El derrame de crudo en el oleoducto Poza Rica–Salamanca, en Puebla, reaviva cuestionamientos sobre la capacidad de Pemex para prevenir y responder a emergencias ambientales. La empresa asegura que mantiene presencia permanente, pero las lluvias y la falta de mantenimiento complican el panorama.
El pasado 23 de agosto, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó un derrame de crudo en el oleoducto Poza Rica–Salamanca, a la altura del municipio de Huauchinango, Puebla. El incidente, calificado como de magnitud moderada, afectó un tramo de aproximadamente 800 metros de terreno, según reportes oficiales.
Aunque Pemex activó sus protocolos de emergencia y desplegó personal del Sector Ductos Catalina, las labores de contención han sido intermitentes debido a las lluvias intensas y al difícil acceso a la zona. La empresa informó que trabaja en cuatro frentes operativos con maquinaria especializada, incluyendo una unidad recuperadora de presión al vacío, retroexcavadoras y barreras oleofílicas.
Pemex ha sostenido reuniones con habitantes de la zona para informar sobre las acciones de saneamiento. Asegura que mantiene presencia permanente en el sitio y que las excavaciones técnicas para determinar la causa raíz del daño se realizarán cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
Hasta el momento, no se han reportado evacuaciones ni afectaciones a viviendas, pero la preocupación ambiental persiste, especialmente por el historial de derrames en la región. En junio pasado, otro ducto de Pemex provocó un derrame en el río San Marcos, también en Puebla, generando alarma entre comunidades locales.
El oleoducto Poza Rica–Salamanca es una infraestructura crítica para el transporte de hidrocarburos en el país. Sin embargo, la falta de mantenimiento ha sido señalada como una de las principales causas de incidentes recientes. Pemex no ha realizado limpieza interna de ductos desde 2021, según informes internos.
Además, la corrosión interna ha sido identificada como causa recurrente de fugas en otras instalaciones de la empresa, especialmente en estados como Tabasco y Veracruz. La reducción presupuestal para mantenimiento en 2024 —de 30 mil a 23 mil millones de pesos— agrava el problema.
Aunque Pemex afirma que prioriza la protección ambiental, no ha publicado un informe técnico sobre el impacto del derrame en Huauchinango. Organizaciones civiles han criticado la opacidad de la empresa en casos similares y han exigido auditorías independientes para evaluar daños a suelos, cuerpos de agua y biodiversidad.
En comunidades como Cuaxicala, también en Huauchinango, habitantes han denunciado que el crudo corre como riachuelo, contaminando caminos y arroyos sin que Pemex haya logrado contenerlo completamente.
El éxito de la remediación dependerá de la coordinación entre Pemex, la ASEA, autoridades locales y comunidades afectadas. El reciente convenio firmado entre Pemex y la ASEA para fortalecer la protección ambiental podría ser una oportunidad para mejorar la respuesta institucional, pero la confianza pública está en juego.
Este nuevo derrame no solo pone a prueba la capacidad operativa de Pemex, sino también su compromiso con la transparencia, la prevención y la reparación del daño ambiental.
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