciones.
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