Descubre cómo el INE establece un catálogo de infracciones para garantizar transparencia y equidad en la elección judicial de México.
Con el objetivo de garantizar un proceso electoral transparente y equitativo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un catálogo detallado de infracciones que regirá durante la elección judicial programada para este año. Estas disposiciones buscan prevenir actos anticipados de campaña, irregularidades y abusos en la promoción de candidaturas a cargos de jueces, magistrados y ministros.
Entre las medidas más relevantes, el INE prohibió que los aspirantes, incluyendo aquellos que aceptaron el pase automático, realicen precampañas o actos proselitistas antes del 30 de marzo, fecha oficial del inicio del periodo de campaña. Asimismo, los candidatos no podrán:
El catálogo también regula la participación de partidos políticos y servidores públicos. Estos últimos tienen estrictamente prohibido usar programas sociales para influir en el voto o participar en actos proselitistas durante horarios laborales. Los partidos, por su parte, no pueden posicionarse públicamente a favor o en contra de ninguna candidatura ni contratar estudios de opinión o encuestas.
Para evitar influencia indebida en la jornada electoral, se estableció una veda electoral que comenzará tres días antes de la elección y se mantendrá hasta el cierre de las casillas. Además, el periodo oficial de campaña será de 60 días, abarcando los meses de abril y mayo.
El INE también reforzó la prohibición de realizar proselitismo en el extranjero o contratar servicios de encuestas y sondeos durante este periodo. Estas medidas buscan evitar injerencias externas en el proceso electoral.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral será la encargada de atender las denuncias relacionadas con los aspirantes, partidos políticos y servidores públicos. También se especificó que las juntas y consejos locales del INE tendrán competencias descentralizadas para investigar y emitir notificaciones.
El INE busca sentar un precedente en la regulación de elecciones extraordinarias en el Poder Judicial, garantizando un terreno parejo para todos los candidatos y evitando que el uso indebido de recursos o influencias perjudique el proceso. Al implementar estas reglas, el Instituto reafirma su compromiso con la democracia y la transparencia electoral.
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