Con más de 270 fugas registradas desde 2018, organizaciones alertan sobre daños irreversibles en ecosistemas y economías locales. ¿Qué falta para actuar?
Lo que comenzó como una fuga "controlada" terminó siendo otro desastre ambiental en cámara lenta: a finales de abril, 300 barriles de crudo se vertieron cerca de Paraíso, Tabasco, sumándose a la larga lista de derrames que han marcado la región en los últimos años. Ante esto, organizaciones ambientales exigen un plan de remediación urgente que vaya más allá de limpiezas superficiales y ataque el verdadero veneno que se acumula en el mar, la tierra y la vida de los habitantes.
Según datos de Causa Natura, entre 2018 y julio de 2024, Pemex registró 270 fugas "moderadas y graves" en sus instalaciones, con epicentro en Tabasco y Veracruz (50.7% del total). Juan Manuel Orozco, de Conexiones Climáticas, no duda en señalar la causa: "Falta de mantenimiento en ductos y plataformas, además de opacidad en los protocolos de respuesta".
Pero el problema no solo son los números. Es lo que ocurre después:
El crudo se hunde: Los métodos actuales de limpieza solo dispersan el petróleo, que termina sedimentándose en el fondo marino junto con metales pesados como plomo y mercurio.
La cadena se envenena: Peces, ostiones y aves absorben estas toxinas, que luego llegan a los platos y mercados locales. "Es una bomba de tiempo para la salud y la economía", advierte Orozco.
Las deudas crecen: Pemex ya gastó más del 50% de su presupuesto 2025 en solo tres meses, lo que pone en duda su capacidad para financiar soluciones reales.
El derrame en el ducto de la plataforma Akal-C hacia Dos Bocas (reportado el 26 de abril) ejemplifica el patrón críticado por los expertos: Pemex y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente tardaron días en informar públicamente. "Sin transparencia, no hay prevención", subraya Orozco, quien demanda un protocolo obligatorio que incluya:
Estudios independientes de contaminación en suelo y agua.
Compensación real a pescadores y comunidades afectadas.
Auditorías técnicas para evitar futuras fugas.
Mientras el gobierno federal prioriza proyectos como la Refinería Olmeca, las costas del Golfo siguen pagando el precio. Organizaciones insisten en que remediar no es un gasto, sino una inversión: cada día sin acción profundiza daños que, en unos años, podrían ser irreparables.
¿Usted qué opina?
¿Debería Pemex destinar más recursos a mantenimiento que a nueva infraestructura?
¿Cómo garantizar que las comunidades afectadas sean escuchadas?
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