La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente presentó un proyecto de norma que reemplazará a la NOM 005 y que impondrá obligaciones más estrictas para todas las estaciones de servicio del país. El PROY NOM 023 ASEA 2025 establece reglas más duras en seguridad industrial, operativa y ambiental, y redefine los requisitos para diseñar, construir, operar y mantener las gasolineras.
La señal del PROY NOM-023-ASEA-2025 no es “más papel”. Es un cambio de lógica: la estación deja de defenderse con cumplimiento por episodios y pasa a sostenerse con evidencia trazable durante todo su ciclo de vida. El proyecto sustituye a la NOM-005 y empuja la operación diaria hacia un estándar donde diseño, construcción, operación y mantenimiento se leen como una sola historia verificable. Para un permisionario, el punto no es si la estación “está bien”, sino si puede probarlo sin improvisación cuando llegue el verificador, el asegurador o el auditor interno que cuida continuidad operativa.
El PROY eleva el umbral de lo que se considera “control” en una estación. No basta con tener equipos instalados y procedimientos escritos: la norma apunta a que existan expedientes vivos de integridad mecánica para tanques, tuberías y sistemas críticos, y que esos expedientes se mantengan actualizados y disponibles como evidencia operativa. En términos prácticos, esto mueve el centro de gravedad del cumplimiento hacia la gestión de activos: condición, historial, pruebas, reparaciones, cambios y criterios de aceptación, todo con trazabilidad.
El cambio más disruptivo para operación y mantenimiento es que el PROY integra la Evaluación de la Conformidad como un proceso completo, no como una fotografía aislada. La lectura operativa es directa: el verificador no solo mirará “qué hay”, también cómo se llegó a eso, cómo se mantiene y qué tan consistente es la disciplina de seguridad. Por eso el documento introduce la figura del “Libro de Proyecto” como concentrador obligatorio de planos, memorias, cálculos y especificaciones: si la estación no puede reconstruir su ingeniería y sus decisiones técnicas con documentación coherente, el riesgo ya no es reputacional, es de incumplimiento.
En paralelo, el PROY endurece el enfoque de prevención de riesgos. Refuerza el análisis de riesgo e incrementa la exigencia de una Revisión de Seguridad de Prearranque más rigurosa. Operativamente, esto pega donde más duele: en modificaciones, ampliaciones, sustituciones de componentes y reactivaciones. La estación que trabaja con cambios “de campo” sin un prearranque sólido queda expuesta, porque la norma empuja a que cada arranque sea defendible: configuración final, pruebas, permisos internos, capacitación y aceptación formal antes de despachar.
Finalmente, el proyecto introduce un componente de control sobre el factor humano: los responsables de actividades críticas deberán demostrar competencia laboral bajo estándares reconocidos. En O&M esto se traduce en un filtro que antes se “resolvía” con experiencia informal o rotación de contratistas. Con el PROY, la estación que terceriza mantenimiento sin control de competencia y sin evidencia documental del personal se queda sin defensa cuando algo salga mal o cuando el verificador pregunte quién hizo qué, con qué acreditación y bajo qué procedimiento.
Si hoy una estación vive con documentación dispersa, bitácoras incompletas y mantenimiento reactivo, el PROY la coloca en zona roja. La verificación tenderá a buscar consistencia entre ingeniería, condición del activo y disciplina operativa. En la práctica, la evidencia más sensible será: el Libro de Proyecto actualizado, los expedientes de integridad mecánica de activos críticos, el rastro de pruebas y mantenimientos con criterios de aceptación, y la trazabilidad de que los cambios y arranques pasaron por una revisión de seguridad formal.
Los errores operativos que típicamente abren incumplimiento bajo este enfoque no son “fallas dramáticas”, sino patrones: modificaciones sin ingeniería y sin cierre documental, mantenimiento hecho pero no documentado con estándar verificable, pruebas realizadas sin criterios claros de aceptación o sin rastreo a un activo específico, y operación sostenida con contratistas que cambian cada mes sin evidencia de competencia y sin responsabilidad clara. El PROY convierte esos hábitos en vulnerabilidades, porque el verificador no estará obligado a “creer”: estará habilitado a pedir prueba.
Para el permisionario, el cambio es de gobernanza: ya no alcanza con delegar cumplimiento a un gestor externo. Hay que convertir la estación en un sistema auditable, con dueño de la evidencia y reglas internas de control documental. El operador en sitio, por su parte, se vuelve pieza central: si la bitácora, la disciplina de rondines, la gestión de alarmas, los paros, las pruebas y los mantenimientos no se ejecutan con método, la estación pierde defendibilidad, aunque su infraestructura sea buena.
Para contratistas y proveedores de mantenimiento, el PROY sube el costo de operar “en la informalidad”. El trabajo crítico tendrá que cerrarse con evidencia, no con una factura. Y para verificadores y organismos acreditados, la Evaluación de la Conformidad deja de ser un checklist superficial: se vuelve revisión de ingeniería, documentación, obra ejecutada, operación real y sistemas de seguridad como un solo paquete.
En el lenguaje de riesgo, el PROY empuja a que el incumplimiento se materialice de tres formas. La primera es regulatoria: observaciones, requerimientos, medidas correctivas y, en casos graves, interrupciones que terminan afectando la operación. La segunda es financiera: una estación con evidencia débil se vuelve más cara de asegurar, más difícil de financiar y más vulnerable en auditorías de socios o franquiciantes. La tercera es operativa: cuando la seguridad se administra sin trazabilidad, cada incidente menor o casi accidente multiplica el riesgo de paro por decisión corporativa, por auditoría o por presión del entorno.
El movimiento inteligente no es “esperar el texto final”. Es cerrar brechas estructurales que, bajo cualquier versión, serán exigibles: ordenar el Libro de Proyecto como fuente única de verdad, estructurar expedientes de integridad mecánica por activo crítico con un estándar consistente, y convertir el mantenimiento en un sistema que deja evidencia defendible. En paralelo, hay que profesionalizar el control del factor humano: definir actividades críticas, exigir competencia demostrable a personal propio y contratista, y amarrar cada intervención a un responsable y a un cierre documental.
En términos prácticos, la estación que llegue primero no será la que gaste más, sino la que elimine improvisación: ingeniería clara, activos con historial, operación con disciplina y evidencia lista para ser auditada sin estrés. Ese es el puente directo entre cumplimiento, asegurabilidad y continuidad operativa.
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