Conoce cómo consumidores y asociaciones provapeo están organizando una manifestación frente al Senado para oponerse a la prohibición de vapeadores en México. Este artículo te ofrece una visión completa sobre sus demandas de regulación en lugar de prohibición, los riesgos del mercado negro y el impacto en la salud pública. Entérate de los detalles y por qué este movimiento es crucial para millones de mexicanos que valoran su libertad de vapear.
CIUDAD DE MÉXICO, 09 de diciembre de 2024. El ambiente político en México se va cargado de tensión, ya que mañana martes 10 de diciembre, cuando consumidores y asociaciones provapeo se preparen para manifestarse frente al Senado de la República. Bajo el lema "¡Somos libres para vapear!", estos grupos buscan alzar su voz contra la reciente decisión de prohibir la producción, distribución y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país.
La convocatoria, que se llevará a cabo a las 11:00 horas, es una respuesta directa a la reforma aprobada por las comisiones de Puntos Constitucionales, Salud y Estudios Legislativos, respaldada mayoritariamente por Morena. La medida, que también incluye la prohibición del fentanilo, ha generado un intenso debate entre legisladores y organizaciones de derechos humanos.
"Que el Estado no criminalice a los consumidores y le regale al narco otro negocio millonario", es uno de los llamados que se leen en los carteles de los manifestantes. Organizaciones como México y el Mundo Vapeando han liderado la iniciativa, argumentando que una prohibición total no solo afecta a los usuarios legítimos, sino que también empuja a la industria hacia la clandestinidad, aumentando los riesgos asociados al mercado negro.
La oposición, representada por figuras como el senador Ricardo Anaya del PAN, ha calificado la equiparación de vapeadores con una sustancia tan peligrosa como el fentanilo como “demencial”. "El fentanilo es una sustancia peligrosísima que cada año mata a 75 mil personas en Estados Unidos. Compararlo con los vapeadores me parece una locura", declaró Anaya durante una rueda de prensa.
Por su parte, el panista Marko Cortés ha pedido a los legisladores de Morena reconsiderar la prohibición y optar por una regulación que permita el control y supervisión del mercado de vapeadores. "Atrévanse a disentir y decir que estamos de acuerdo en agregar en el texto constitucional la prohibición del fentanilo, pero no a una prohibición lisa y llana de los vapeadores", señaló Cortés, subrayando que una regulación podría prevenir el crecimiento del mercado negro sin criminalizar a los consumidores.
Las asociaciones provapeo, al frente de esta manifestación, han expuesto que los vapeadores no solo representan una alternativa para dejar de fumar, sino que también, bajo un marco regulatorio, podrían ser una herramienta de reducción de daños. "La falta de controles de calidad y seguridad en el mercado negro pone en riesgo la salud de los consumidores", enfatizó José Cirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando.
El debate sobre los vapeadores en México no es nuevo, pero la reciente decisión legislativa ha polarizado aún más las opiniones. Mientras Morena y sus aliados defienden la medida como una acción necesaria para proteger la salud pública, la oposición y las asociaciones provapeo sostienen que una regulación basada en evidencia científica es la mejor vía para manejar el problema sin recurrir a la criminalización.
Esta manifestación frente al Senado no es el único frente en este conflicto. La Cámara de Diputados también ha aprobado en el Pleno la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que busca erradicar la presencia de vapeadores en el mercado oficial. Sin embargo, las críticas desde la oposición y las organizaciones civiles siguen creciendo, demandando un enfoque más equilibrado que no solo represente una solución rápida, sino una estrategia integral y sustentable.
A medida que la reforma se acerca a su discusión en el Pleno del Senado, la pregunta que muchos se hacen es si esta medida realmente servirá para proteger a la ciudadanía o si, por el contrario, abrirá la puerta al fortalecimiento del mercado negro y a la criminalización de un segmento creciente de la población.
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