Estados Unidos revisa criterios climáticos, comunitarios y de seguridad nacional para autorizar proyectos de exportación de GNL. Este giro regulatorio puede modificar precios en Waha y Henry Hub, la disponibilidad de gas para CFE y el riesgo para el nearshoring, dejando a México expuesto por su alta dependencia del gas estadounidense y sin blindaje de seguridad energética.
En Washington hoy no se discute un proyecto de gasoducto ni una terminal específica de gas natural licuado. Se está discutiendo algo más sutil y mucho más peligroso para países dependientes como México: los criterios internos con los que Estados Unidos decidirá, caso por caso, si las exportaciones de GNL avanzan, se retrasan o simplemente se frenan. Clima, impacto en comunidades y seguridad nacional dejan de ser notas al pie para convertirse en filtros explícitos al momento de autorizar nueva capacidad exportadora.
En apariencia es un ajuste técnico dentro del Departamento de Energía y del entramado regulatorio federal. En la práctica, es el anuncio de que el gas estadounidense ya no es solo una mercancía barata que fluye a demanda, sino un insumo estratégico que puede ser racionado o condicionado bajo argumentos climáticos, comunitarios o geopolíticos. Para México, que obtiene entre 72 y 80 por ciento de su gas de Estados Unidos, es la señal de un riesgo que hasta ahora se ha subestimado: que el vecino del norte empiece a tratar las exportaciones de gas como palanca de política de Estado.
La discusión en Washington gira en torno a qué significa hoy el "interés público" cuando se trata de autorizar exportaciones de GNL. Durante años, el análisis se centró en balances económicos y efectos generales sobre precios. La agenda climática y comunitaria empujó a incorporar otras capas: emisiones de metano y CO₂ asociadas al ciclo completo, impacto en comunidades costeras que hospedan terminales y en territorios donde se extrae el gas, así como la forma en que grandes volúmenes de exportación pueden modificar la seguridad energética de Estados Unidos y de sus aliados.
Ese debate no desaparece con un cambio de administración ni con la simple decisión de "reanudar" permisos. Se está institucionalizando en estudios de impacto, guías internas, criterios jurídicos y posibles litigios. Cada nuevo proyecto de GNL tendrá que sobrevivir no solo a la revisión técnica de ingeniería y contratos, sino a un escrutinio mucho más amplio sobre su huella climática, su efecto en precios internos y su alineación con intereses estratégicos de largo plazo.
En paralelo, se agrega un argumento de seguridad nacional: qué significa para Estados Unidos comprometer volúmenes crecientes de gas a contratos de exportación a 20 años en un contexto de transición energética, conflictos geopolíticos y necesidad de mantener precios competitivos para su propia industria. Bajo esta lógica, el gas deja de ser una válvula siempre abierta y se convierte en un recurso cuyo flujo internacional puede ajustarse para proteger prioridades internas.
Para México, esta discusión no es académica. El gas que quema CFE en sus ciclos combinados, el que alimenta hornos industriales y buena parte de la cadena petroquímica, proviene en más de dos terceras partes de Estados Unidos. Esa dependencia, que durante una década se leyó como ventaja por precio y disponibilidad, se convierte en vulnerabilidad cuando el proveedor empieza a revisar con lupa qué tanta capacidad extra puede destinar al mundo y bajo qué condiciones.
Aunque los criterios que hoy se debaten en Washington se aplican de manera directa a las exportaciones de GNL hacia terceros países, sus efectos se filtran al corazón del mercado gasífero. Si menos proyectos de licuefacción se autorizan o si se retrasan, se modifica el equilibrio entre oferta, demanda e inversión upstream. Si las revisiones se traducen en incertidumbre regulatoria para nuevos trenes de GNL, algunos productores pueden ajustar ritmo de perforación y capital, lo que repercute en los nodos que fijan referencia para México, como Waha y Henry Hub.
En el escenario opuesto, si Estados Unidos decide priorizar exportaciones hacia Europa o Asia por razones geopolíticas, incluso bajo criterios más estrictos, la presión sobre precios marginales puede aumentar. Para México, que compra gas indexado a hubs estadounidenses con muy poco almacenamiento propio, cualquier cambio en esos precios se traslada casi en línea a los costos de generación eléctrica y a la estructura de costos de la industria del nearshoring.
El gas que cruza la frontera hacia México no compite en un vacío. Compite con licuefacción para exportación, con demanda industrial interna y con una agenda climática que empieza a cuestionar el volumen de exportaciones. Cuando Washington revisa los criterios para autorizar nuevos proyectos de GNL, en realidad está decidiendo cuánta presión adicional admite sobre los hubs de referencia.
Si los criterios climáticos y comunitarios se traducen en una aprobación más selectiva de terminales, el mensaje para desarrolladores y financiadores es que el horizonte para expandir oferta exportable es más incierto. Menos certeza puede significar menos inversión futura, y menos inversión tiende a expresar su precio en volatilidad. En ese contexto, Waha puede seguir siendo un hub barato en términos absolutos, pero con picos más bruscos ante eventos climáticos, paros de producción o congestiones en infraestructura.
Para CFE, que ha construido buena parte de su matriz eléctrica sobre la premisa de gas abundante y barato, esa volatilidad importa. No solo por lo que paga en dólares por millón de BTU, sino porque cualquier tensión en la disponibilidad de molécula se refleja en alertas críticas, uso forzado de combustóleo y diesel, y presiones políticas por alzas en tarifas. La discusión regulatoria en Washington se convierte, aunque nadie lo diga explícitamente, en un factor más de riesgo operativo para el sistema eléctrico mexicano.
El discurso del nearshoring descansa en una promesa simple: México ofrece energía competitiva, ubicación privilegiada y acceso directo al mercado estadounidense. Esa promesa se sostiene en gran medida en el gas barato de Texas. Cada parque industrial que firma un contrato de suministro eléctrico, cada empresa que traslada producción a Monterrey, Saltillo, Querétaro o la frontera norte, está asumiendo que el flujo de gas desde Estados Unidos se mantendrá estable y a precios razonables.
Cuando Estados Unidos introduce criterios climáticos, comunitarios y de seguridad nacional en la aprobación de proyectos de GNL, envía tres mensajes que deberían prender alarmas en México. Primero, que el gas empieza a evaluarse en función de su huella ambiental total, lo que puede derivar en límites de exportación futuros o en condiciones más estrictas para proyectos adicionales. Segundo, que las comunidades locales que hospedan infraestructura tienen más peso en el proceso, lo que puede ralentizar expansión de ductos y terminales clave para la región. Tercero, que la seguridad energética y la competitividad industrial internas tendrán prioridad frente a compromisos externos si hay tensión.
Eso no significa que Estados Unidos vaya a cerrar la llave del gas a México. Significa que, en un escenario de estrés, el margen de maniobra para sostener al mismo tiempo exportaciones masivas de GNL, precios internos moderados y flujos constantes hacia México se reduce. Y que cualquier ajuste se hará con criterios que responden a intereses internos estadounidenses, no a las necesidades del vecino del sur.
México ya vivió lo que significa depender del gas estadounidense en una crisis puntual. Un evento climático extremo en Texas mostró que, cuando el sistema interno entra en modo emergencia, las exportaciones se reducen de facto. Lo que hoy se discute en Washington tiene una naturaleza distinta. No es un choque meteorológico ni una falla de compresión. Es la posibilidad de que las reglas para decidir quién recibe gas y bajo qué condiciones cambien de forma estructural.
Un problema de ductos se resuelve con reparaciones, redundancia o nuevas rutas. Un cambio en criterios de exportación se resuelve con política, litigio, ajustes contractuales y, sobre todo, tiempo. Si los nuevos filtros climáticos, comunitarios y de seguridad nacional se consolidan como estándar para evaluar proyectos de GNL, la industria gasífera ajustará inversión, cronogramas y prioridades. Ese ajuste terminará reflejándose en cuánto gas se produce, a qué precio y con qué estabilidad se ofrecen los excedentes al exterior.
Para México, que hoy no cuenta con almacenamiento estratégico suficiente, que mantiene una producción doméstica estancada y que no ha tratado la seguridad de su abastecimiento de gas como un asunto de defensa nacional, el riesgo es claro. Un cambio regulatorio a mil kilómetros de la frontera puede terminar fijando el precio marginal de su electricidad, la viabilidad de su política industrial y la resiliencia de su sistema energético.
La señal que envía Washington al revisar criterios para exportaciones de GNL es que el gas entra a una nueva fase. Deja de ser un subproducto abundante de la era del shale y se convierte en una herramienta multifuncional que sirve para sostener alianzas, cumplir metas climáticas internas y proteger a comunidades. En ese nuevo tablero, México no puede seguir asumiendo que su acceso al gas estadounidense estará blindado por simple cercanía geográfica.
El país necesita, al menos, cuatro líneas de defensa: una discusión abierta de seguridad energética que incluya a defensa y relaciones exteriores, una estrategia acelerada de almacenamiento y respaldo, una revisión de la exposición contractual de CFE y de grandes consumidores a eventos de precio extremo, y un replanteamiento de su propia matriz de generación en un horizonte donde el gas seguirá siendo central, pero ya no incuestionable.
Lo que hoy se debate en Washington como un ajuste de criterios regulatorios es, visto desde la Ciudad de México, una advertencia. Si Estados Unidos aprieta las exportaciones de GNL, México queda expuesto. No porque mañana vaya a faltar gas, sino porque el país ha construido su política eléctrica e industrial sobre un supuesto que ya no es sólido: que el gas estadounidense será siempre abundante, accesible y políticamente neutral.
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