Por Redacción
El nuevo registro RENAGAS de la ASEA genera dudas entre empresarios del sector energético por falta de claridad jurídica y posibles sanciones discrecionales. ¿Qué riesgos implica?
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ha puesto en marcha el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (RENAGAS), un censo que busca recopilar información detallada sobre infraestructura, seguridad ambiental y cambios comerciales en estaciones de servicio y distribuidoras de gas LP. Sin embargo, este programa revive viejas preocupaciones sobre la falta de claridad regulatoria en el sector.
En octubre de 2022, la ASEA implementó "Ponte al Día", una iniciativa similar que terminó en multas para algunos empresarios a pesar de su carácter voluntario. Ahora, con RENAGAS, se repite el mismo patrón: la autoridad solicita datos que ya había recabado, sin explicar el destino de la información previa ni los criterios para imponer sanciones. El plazo vence el 30 de junio de 2025, pero el acuerdo no especifica montos de multas ni detalla si la entrega de documentos podría derivar en inspecciones sorpresa o cierres administrativos.
Aunque la ASEA insiste en que el registro es obligatorio, el marco legal no lo establece de manera explícita. Para los empresarios, esta ambigüedad resulta preocupante: participan en un proceso sin garantías de que cumpla con los principios de seguridad jurídica, especialmente cuando ya cuentan con permisos ambientales vigentes. La pregunta clave es: ¿por qué la agencia necesita datos que debería tener en sus archivos?
Los empresarios perciben RENAGAS como un mecanismo de recaudación más que de regulación efectiva. La discrecionalidad en la aplicación de sanciones y la falta de transparencia sobre los beneficios del registro (como programas de regularización) generan desconfianza. Peor aún, algunos temen que la información proporcionada sea usada para fiscalizaciones arbitrarias, un riesgo que crece ante la ausencia de lineamientos claros publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Esta incertidumbre no solo afecta a las empresas, sino que podría desincentivar inversiones en un sector ya de por sí complejo. Sin reglas del juego claras, los operadores enfrentan un dilema: cumplir con requisitos ambiguos o arriesgarse a sanciones impredecibles. Mientras la ASEA no aclare el estatus jurídico de RENAGAS y sus protocolos de actuación, la sombra de la discrecionalidad seguirá pesando sobre el sector energético mexicano.
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