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La Ciudad de México y el gobierno federal firman un convenio histórico para construir más de 30 mil viviendas y combatir el rezago habitacional. ¿Será suficiente para frenar la gentrificación y garantizar el derecho a la vivienda? Aquí te contamos los detalles, las cifras y los desafíos de este ambicioso proyecto.
La Ciudad de México está en el ojo del huracán. Con un déficit habitacional que ha expulsado a miles de familias a "la periferia de la periferia", como lo describe la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la capital del país busca dar un giro radical con la firma de un convenio histórico entre el gobierno local y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El objetivo: garantizar el derecho a la vivienda y construir más de 30 mil 500 hogares asequibles para 2030. Pero, ¿es esto suficiente para resolver un problema que lleva décadas acumulándose?
El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobierno federal, promete no solo construir viviendas, sino también regularizar la tenencia de la tierra, mejorar créditos hipotecarios y generar más de 300 mil empleos, entre directos e indirectos. Sin embargo, mientras las autoridades celebran el acuerdo, muchos se preguntan si estas acciones serán capaces de frenar la gentrificación que ha desplazado a miles de capitalinos hacia municipios conurbados.
Durante la firma del convenio en el Palacio de Ayuntamiento. La mandataria aseguró que este esfuerzo conjunto permitirá alcanzar la meta de 200 mil acciones de vivienda asequible al finalizar su administración. Pero, ¿qué significa esto en términos reales para las familias que hoy viven hacinadas o pagan rentas exorbitantes?
Según datos de la Sedatu, en la CDMX se construirán 26 mil nuevas viviendas a través del Infonavit y mil más por medio de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Además, se regularizarán 3 mil 300 escrituras, lo que beneficiará a quienes han vivido en la informalidad por años.
Pero no todo es color de rosa. Expertos en desarrollo urbano advierten que, aunque el programa es ambicioso, enfrenta desafíos monumentales. "El problema no es solo construir viviendas, sino garantizar que estén bien ubicadas, que cuenten con servicios básicos y que sean realmente accesibles para quienes más las necesitan", señaló un analista consultado. Además, la falta de suelo disponible en la ciudad y los altos costos de construcción podrían complicar el cumplimiento de las metas.
Otro punto polémico es el impacto en el empleo. Según las autoridades, el programa generará 121 mil empleos directos y 182 mil indirectos, lo que sin duda sería un respiro para la economía local. Sin embargo, algunos críticos cuestionan si estos empleos serán bien remunerados y si realmente beneficiarán a los sectores más vulnerables.
Pero, ¿Será suficiente? La gentrificación no es solo un problema de vivienda, sino de desigualdad económica y especulación inmobiliaria. Sin políticas complementarias que regulen los precios del suelo y protejan a los inquilinos, el programa podría quedarse corto.
En medio de este panorama, el convenio también busca acabar con las deudas impagables de créditos hipotecarios, un problema que ha dejado a miles de familias en la ruina. "Es un paso importante, pero no podemos olvidar que el derecho a la vivienda no se garantiza solo con construir casas", advirtió un activista urbano.
Mientras tanto, el gobierno capitalino ya trabaja en identificar predios y zonas de reserva territorial para llevar a cabo el proyecto.
El tiempo dirá si este esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y local logra transformar el panorama habitacional de la CDMX o si, como ha ocurrido en el pasado, se quedará en promesas incumplidas. Por ahora, lo que es seguro es que el debate sobre el derecho a la vivienda está más vigente que nunca.
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