Acuerdo histórico evitará desabasto y protegerá economía familiar. Equipos técnicos analizarán costos reales para fijar nuevo precio de referencia.
La Secretaría de Energía y representantes del sector gasero acordaron realizar una revisión exhaustiva de costos operativos para establecer un precio justo de gas LP que equilibre dos prioridades nacionales: proteger el bolsillo de 30 millones de familias mexicanas y garantizar la viabilidad de miles de microempresas distribuidoras. El pacto, alcanzado en reunión encabezada por la subsecretaría de Hidrocarburos, marca un cambio radical frente a la tensión regulatoria de años anteriores.
Detrás del acuerdo hay una realidad contundente: mientras el 60% de los hogares mexicanos depende del gas LP para cocinar y calentar agua, las distribuidoras enfrentan costos logísticos que se dispararon un 35% desde 2020 (combustible diésel, seguridad, mantenimiento de pipas). "Es como intentar llenar una cubeta con agujeros", describió un distribuidor de Puebla. "Suben nuestros insumos, pero el precio máximo fijado no cubre ni lo básico".
La solución consensuada es innovadora: equipos técnicos mixtos (gobierno + sector privado) analizarán línea por línea:
Costos reales de transporte y almacenamiento
Inversiones en seguridad obligatorias post-explosiones en Tlalnepantla
Impacto del robo de combustible en rutas
Luz Elena González, titular de SENER, destacó el lado social: "Reconocemos a los 20,000 repartidores, técnicos y dueños de microempresas que arriesgan su vida llevando tanques a comunidades remotas". Es un ecosistema frágil donde el 68% de los distribuidores son negocios familiares con menos de 5 pipas.
Juan del Real, presidente de la Cámara Nacional del Gas, lo confirmó: "Por primera vez hay voluntad de escuchar nuestras planillas de cálculo, no solo imponer números desde un escritorio".
Expertos recuerdan lo que ocurrió en 2021: precios máximos tan rígidos que provocaron:
Desabasto temporal en 8 estados
Quiebra de 1,200 distribuidores pequeños
Mercado negro con tanques adulterados
"El gran aprendizaje es que sin viabilidad operativa, no hay seguridad energética", advierte Claudia Herrera, analista del Instituto Mexicano del Gas.
El borrador inicial propone mecanismos dinámicos:
Ajustes trimestrales basados en índices de diésel y seguridad
Subsidios focalizados para zonas marginadas
Certificación obligatoria para eliminar distribuidores fantasmas
"Buscaremos el punto exacto: ni un peso de más para las familias, ni un peso de menos para la sostenibilidad del servicio", prometió el subsecretario de Hidrocarburos.
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