Por Redacción
ASEA extiende 10 días el pago RENAGAS; 90 % del padrón cumple, rezagados afrontan inspecciones. El acuerdo definirá sanciones y beneficios de regularización.
La madrugada del 1 de julio, el tablero de datos del RENAGAS parpadeó en verde y marcó una cifra que parecía imposible cuatro meses atrás: 16 869 instalaciones de hidrocarburos ya cumplen con su registro ambiental, el 90 % del universo nacional. Para la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), aquella estadística no solo es un logro técnico; es el cierre simbólico de una etapa en la que petroleras, gasolineras y terminales de almacenamiento aceptaron rendir cuentas sin amenazas de clausura inmediata.
Cuando la plataforma arrancó en marzo, abundaban los rumores de que el sistema caería ante la avalancha de expedientes digitales. Sin embargo, la ASEA apostó por un modelo de autogestión: cada empresa cargaría su información y firmaría bajo protesta de decir verdad. Quien mintiera, lo haría bajo su propio riesgo de multas y clausuras. Las cifras validan la estrategia: en menos de 120 días, nueve de cada diez permisionarios respondieron sin necesidad de visitas presenciales.
Para los que entraron al padrón antes de la fecha límite, la autoridad promete reducción de sanciones y un camino administrativo “ligero” cuando surjan actualizaciones de impacto ambiental o ajustes de operación. La ASEA estudia incluso un esquema de recompensas: prioridad para recibir autorización de nuevos proyectos a quienes demuestren un comportamiento regulatorio ejemplar.
Pero hay un reverso: las 1 794 instalaciones rezagadas serán el primer destino de las brigadas de inspección en 2025. La lógica es sencilla: si no quisieron registrarse en línea, quizá esconden fugas, permisos vencidos o tanques corroídos que ponen en riesgo a comunidades enteras. Las visitas, aclara la ASEA, abrirán también la puerta a “mecanismos de regularización dialogada”, pero el reloj correrá con un cronómetro de posibles sanciones económicas.
En los próximos días, un Acuerdo Administrativo aparecerá en el Diario Oficial; definirá plazos escalonados para subsanar inconsistencias y formalizará la facultad de la ASEA para suspender operaciones si los datos aportados son falsos. Allí se detallará, por ejemplo, cómo una pequeña gasolinera rural podrá presentar su estudio de riesgos actualizado sin contratar un despacho de millones de pesos, siempre que mantenga su operación dentro de límites seguros y verificables.
La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) respalda la medida y ya desplegó talleres exprés donde enseña a los rezagados a convertir carpetas de papel en PDFs listos para la plataforma. Su presidenta resume la oportunidad: “No se trata solo de evitar multas; quien se ponga al día podrá acceder a programas de modernización y financiamiento que exigen cumplimiento ambiental certificado”.
Con el padrón casi completo, la ASEA gana algo más que expedientes: big data que revela dónde se concentran los mayores riesgos. Ya detectó clusters de terminales viejas en la franja costera y estaciones de servicio sobre acuíferos sensibles. Esa radiografía guiará inspecciones y, posiblemente, inversiones públicas para blindar ductos y tanques antes de la próxima temporada de huracanes.
El mayor desafío ahora no es tecnológico, sino cultural: convertir la obligación documental en un hábito de mejora continua. Después de todo, un padrón actualizado salva más vidas que cualquier multa multimillonaria aplicada cuando el daño ya está hecho.
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