Sener y Hacienda afirman que la actualización inflacionaria del IEPS en 2026 no elevará el precio de la gasolina. Esta nota explica el mecanismo operativo y fiscal detrás de la estrategia de estabilización y sus implicaciones reales para el mercado.
Las secretarías de Energía y de Hacienda confirmaron que la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, no se traducirá en un incremento en el precio final de la gasolina para los consumidores. La afirmación, realizada mediante un comunicado conjunto, busca despejar la incertidumbre que suele acompañar los ajustes fiscales de inicio de año en un insumo altamente sensible para la economía.
El punto central del anuncio no es el ajuste en sí, sino el mecanismo que lo absorbe. El IEPS a combustibles se actualiza anualmente conforme a la inflación, pero su impacto efectivo depende de la política de estímulos, acuerdos voluntarios y esquemas de contención que se encuentren activos. En este caso, la actualización se inserta dentro de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, vigente desde marzo de 2025.
Dicha estrategia funciona como un pacto operativo entre el gobierno federal y empresarios del sector, con un objetivo explícito: mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. Bajo este esquema, el ajuste fiscal no se traslada automáticamente al consumidor final, sino que se compensa mediante instrumentos administrativos y acuerdos de mercado que buscan suavizar la volatilidad.
Desde la óptica regulatoria, el mensaje es claro. El Estado no está renunciando al ajuste inflacionario del impuesto, pero sí está modulando su efecto a través de una política de estabilización que combina coordinación institucional y compromisos del sector privado. En este entramado participan no solo Sener y Hacienda, sino también la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor y Petróleos Mexicanos.
La autoridad energética sostiene que el esquema ya mostró resultados en su primera fase, al reducir el precio promedio nacional de la gasolina magna a 23.54 pesos por litro. Más allá del dato puntual, el elemento relevante es la señal de certidumbre: el precio deja de ser un factor de choque inmediato para hogares y actividades económicas intensivas en transporte.
La política, sin embargo, no es homogénea en todo el país. Las zonas fronterizas quedan excluidas del acuerdo debido a su estructura particular de costos, estímulos fiscales diferenciados y esquemas de control volumétrico que ya generan precios inferiores al promedio nacional. Esta exclusión subraya que la estabilización no es un control generalizado, sino una herramienta focalizada.
En términos económicos, el argumento de fondo es que la gasolina sigue siendo un insumo transversal para la movilidad y la canasta básica. Cualquier ajuste abrupto tiene efectos en cadena sobre precios, logística y expectativas inflacionarias. Por ello, la estrategia no se presenta como una política de subsidio abierto, sino como un mecanismo de contención y previsibilidad.
El anuncio de Sener y Hacienda no elimina los riesgos estructurales del mercado de combustibles, pero sí redefine el corto plazo. El ajuste al IEPS ocurrirá, pero su impacto dependerá menos de la fórmula fiscal y más de la capacidad del Estado para sostener los acuerdos, vigilar su cumplimiento y absorber tensiones sin trasladarlas al precio final.
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