laura.fernandez
La violencia en Sinaloa desborda al gobierno de Rocha Moya mientras Sheinbaum guarda silencio. La comunidad exige justicia y acciones reales.
En el corazón de Sinaloa, la tragedia de los hermanos Alexander y Gael, asesinados junto con su padre en un brutal ataque, ha puesto al descubierto la incapacidad del gobierno estatal para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Este acto de violencia no solo ha dejado una profunda herida en la comunidad de Culiacán, sino que también ha desencadenado un estallido social que exige justicia y el fin de la impunidad.
El asesinato de esta familia generó una indignación colectiva que tomó forma en una multitudinaria marcha en Culiacán. Con gritos de “¡Con los niños no!” y “¡Queremos paz!”, los manifestantes exigieron acciones inmediatas y la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya. Sin embargo, la ausencia del mandatario y la falta de empatía hacia las víctimas provocaron que la protesta terminara en la irrupción violenta al Palacio de Gobierno.
Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado por su incapacidad para frenar la ola de violencia derivada del conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos, enfrenta crecientes críticas por su aparente indiferencia. Este conflicto, que ha convertido a Sinaloa en un campo de batalla desde septiembre de 2024, ha dejado un saldo de más de 900 homicidios y un sinnúmero de familias destrozadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su “solidaridad” con la familia de las víctimas, pero su respuesta se quedó en palabras vacías. Si bien instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a contactar a los familiares, su discurso evitó cualquier crítica hacia el gobernador Rocha Moya, miembro de su partido. Esta omisión ha generado cuestionamientos sobre si la presidenta prioriza la lealtad partidista por encima de las necesidades de la ciudadanía.
Sheinbaum defendió su estrategia de seguridad basada en “atender las causas” y fortalecer la Guardia Nacional, pero los resultados en Sinaloa cuentan otra historia. La falta de acciones contundentes para frenar la violencia ha llevado a muchos a preguntarse si existe un verdadero compromiso para resolver el problema o si las palabras son simplemente un escudo político.
Sinaloa no solo enfrenta asesinatos brutales como el de Alexander y Gael. Enfrentamientos armados, secuestros y ataques contra las fuerzas de seguridad se han convertido en parte de la vida cotidiana. La reciente explosión en el cenotafio de Édgar Guzmán López y el asesinato de policías municipales en Culiacán son solo ejemplos del nivel de caos que reina en el estado.
Estos eventos reflejan no solo la pugna entre los cárteles, sino también la inacción y el desgobierno que han permitido que el crimen organizado opere con total impunidad. Mientras tanto, el gobernador Rocha Moya se ha limitado a promesas vacías y justificaciones que han sido incapaces de calmar la furia ciudadana.
El clamor de la población sinaloense no puede ser ignorado. Las demandas de justicia para Alexander, Gael y su padre representan un llamado urgente para que las autoridades actúen. Sin embargo, la falta de respuestas concretas y la aparente complicidad del gobierno estatal con los cárteles han llevado a muchos a perder la confianza en las instituciones.
La presidenta Sheinbaum tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que su administración no tolerará la impunidad. Sin embargo, su falta de críticas hacia Rocha Moya y su tibia respuesta ante la crisis en Sinaloa ponen en duda su compromiso con la seguridad y la justicia en el país.
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