Artículo sobre el greenwashing regulatorio en México: discurso de transición energética, nuevas leyes, CEL, almacenamiento, transmisión e incertidumbre que distorsiona el mercado de renovables y encarece el dinero.
En México ya no basta con revisar quién dice defender la transición energética. Hay que revisar cómo la administra, cómo la regula y quién paga realmente sus contradicciones. Ese es el núcleo de este artículo. El problema no es solo que el discurso público se haya llenado de palabras como sustentabilidad, soberanía, descarbonización o justicia energética. El problema es que una parte de ese lenguaje puede convertirse en una forma de greenwashing regulatorio cuando se usa para proyectar modernización verde sin resolver los incentivos, los retrasos operativos y las distorsiones económicas que siguen definiendo el mercado eléctrico mexicano. La crítica no va contra la idea de fortalecer al Estado. Va contra la tentación de vender como transformación limpia un sistema que todavía no logra traducir sus promesas en reglas competitivas, previsibles y económicamente coherentes.
La legislación secundaria publicada el 18 de marzo de 2025 reordenó el sector energético mexicano con nuevas leyes para el sector eléctrico, la CFE, la CNE y la planeación y transición energética. Sobre el papel, el rediseño busca articular soberanía energética, rectoría del Estado y metas de transición. La propia Ley de Planeación y Transición Energética establece que las metas de energías renovables y demás energías limpias deben constituir porcentajes mínimos respecto del total de generación eléctrica, y además preserva instrumentos como los Certificados de Energías Limpias. El problema aparece cuando esa arquitectura legal convive con una ejecución todavía incompleta, con reglas secundarias que llegaron después, con manuales pendientes y con una red que no crece al mismo ritmo que la narrativa de expansión. Ahí es donde el discurso verde corre el riesgo de volverse decoración institucional.
El greenwashing regulatorio no consiste necesariamente en mentir de forma burda. Su forma más sofisticada es otra: presentar como avance limpio lo que en realidad es una transición administrada con fricción, ambigüedad y costos ocultos. Cuando el Estado anuncia que habrá más capacidad, más renovables y más planeación, pero el mercado sigue enfrentando incertidumbre sobre interconexión, prelación, tiempos regulatorios y expansión de red, el mensaje ambiental funciona más rápido que la corrección estructural. SENER informó en abril de 2025 una expansión del sistema con cerca de 29 mil MW adicionales hacia 2030, con participación pública dominante y una contribución privada enfocada principalmente en energías limpias. Al mismo tiempo, proyectos oficiales y análisis técnicos externos subrayan que la transmisión sigue siendo un cuello de botella crítico y que deben ejecutarse inversiones sustanciales para evitar congestión y rezagos en integración. Cuando la capacidad anunciada corre más rápido que las condiciones reales de despacho y conexión, la etiqueta “verde” empieza a cargar más marketing político que certidumbre operativa.
Ese desfase tiene una dimensión económica que pocas veces se discute con honestidad. Un mercado eléctrico no se distorsiona únicamente cuando se bloquea la entrada de nuevos participantes. También se distorsiona cuando las reglas permiten que la incertidumbre se convierta en costo privado recurrente. El desarrollador absorbe meses de espera, rediseños, estudios, renegociaciones y primas de riesgo. El financiador ajusta tasas o retrae capital. El usuario final termina dentro de un sistema menos eficiente. Y el discurso oficial, mientras tanto, puede seguir diciendo que la transición avanza porque existen nuevas metas, nuevas leyes y nuevos anuncios. Eso no es una simple contradicción administrativa. Es una transferencia silenciosa de costo desde la política pública hacia el proyecto privado, disfrazada de orden regulatorio. IMCO ha señalado justamente que la consolidación del nuevo mercado eléctrico nacional requiere un marco predecible para la inversión y que aún existe normatividad pendiente indispensable para su operación competitiva.
Los Certificados de Energías Limpias son un buen ejemplo para entender la diferencia entre instrumento útil y narrativa inflada. En términos formales, los CEL siguen siendo títulos emitidos para acreditar producción de energía limpia y servir al cumplimiento de obligaciones asociadas al consumo de los centros de carga. La nueva Ley de Planeación y Transición Energética mantuvo la lógica de que la Secretaría establezca anualmente requisitos de adquisición de CEL para años posteriores. En teoría, eso preserva una señal económica a favor de la transición. Pero la existencia del mecanismo no equivale automáticamente a un mercado robusto ni a un entorno libre de distorsiones. Si el instrumento existe, pero su capacidad de empujar inversión limpia se debilita por incertidumbre regulatoria, red insuficiente o reglas operativas todavía movedizas, entonces el certificado puede sobrevivir más como símbolo de virtud regulatoria que como palanca de transformación real.
La misma lógica aplica al almacenamiento. En marzo de 2025 se publicaron disposiciones para integrar sistemas de almacenamiento en el marco regulatorio eléctrico mexicano. La señal fue relevante porque reconoció su papel dentro de la interconexión y la operación del sistema. Más adelante, el reglamento de la Ley del Sector Eléctrico, publicado en octubre de 2025, abrió incluso la puerta a contratos del CENACE con almacenamiento cuando la planeación identifique que dichos recursos contribuyen a la confiabilidad. Todo eso suena moderno, y en efecto lo es. Pero una parte del greenwashing regulatorio aparece precisamente cuando la incorporación normativa de tecnologías avanzadas se comunica como si por sí sola resolviera el problema de mercado. No lo resuelve. Puede ayudar, sí, pero mientras el inversionista siga dependiendo de criterios administrativos en consolidación y de infraestructura incompleta, la sofisticación regulatoria no necesariamente elimina la fricción; a veces solo la vuelve más técnica.
Hay además una distorsión menos visible y más delicada: la del reparto asimétrico de la incertidumbre. En un ecosistema regulatorio verdaderamente sano, las reglas pueden ser estrictas, pero son legibles. En uno inestable, sobreviven mejor los jugadores con más espalda financiera, jurídica y política. Eso quiere decir que el costo de navegar la complejidad no se distribuye de manera neutral. Las grandes empresas pueden esperar, litigar, reconfigurar portafolios o financiar retrasos. Los actores medianos, regionales o más especializados en nichos limpios suelen tener menos margen para absorber esa carga. El resultado no es solo menor competencia. Es una transición más concentrada y menos dinámica. Presentar ese entorno como ordenamiento verde puede ser conveniente políticamente, pero no describe con precisión el tipo de mercado que se está consolidando.
La tensión se vuelve todavía más fuerte cuando se observa la doble narrativa oficial. Por un lado, el Programa Sectorial de Energía 2025-2030 y la planeación reciente insisten en fortalecer autosuficiencia, soberanía y seguridad energética, al tiempo que el plan de expansión prevé nueva capacidad y proyectos de transmisión. Por otro lado, el propio rediseño coloca al Estado en una posición prevalente dentro del mercado eléctrico. Esa combinación puede ser legítima desde una lógica de política pública, pero el problema surge cuando se vende como transición limpia suficiente, aunque todavía dependa de combustibles fósiles para buena parte de la confiabilidad y aunque la participación privada limpia continúe condicionada por reglas cuya estabilidad se sigue terminando de construir. La soberanía puede ser un objetivo político; la descarbonización, una necesidad técnica y climática. Confundir ambas en la comunicación pública sin transparentar sus tensiones es una forma elegante de greenwashing regulatorio.
En otras palabras, el greenwashing regulatorio mexicano no está en un cartel publicitario que diga “somos verdes”. Está en algo más sofisticado: usar el lenguaje de la transición para legitimar un mercado que todavía no corrige del todo sus señales económicas ni su arquitectura operativa. Se anuncian metas limpias, pero no siempre se explica con igual claridad cuánto de esa transición depende de transmisión aún no desplegada, de instrumentos secundarios aún en maduración, de almacenamiento todavía en integración regulatoria, o de una convivencia compleja entre rectoría estatal y competencia. Esa omisión importa porque el dinero sí la entiende. El capital no financia narrativas; financia proyectos con cronograma, acceso, certidumbre y retorno. Cuando esos elementos no están maduros, la etiqueta “limpia” deja de ser una garantía y se convierte en una expectativa políticamente útil, pero financieramente incompleta.
Por eso este editorial no sostiene que México no tenga instrumentos verdes. Sí los tiene. No sostiene tampoco que toda rectoría estatal sea anticompetitiva por definición. Lo que sostiene es algo más preciso: un marco puede declararse limpio y, al mismo tiempo, producir distorsión de mercado si no alinea adecuadamente regulación, infraestructura y señal económica. La transición energética no se mide por cuántas veces aparece la palabra “sustentable” en una ley. Se mide por cuánta capacidad limpia entra, se conecta, se despacha, cobra, se financia y compite bajo reglas estables. Mientras esa secuencia siga incompleta, habrá espacio para que el lenguaje verde maquille un mercado todavía desordenado.
En ese sentido, este artículo continúa naturalmente lo planteado en “Transición sin transmisión” y “Energía limpia, reglas sucias”. El primero mostró que no puede existir transición seria si la red no acompaña la expansión de renovables. El segundo expuso que la incertidumbre regulatoria ya funciona como un freno material para el sector. Este tercero empuja la tesis un paso más allá: cuando esa infraestructura insuficiente y esa regulación incompleta se presentan públicamente como si ya constituyeran una transformación verde madura, lo que aparece no es solo un problema técnico o jurídico. Aparece una distorsión de mercado con costo económico real, una que reordena quién entra, quién aguanta y quién gana en el negocio de la energía limpia. Ahí es donde RegulaOps deja de ser un accesorio y se vuelve una herramienta de defensa estratégica: permite mapear exposición regulatoria, identificar puntos de fricción que erosionan rentabilidad y separar con evidencia qué parte del discurso verde sí tiene soporte operativo y qué parte sigue siendo solo maquillaje institucional.
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