Por Redacción
Shell enfrenta una nueva batalla legal por aprobar 700 nuevos proyectos de petróleo y gas, desatando cuestionamientos sobre su compromiso climático. Activistas y ONG acusan a la petrolera de anteponer la “seguridad energética” a la lucha contra el calentamiento global. ¿Puede Shell hablar de responsabilidad social mientras expande su imperio fósil? Te contamos el contexto de la demanda, la postura de la empresa, datos clave de la AIE y las implic
La organización ambiental holandesa Milieudefensie (Amigos de la Tierra Países Bajos) ha notificado a Shell su intención de llevarla de nuevo a los tribunales, esta vez para frenar 700 nuevos proyectos de petróleo y gas que la empresa tiene en cartera. En una carta formal, Milieudefensie acusó a Shell de violar su deber legal de diligencia bajo la ley neerlandesa al no reducir drásticamente sus inversiones en combustibles fósiles ni adoptar una estrategia climática acorde a las próximas décadas. Si la petrolera no atiende estas demandas, la ONG procederá con una demanda climática que busca prohibir la expansión de nuevos yacimientos como vía para “poner freno” a la crisis climática. Esta estrategia de vetar nuevos campos petroleros es novedosa en su escala, planteada para evitar tener que litigar proyecto por proyecto y lograr, de un golpe, que Shell abandone cualquier nuevo desarrollo fósil en el mundo.
Este nuevo caso se apoya en un importante precedente judicial: la histórica sentencia de 2021 en la que un tribunal de La Haya ordenó a Shell recortar un 45% de sus emisiones de CO₂ para 2030 (respecto a 2019). Aquella fue la primera vez que una empresa privada era obligada por la justicia a alinear su negocio con el Acuerdo de París. Shell apeló el fallo y, el año pasado (2024), logró anular parcialmente esa sentencia. Si bien la corte de apelación decidió que exigir un porcentaje específico de reducción no era realista, también afirmó que Shell tiene una “responsabilidad especial” de reducir sus emisiones como gigante petrolero, por encima de lo que exigen las leyes vigentes. En palabras de los jueces, “es razonable esperar que las empresas petroleras y de gas tengan en cuenta las consecuencias negativas de una mayor expansión de la oferta de combustibles fósiles para la transición energética... Las inversiones previstas por Shell en nuevos yacimientos podrían ir en contra de esto”. Esta contundente declaración judicial le dio munición a Milieudefensie para su nueva ofensiva legal, argumentando que seguir abriendo campos de petróleo y gas incumple el deber de diligencia de Shell hacia la sociedad y pone en riesgo los derechos humanos ante la emergencia climática.
Actualmente, Shell intenta dejar atrás la jurisdicción holandesa: tras la sentencia original de 2021, mudó su sede de La Haya a Londres, lo que podría complicar la aplicación de nuevos fallos en Países Bajos. No obstante, los activistas confían en que los tribunales neerlandeses sí tienen competencia, ya que Shell sigue registrada en Países Bajos y el daño climático afecta también a la población holandesa. Abogados como Roger Cox (representante de Milieudefensie) señalan que, de ganar el caso, existen tratados internacionales para ejecutar la sentencia sobre activos de Shell en otros países. El proceso está en curso: Shell confirmó haber recibido la carta de Milieudefensie y, aunque todavía no se ha formalizado la demanda ante el juzgado, la petrolera ya se prepara para otro pulso judicial climático.
La reacción de Shell ante estas acusaciones no se hizo esperar. La empresa niega estar incumpliendo sus obligaciones climáticas y sostiene que la visión de Milieudefensie es contraproducente. Un portavoz de Shell declaró que lo que pide la ONG “no va a acelerar la transición energética”, porque “el mundo sigue usando petróleo y gas para calentar hogares y transportar bienes y personas”. En su respuesta, Shell subrayó que garantizar la energía asequible y segura mientras se reduce la huella de carbono requiere “colaboración entre gobiernos, empresas y consumidores”, acompañada de políticas efectivas. La compañía insiste en que seguir desarrollando ciertos yacimientos es necesario para la seguridad energética mundial, es decir, para mantener estable el suministro de energía a precios accesibles en lo que dura el cambio hacia fuentes limpias.
En términos sencillos, Shell argumenta que no puede simplemente cerrar la llave del petróleo y gas de la noche a la mañana sin desestabilizar el mercado energético. Sus directivos defienden que aún existe demanda global de combustibles fósiles, especialmente tras la crisis energética reciente, y que alguien debe proveer esa energía. Por ello, han priorizado inversiones en proyectos de gas natural licuado (GNL) y nuevos pozos, justificándolos como un “mal necesario” para evitar desabastos o aumentos extremos de precios. Wael Sawan, el CEO de Shell desde 2023, incluso ha señalado que los combustibles fósiles seguirán jugando un rol crítico en las próximas décadas, y que la empresa invertirá donde haga falta para satisfacer la demanda mientras “se maneja” una transición gradual.
Sin embargo, esta postura de Shell ha recibido fuertes críticas por considerarse cortoplacista. Los activistas cuestionan que la empresa utilice el argumento de la seguridad energética y la demanda como pretexto para perpetuar su modelo de negocio fósil, retrasando la adopción masiva de energías renovables. Al centrar el debate en la oferta inmediata de energía, Shell esquiva la conversación sobre su responsabilidad en reducir emisiones absolutas y alinear sus planes con las metas climáticas. La compañía afirma apoyar el Acuerdo de París y haber adoptado objetivos de emisiones netas cero a largo plazo, pero sus acciones en el corto plazo –como la aprobación de nuevos proyectos de explotación– parecen contradecir esa meta. Esto nos lleva al siguiente punto: la brecha entre el discurso “sustentable” de Shell y sus decisiones de inversión.
Shell se ha esforzado por proyectar una imagen de empresa comprometida con la responsabilidad social corporativa (RSC) y la transición energética. En comunicados y campañas de marketing, la petrolera suele destacar sus inversiones en energías renovables, programas comunitarios y compromisos con la sostenibilidad. No obstante, la aprobación de 700 nuevos proyectos petroleros expone una contradicción flagrante entre el discurso público de Shell y sus decisiones corporativas reales. El desarrollo de tantísimos yacimientos de petróleo y gas contradice abiertamente la narrativa de transición energética que Shell promueve públicamente.
Mientras Shell hablaba de energías limpias en sus reportes de RSC, por otro lado seguía adelante con una agenda de expansión hidrocarburífera que refuerza su dependencia en los combustibles fósiles. Organizaciones ambientales señalan que no basta con “pintarse de verde” en el discurso; las verdaderas pruebas del compromiso son las decisiones de inversión. En este caso, Shell está destinando capital a proyectos que perpetuarán las emisiones de carbono por décadas – justo en el momento en que el planeta necesita reducciones drásticas para evitar un colapso climático.
Incluso bajo la lupa de la justicia, Shell mostró esa dualidad: tras el fallo inicial de 2021 que le ordenaba recortes, la empresa anunció planes para cumplir “en sus propios términos”, sin renunciar a nuevos campos petroleros. Posteriormente, al lograr diluir la exigencia del 45% en la apelación, Shell celebró la decisión como una victoria, aunque el tribunal simultáneamente le recalcó su deber de cuidar el clima. Desde la perspectiva de Milieudefensie y otros críticos, Shell dice una cosa pero hace otra: habla de “energía sostenible para todos” en sus memorias de sustentabilidad, pero continúa apostándole al petróleo y gas cuando cree que nadie está viendo de cerca.
No sorprende entonces que la legitimidad ética de Shell esté quedando en entredicho. ¿Se puede realmente hablar de “responsabilidad social corporativa” cuando una empresa toma decisiones que, según la ciencia, agravan la crisis climática? Este choque entre lo que Shell predica y lo que practica está erosionando la confianza de la sociedad civil e incluso de algunos inversionistas. En el mundo empresarial actual, la reputación de las grandes corporaciones se mide también por su aportación a la solución (o empeoramiento) de problemas globales como el cambio climático. Y en el caso de Shell, muchos ven una desconexión alarmante entre sus promesas de transición y la realidad de sus operaciones fósiles.
Este debate tiene lugar en un contexto donde la ciencia y organismos internacionales ofrecen una guía contundente. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido que, para limitar el calentamiento global a 1.5 °C, no hacen falta nuevos proyectos de exploración y extracción de petróleo y gas en el mundo. De hecho, en su hoja de ruta hacia emisiones netas cero en 2050, la AIE proyecta que la demanda de combustibles fósiles caería un 80%, lo cual implica que los yacimientos actuales y en desarrollo son suficientes para cubrir esa demanda decreciente sin abrir más campos. En palabras del propio informe, “como resultado, no se necesitan nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas a largo plazo”. Cada nuevo pozo petrolero aprobado hoy sería, en el mejor de los casos, un activo en vía muerta en unas décadas, y en el peor, otro clavo en el ataúd climático del planeta.
La AIE y muchos científicos subrayan que invertir en más infraestructura fósil atrasará la transición energética. No solo es innecesario para satisfacer la demanda, sino que crea el riesgo de encadenar emisiones a largo plazo y desviar recursos que podrían ir a energías renovables. Si los gobiernos y empresas realmente toman en serio las metas climáticas, deberían enfocarse en explotar de manera eficiente las reservas existentes mientras impulsan alternativas limpias, en lugar de buscar más petróleo y gas. Cada dólar invertido en un nuevo yacimiento es un dólar no invertido en solar, eólica, baterías o eficiencia energética.
En el caso de Shell, sus críticos señalan que la empresa ignora estas advertencias. Pese a las recomendaciones de la AIE, Shell dejó claro ante sus accionistas que planea aumentar la producción y venta de combustibles fósiles hasta bien entrada la década de 2030. Es decir, sus proyecciones de negocio asumen que seguirá habiendo mercado para todo ese petróleo y gas adicional en los próximos 10–15 años, lo que contradice los escenarios climáticos optimistas. Milieudefensie destaca que Shell, lejos de ajustar su rumbo, sigue “totalmente comprometida” con nuevos camposfósiles “a pesar de las advertencias de los científicos” sobre las consecuencias desastrosas de ello. Para los activistas, esta postura corporativa es una apuesta arriesgada que privilegia ganancias presentes sobre la estabilidad climática futura.
¿Qué implican 700 nuevos proyectos de petróleo y gas en términos ambientales? Un informe reciente elaborado por Milieudefensie en conjunto con Global Witness analizó la cartera de Shell usando datos independientes (de la consultora Rystad Energy) y los resultados son preocupantes. Actualmente Shell ya tiene múltiples desarrollos en marcha en regiones como Norteamérica, Oriente Medio y África, además de esos 700 proyectos “sin desarrollar” identificados en el informe. Si Shell lleva a cabo todos sus planes de expansión, para 2030 las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de su negocio de exploración y producción serían incluso mayores que las de 2022, en vez de disminuir drásticamente como exige la ciencia. En otras palabras, la empresa incrementaría su contribución al calentamiento global justo en la década crítica para reducirla.
Ahora bien, ¿qué pasaría si Shell decidiera cancelar esos nuevos proyectos? De acuerdo con los hallazgos de Milieudefensie, evitaría la emisión de hasta 5.2 gigatoneladas (miles de millones de toneladas) de CO₂adicionales. Para poner esa cifra en perspectiva: equivale a 36 veces las emisiones anuales totales de un país como Países Bajos. Son 5,200 millones de toneladas de CO₂ que marcarían la diferencia entre agravar la crisis o darle un respiro significativo a la atmósfera. Estos números ilustran vívidamente el impacto climático potencial de la decisión que Shell enfrenta: continuar con business as usual en busca de más hidrocarburos, o frenar en seco la expansión para alinearse con las metas de París.
Además del CO₂ y otros gases de efecto invernadero, la expansión petrolera conlleva impactos ambientales locales: mayor riesgo de fugas y derrames, afectaciones a ecosistemas sensibles (selvas, océanos Ártico, etc.), y a menudo afectaciones a comunidades cercanas a los proyectos (contaminación de aire y agua, por ejemplo). Si bien el foco de la demanda de Milieudefensie está en las emisiones globales y el cambio climático, no hay que olvidar que cada nuevo campo petrolero trae consigo una huella ecológica en su entorno. Organizaciones como Greenpeace argumentan que seguir perforando nuevos pozos pone en peligro la biodiversidad y la salud de poblaciones locales, además de socavar los esfuerzos globales contra el calentamiento. En suma, el costo ambiental de estos 700 proyectos va mucho más allá de unas cifras en un papel: se traduce en bosques talados, océanos expuestos a posibles mareas negras, especies en riesgo y comunidades enteras enfrentando la contaminación.
La nueva arremetida legal contra Shell no viene solo de Milieudefensie. Varias organizaciones y colectivos llevan tiempo presionando a la petrolera por diferentes flancos. Greenpeace, por ejemplo, ha apoyado la demanda holandesa (su capítulo de Países Bajos fue co-demandante en el juicio original de 2021) y también ha tomado acciones directas. A inicios de 2023, activistas de Greenpeace abordaron y ocuparon una plataforma petrolera de Shell en el mar del Norte como forma de protesta pacífica contra la apertura de nuevos pozos offshore. La respuesta de Shell fue llevar el asunto a los tribunales: demandó a Greenpeace por supuestos daños y pérdidas. Paradójicamente, esto derivó en un golpe de reputación para la empresa, ya que un año después tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial pagando alrededor de 2.1 millones de dólares para zanjar la disputa con Greenpeace. Las imágenes de los activistas colgados de la estructura con pancartas de “Stop Drilling” (Alto a las Perforaciones) dieron la vuelta al mundo, reforzando el mensaje de que la sociedad civil está dispuesta a arriesgarse para frenar la expansión fósil.
Otra organización destacada es ClientEarth, un grupo de abogados ambientalistas que optó por una vía innovadora: atacar a Shell desde adentro, aprovechando su rol como accionistas minoritarios. En 2023, ClientEarth presentó una demanda contra el Consejo de Administración de Shell en Reino Unido, acusando a los directores de incumplir sus deberes fiduciarios al no preparar a la empresa para la transición energética. En esencia, argumentaron que el plan de Shell para alcanzar emisiones netas cero era inadecuado y ponía en riesgo tanto el clima como a los propios inversionistas a largo plazo. Aunque el caso fue desestimado por la Alta Corte de Londres (que consideró que no había base legal suficiente para litigar las decisiones estratégicas de la junta), marcó un precedente importante. Por primera vez se intentaba responsabilizar legalmente a un directorio completo por fallar en la gestión del riesgo climático. ClientEarth, pese a la derrota procesal, dejó claro que seguirá buscando nuevas formas de impulsar a las empresas a que actúen con la urgencia que la crisis climática demanda.
Otras voces se suman al coro crítico. Greenpeace Internacional celebró partes del dictamen de la apelación holandesa de 2024 –especialmente el reconocimiento de la responsabilidad de Shell y la mención de que invertir en nuevos campos va contra París– pero lamentó que no se mantuviera el mandato del 45%. “No nos rendiremos; esto solo nos motiva más a actuar contra los mayores contaminadores”, dijo Andy Palmen, director de Greenpeace Países Bajos. En el Reino Unido, Greenpeace también llevó a Shell a la corte para intentar frenar proyectos como el campo de Jackdaw y el gigante yacimiento de Rosebank en el mar del Norte, argumentando que no se pueden justificar nuevas perforaciones en plena emergencia climática. Grupos como Friends of the Earth (casa matriz de Milieudefensie) y ONG climáticas de todo el mundo observan este caso contra Shell con gran interés: un triunfo legal podría ser la señal para replicar estrategias similares contra otras petroleras internacionales que continúan expandiendo la frontera fósil.
En resumen, la presión social, legal y mediática alrededor de Shell va en aumento. Desde manifestaciones juveniles hasta inversionistas activistas votando por resoluciones climáticas en las asambleas de accionistas, el mensaje es claro: el mundo le exige a Shell un cambio de rumbo real, no retórico. Cada nueva acción de Greenpeace escalando un barco, cada nuevo litigio de ONG como ClientEarth, suman al escrutinio público que enfrenta la empresa.
Para Shell, esta situación representa no solo un desafío legal, sino un terremoto reputacional y ético. Estamos en una época en que las empresas energéticas están bajo el microscopio: se espera que sean parte de la solución, no que profundicen el problema. Que a una compañía icónica como Shell –fundada hace más de un siglo– la estén llevando repetidamente a la corte por contribuir al cambio climático es síntoma de cómo ha cambiado el escrutinio público. La narrativa de “empresa responsable” que Shell intenta proyectar se ve socavada por las evidencias de su expansión fósil. Este nuevo capítulo legal, como apuntan analistas, pone en jaque la legitimidad de Shell: su licencia social para operar podría estar en riesgo si la opinión pública percibe que antepone las ganancias a la supervivencia del planeta.
Las consecuencias reputacionales ya se dejan sentir. En encuestas internacionales sobre marcas y clima, las grandes petroleras aparecen cada vez peor posicionadas en términos de confianza y favorabilidad. Shell, en particular, tras el caso de 2021 y ahora con esta nueva demanda, es vista por muchos como un ejemplo de “greenwashing” corporativo – prometer acciones verdes mientras se continúa con prácticas de siempre. Esto afecta sus relaciones públicas, pero también podría impactar su negocio: desde dificultades para atraer talento joven (muchos ingenieros y profesionales climáticamente conscientes evitan trabajar para empresas con mala imagen ambiental) hasta un posible riesgo financierosi inversionistas institucionales deciden retirar apoyo por considerar a Shell una apuesta incompatible con un futuro bajo en carbono. Recordemos que algunos grandes fondos han comenzado a desinvertir en combustibles fósiles por razones éticas y de riesgo a largo plazo.
Éticamente, Shell enfrenta preguntas incómodas: ¿Qué responsabilidad tiene una empresa privada ante un desafío global como el cambio climático? ¿Puede justificarse moralmente seguir buscando nuevos pozos de petróleo cuando la ciencia indica que ese petróleo adicional podría empujar al sistema climático a puntos de no retorno? Estas preguntas trascienden lo legal. Incluso si Shell gana batallas en tribunales, podría estar perdiendo la batalla de la opinión pública y el juicio de la historia. Activistas como Donald Pols de Milieudefensie lo ponen en términos claros: “Shell debe dejar de poner en peligro a las personas, ahora y en el futuro. Dejar de desarrollar nuevos campos de petróleo y gas es un paso esencial”. En pleno contexto de crisis climática global, con eventos extremos multiplicándose, muchas personas ven como antiético que empresas con los recursos y el conocimiento de Shell elijan expandir la producción de carbono en lugar de reinventarse.
Por último, no hay que olvidar a los consumidores. Shell vende productos que millones de personas usan diariamente (gasolina, diesel, gas, plásticos), pero esos mismos consumidores son cada vez más conscientes del impacto climático. La “licencia social” de Shell –es decir, la aceptación pública de sus operaciones– puede degradarse si la empresa es percibida como obstinada ante la emergencia climática. Casos judiciales como el de Milieudefensie sirven para educar y movilizar a la opinión pública. Gane o pierda la demanda, Shell está bajo el reflector global. Su reputación, construida durante décadas, podría sufrir daños duraderos si no logra demostrar con hechos un compromiso auténtico con un futuro sin carbono.
En conclusión, la nueva demanda de Milieudefensie contra Shell por sus 700 proyectos de petróleo y gas es mucho más que un pleito legal: es un reflejo de la encrucijada histórica en que nos encontramos. De un lado, una petrolera que apela a la seguridad energética para justificar prolongar la era fósil; del otro, una sociedad civil (ONG, jóvenes, científicos, tribunales e incluso algunos inversionistas) que clama por un cambio de rumbo inmediato ante la crisis climática. La pelota está en la cancha de Shell, y el mundo observa. ¿Seguirá aferrándose al modelo tradicional hasta el último barril, o asumirá de verdad ese “deber de diligencia” climática y dará un giro hacia las energías limpias? La respuesta, en gran medida, definirá su legado empresarial y moral en las próximas décadas.
¿Te interesó este análisis? Suscríbete a nuestro boletín informativo para recibir actualizaciones sobre este caso y las últimas noticias de energía, clima y sostenibilidad. ¡Mantente informado y sé parte del cambio!
Todos los campos son obligatorios *
