Gobierno implementa códigos QR y vigilancia digital para frenar el huachicol fiscal y garantizar trazabilidad en el transporte de hidrocarburos.
A partir del 15 de octubre, todas las unidades que movilicen hidrocarburos deberán portar un código QR visible para garantizar trazabilidad y legalidad. La medida forma parte de un plan integral que incluye vigilancia de la Guardia Nacional y modernización de ductos.
El gobierno federal anunció la implementación obligatoria de códigos QR en el transporte de combustibles como parte de una estrategia para frenar el huachicol fiscal. La medida, que entrará en vigor el 15 de octubre, busca cerrar los espacios que permitían la entrada irregular de hidrocarburos mediante permisos temporales y prácticas fraudulentas.
Cada unidad deberá portar una calcomanía con un QR único, emitido por la Comisión Nacional de Energía. Al escanearlo, las autoridades podrán verificar en tiempo real la autenticidad del permiso, la ruta autorizada, el volumen transportado y la vigencia de seguros. La información estará disponible parcialmente para la ciudadanía y de forma completa para las autoridades a través del sistema SIRACP.
La Guardia Nacional será la encargada de supervisar el cumplimiento en carreteras y puntos estratégicos. Las pipas sin QR o con códigos falsos podrán ser detenidas y remitidas a la Fiscalía General de la República, que incautará el vehículo e iniciará una carpeta de investigación. El incumplimiento se considerará falta grave y podrá derivar en la revocación de permisos.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la estrategia incluye la rehabilitación de ductos de Pemex, muchos con décadas de antigüedad, y la modernización del sistema SCADA para monitoreo en tiempo real. El objetivo es reducir la dependencia del transporte por pipas, reforzar la seguridad industrial y blindar la cadena logística contra fugas e ilícitos.
La obligatoriedad del QR y el GPS en cada unidad representa un cambio estructural en la operación del transporte de combustibles. Para las empresas, implica inversiones en tecnología y capacitación, pero también mayor certidumbre regulatoria. Para el gobierno, significa un paso decisivo en la lucha contra redes criminales que han drenado miles de millones de pesos del erario.
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