Por Redacción
CFE Internet ha conectado a millones de mexicanos, pero enfrenta desafíos críticos: sostenibilidad financiera, regulación justa, transparencia operativa y credibilidad pública. Analizamos en detalle los obstáculos que marcarán su futuro.
CFE Internet para Todos ha sido uno de los programas más ambiciosos de conectividad impulsados por el gobierno federal mexicano. Su impacto ha sido tangible: millones de personas en zonas remotas ahora tienen acceso a servicios de telefonía e internet gracias a sus torres, SIMs, eSIMs y puntos Wi-Fi gratuitos. Sin embargo, en 2025, su consolidación enfrenta un conjunto de desafíos estructurales y de gobernanza que podrían comprometer su sostenibilidad y legitimidad en los próximos años. Este artículo analiza los principales retos financieros, regulatorios y de transparencia que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su división de telecomunicaciones.
Uno de los principales desafíos es financiero. Desde su origen como CFE TEIT hasta su integración formal en la estructura de la CFE en 2025, el proyecto ha funcionado con una lógica de servicio público no lucrativo. Esto implica que los paquetes móviles que ofrece —como el popular plan de $33 pesos mensuales— no cubren los costos reales de operación, infraestructura ni mantenimiento.
Según reportes oficiales, la filial CFE TEIT acumuló cerca de $8,931 millones de pesos en pérdidas entre 2019 y 2023. A pesar de las transferencias presupuestales del gobierno, se estima que los ingresos anuales por venta de servicios móviles apenas representan un pequeño porcentaje de los gastos operativos.
Para 2025, el nuevo presupuesto asignado a la división CFE Telecom alcanzó los $12,839 millones de pesos, una cifra que evidencia la magnitud de subsidios requeridos. Si bien el Estado ha reiterado que la rentabilidad no es un objetivo inmediato, la presión sobre las finanzas públicas será inevitable, especialmente si el programa busca llegar a 129,000 localidades con conectividad.
La pregunta clave es: ¿puede mantenerse indefinidamente un programa tan costoso sin mecanismos sostenibles de ingreso ni medición efectiva del impacto social?
En paralelo, existe un vacío regulatorio preocupante. Tras la reforma a la Constitución de 2024 y la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la función regulatoria pasó a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Poder Ejecutivo. Esta centralización de la regulación ha sido duramente criticada por posible conflicto de interés y falta de independencia.
El problema se agrava si consideramos que la CFE también tiene participación accionaria en Altán Redes, operador mayorista que provee espectro y red a otros operadores móviles virtuales (OMV). Esto posiciona a CFE como jugador y árbitro al mismo tiempo, lo cual va en contra de los principios de competencia justa establecidos en tratados como el T-MEC.
Además, la cancelación de la licitación del espectro 5G por parte del gobierno ha sido interpretada como una forma de evitar que surjan nuevos competidores que puedan afectar el posicionamiento de CFE Internet en el mercado. Todo esto ha generado una percepción de privilegios injustificados para el operador público.
Con la absorción de CFE TEIT por parte de la matriz CFE, también desaparecieron muchos de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Como subsidiaria, TEIT estaba sujeta a reportes específicos y podía ser auditada más fácilmente. Ahora, al integrarse en la CFE —una empresa pública con un modelo híbrido— los datos del proyecto Internet para Todos pueden diluirse o incluso ocultarse en reportes globales.
Además, la reforma legal eximió a la CFE de entregar ciertos datos al público, blindando de facto la operación de sus negocios internos, incluyendo telecomunicaciones. Esto ha despertado preocupación entre organizaciones civiles, expertos del sector y organismos internacionales.
¿Cómo saber cuántos usuarios realmente tienen servicio? ¿Cuántas torres están activas? ¿Cuál es el gasto real por usuario conectado? Sin acceso a estos datos, es difícil medir si el proyecto está cumpliendo su función o si se está desviando del objetivo social inicial.
Otro reto no menor es la brecha entre lo prometido y lo entregado. La narrativa oficial ha generado enormes expectativas: conectividad total, acceso universal, precios simbólicos, cobertura garantizada. Sin embargo, los problemas en atención al cliente, saturación de la red en zonas urbanas y quejas por calidad del servicio han ido en aumento.
El IFT —en sus últimos reportes antes de desaparecer— registró un incremento de quejas del 120% en un año contra CFE Internet. Muchos usuarios urbanos compraron el servicio atraídos por el precio, pero lo encontraron inestable. Además, hubo casos de portabilidad no consentida, lo que daña la reputación de la empresa.
En zonas rurales, si bien el impacto ha sido mayormente positivo, la capacidad técnica de la red y la infraestructura instalada aún es insuficiente para soportar la creciente demanda.
Finalmente, el proyecto deberá demostrar su rentabilidad social, es decir, que realmente está cambiando vidas. La conectividad debe traducirse en:
Más estudiantes accediendo a clases en línea
Más personas haciendo trámites digitales
Más negocios creciendo gracias al internet
De lo contrario, podría ser visto como un esfuerzo costoso pero sin resultados transformadores. Si bien se han contado historias exitosas en medios oficiales, falta una evaluación externa e independiente del impacto real del programa.
CFE Internet ha logrado algo que parecía imposible hace apenas cinco años: conectar a cientos de miles de mexicanos en comunidades olvidadas. Pero ese logro viene acompañado de grandes desafíos.
Financieramente, es insostenible a largo plazo sin ajustes. Regulatoriamente, está en una zona gris que afecta la confianza del sector. Y operativamente, necesita mejorar calidad y atención si quiere mantenerse como una opción digna y funcional.
El riesgo más grande no es que fracase, sino que pierda legitimidad y apoyo ciudadano si no se corrigen estas debilidades estructurales. La conectividad universal es un derecho. Pero como todo derecho, necesita reglas claras, transparencia y rendición de cuentas para materializarse de manera justa.
En resumen: CFE Internet debe evolucionar de proyecto político a política pública sólida y sostenible. Y para lograrlo, debe ser más que una promesa de conectividad: debe ser un ejemplo de gobernanza, inclusión y eficacia.
🔗 Portabilidad numérica y promociones de CFE Internet
🔗 Infraestructura y cobertura de CFE Internet
🔗 Atención al cliente de CFE Internet: canales, quejas y experiencia en 2025
🔗 CFE vs Telcel, AT&T y Movistar: comparación del servicio
Retos financieros, regulatorios y de transparencia
Todos los campos son obligatorios *
