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Pemex contradice a Amexgas: gobierno garantiza abasto de gas LP en el centro del país

Amexgas alertó posible racionamiento de gas LP en el centro del país. Pemex y Sener responden que el abasto está garantizado. Qué hay detrás de la tensión logística.

Pemex contradice a Amexgas: gobierno garantiza abasto de gas LP en el centro del país

La alarma corrió rápido: mensajes en grupos vecinales, llamadas a distribuidores, preguntas en comercios que dependen del cilindro para abrir cortina. La advertencia de un posible racionamiento de gas LP en el centro del país durante las próximas dos semanas encendió un reflejo conocido: llenar tanques “por si acaso”. Un día después, el gobierno federal y las principales gaseras salieron al unísono a desactivarla: “el abasto está garantizado”. Entre esos dos extremos —alerta privada y desmentido oficial— se juega hoy la confianza de millones de hogares que cocinan, se bañan y calientan agua con un energético que ya no se discute en conferencias, pero sigue siendo la red silenciosa de la vida diaria en México.

Pemex y la Secretaría de Energía sostienen que la producción nacional de gas LP y las importaciones operan con normalidad, que hay inventarios suficientes y que el suministro a la zona centro se atiende mediante autotanques desde terminales de importación y por ductos. A su lado, firmas como Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas o Regio Gas se sumaron al mensaje: no hay plan de racionamiento y el compromiso es cubrir la demanda habitual. La instrucción hacia la población es clara: evitar compras de pánico que, paradójicamente, sí podrían tensionar una logística que ya opera al límite.

Del otro lado está el diagnóstico de la Amexgas, que no habla de escasez estructural, sino de una cadena de distribución estresada por varios frentes a la vez: restricciones en terminales de Pemex por falta de mantenimiento oportuno, unidades privadas fuera de servicio por no cumplir condiciones de seguridad en un entorno de márgenes comprimidos por el precio tope, y afectaciones climáticas que han demorado buques con producto de importación. Cuando esos factores coinciden sobre la misma región —Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México— el resultado visible no es “nos quedamos sin gas”, sino rutas más largas, tiempos de espera irregulares y repartidores que se ven obligados a dosificar reparto para llegar a más colonias con el mismo parque vehicular.

El contexto de fondo no ayuda a la tranquilidad. Las cifras más recientes muestran que la producción nacional de gas LP cayó alrededor de 16% anual, ubicándose cerca de 81 mil barriles diarios, mientras que las importaciones subieron alrededor de 3% y rondan ya los 83 mil barriles diarios. Es decir: México depende hoy más del barco que de la válvula propia. Cualquier tropiezo en terminales marítimas, estaciones de reparto o ductos se amplifica en una red donde el productor dominante concentra poco más de ocho de cada diez litros que llegan a las gaseras. Lograr que esa fragilidad no se traduzca en hogares sin servicio implica una coordinación fina que va mucho más allá de un comunicado de prensa.

Para las distribuidoras, el episodio es un recordatorio de algo que llevan años señalando en voz baja: la combinación de precio regulado, costos crecientes y obligación de mantener flota en condiciones impecables deja poco margen para renovar pipas, invertir en sistemas de ruteo inteligente o contratar personal adicional en picos de demanda. Cuando el margen es estrecho, la primera tentación es estirar la vida útil de las unidades o posponer mantenimientos no críticos; justo lo contrario de lo que se necesita en momentos de presión logística. Para el regulador, este choque de narrativas debería encender una luz amarilla: un mercado que descansa en pocas manos, con infraestructura envejecida y márgenes comprimidos, es más vulnerable a cualquier perturbación, incluso si el inventario físico de producto se mantiene estable.

Del lado del usuario residencial, el mensaje técnico se traduce en una instrucción simple: cargar como de costumbre y revisar la instalación antes de preocuparse por el calendario. En un escenario de tensión logística, llenar tanques por duplicado o adelantar pedidos “por si acaso” tiene un efecto dominó: las pipas se concentran en zonas con mayor poder de compra y las colonias con menor capacidad de pago enfrentan más cancelaciones o retrasos. Para comercios y pequeñas industrias que dependen del gas LP, la lección va en otra dirección: entender su patrón de consumo, anticipar con uno o dos días de margen sus pedidos y mantener comunicación directa con su distribuidor para ajustar ventanas de entrega, en lugar de reaccionar con compras extraordinarias que desordenan la ruta.

El gobierno, por su parte, tiene frente a sí una oportunidad incómoda pero necesaria: transparentar mejor el estado real de la logística del gas LP. No basta con afirmar que “el abasto está garantizado”; hace falta que la autoridad energética y Pemex publiquen, al menos de forma agregada, niveles de inventario por región, capacidad operativa de ductos y terminales, así como un semáforo de riesgo logístico que permita anticipar desequilibrios y coordinar respuestas con gobiernos estatales y municipales. En paralelo, sería momento de revisar si el diseño del precio máximo realmente protege a los consumidores sin erosionar la capacidad de inversión de las distribuidoras en seguridad y eficiencia.

El choque entre la advertencia de la Amexgas y la respuesta de Pemex y Sener, en el fondo, revela un sistema que funciona, pero vive sin colchón. Hoy el mensaje oficial intenta contener la ansiedad y evitar que el pánico de compra convierta una tensión operativa manejable en un problema mayor. Mañana, la verdadera prueba estará en que los cilindros sigan llegando a barrios populares, fondas, panaderías y lavanderías sin que la nota de la semana sea una fila interminable. Si algo mostró este episodio es que el gas LP, aunque se haya vuelto tema de segundo plano en el discurso energético, sigue siendo el termómetro más directo de la confianza de las familias en la promesa de seguridad energética del Estado.

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