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Descubre por qué el Gobierno de México se puso en contacto con la gobernadora de Morelos tras sus señalamientos sobre migrantes deportados llegando con esposas al AIFA, y cómo las autoridades revisan posibles violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno de México está revisando las declaraciones que hizo la gobernadora de Morelos, Margarita González, acerca de migrantes presuntamente llegando “esposados” al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entrará en contacto directo con la mandataria estatal para conocer con precisión lo ocurrido. Sheinbaum recalcó que, por protocolo, el Instituto Nacional de Migración investiga cualquier posible violación a los derechos humanos cuando las personas son deportadas. En otras palabras, si un migrante denuncia malos tratos o un proceso irregular durante su traslado, las autoridades mexicanas pueden interponer las quejas correspondientes.
La presidenta recordó que han regresado más de 10 mil migrantes a México desde el pasado 20 de enero, fecha en que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Entre ellos, ocho mil 425 son mexicanos y dos mil 539 de otras nacionalidades. Sheinbaum mencionó que, aparte de los vuelos de Estados Unidos con deportados, el gobierno mexicano también ha organizado traslados hacia países como Honduras. Siempre, enfatiza, de manera voluntaria: “Si así lo quieren, los acompañamos para que puedan llegar a sus países de origen”.
La gobernadora de Morelos encendió la polémica al asegurar que algunos migrantes habrían desembarcado con las manos atadas en el AIFA, una imagen que—de ser cierta—pondría bajo la lupa el trato a estas personas en su proceso de deportación. De confirmarse, se encenderían focos rojos sobre posibles excesos de autoridad. Mientras tanto, el Ejecutivo federal mantiene su narrativa de que todo se rige por la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Falta ver qué resultados arroja la verificación de la secretaria de Gobernación y si, tras ello, habrá reformas o nuevas directrices en la política migratoria. Por ahora, la expectativa es alta, y el debate no ha hecho más que empezar.
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