El aumento en el precio del diésel reabre el debate sobre el IEPS. Industriales advierten que el impuesto encarece transporte, producción y logística en la economía mexicana.
En la carretera México a Nogales, al amanecer, los camiones de carga comienzan a formar largas filas en las estaciones de servicio. Algunos transportistas cargan combustible antes de iniciar recorridos que cruzarán varios estados. Otros revisan números en una libreta o en el celular mientras observan la pantalla del dispensador.
El diésel se paga litro por litro.
Y cada vez cuesta más.
En medio de los recientes aumentos en el precio del combustible, organizaciones industriales han vuelto a colocar sobre la mesa una propuesta que aparece cíclicamente cada vez que el mercado energético se encarece. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación ha planteado reconsiderar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado al diésel.
La lógica detrás de la propuesta es simple, aunque sus implicaciones son complejas.
El diésel no es solo otro combustible dentro del sistema energético. Es el motor que mantiene en movimiento buena parte de la economía real del país.
A diferencia de la gasolina, cuyo consumo está asociado principalmente al transporte particular, el diésel tiene una relación directa con la actividad productiva.
Camiones de carga, tractocamiones, maquinaria agrícola, transporte público, autobuses de larga distancia y equipos industriales dependen de este combustible para operar.
Cuando el precio del diésel sube, el impacto no se queda en la estación de servicio.
Se propaga a lo largo de la economía.
El transporte de mercancías se vuelve más costoso. Las empresas que dependen de logística terrestre enfrentan aumentos en sus gastos operativos. El costo del traslado de productos agrícolas o industriales se incrementa.
Con el tiempo, ese aumento termina reflejándose en los precios finales de muchos productos.
Por esa razón, los industriales observan con preocupación cualquier incremento sostenido en el precio del diésel.
Dentro del precio que paga un consumidor por cada litro de combustible existen varios componentes.
Una parte corresponde al costo del producto en el mercado energético. Otra parte corresponde a los gastos logísticos relacionados con transporte y almacenamiento.
Pero también hay una proporción significativa que corresponde a impuestos.
El IEPS es uno de ellos.
Este impuesto especial se aplica a distintos productos, entre ellos los combustibles. Su objetivo original ha sido generar ingresos fiscales y, en algunos casos, influir en el consumo de ciertos bienes.
En el caso del diésel, el impuesto se ha convertido en un factor importante dentro de la estructura del precio final.
Por esa razón, cada vez que el combustible aumenta de precio, el debate sobre el IEPS reaparece en el sector productivo.
El transporte terrestre es uno de los sectores que más directamente resiente el costo del diésel.
México depende fuertemente de la red carretera para movilizar mercancías a lo largo del territorio. Desde productos agrícolas hasta componentes industriales, buena parte de la economía se mueve sobre ruedas.
Cada aumento en el precio del diésel modifica los costos operativos de las empresas transportistas.
Para un operador logístico que mueve decenas de camiones diariamente, incluso pequeños incrementos en el precio del combustible pueden representar diferencias importantes en el balance mensual.
Ese aumento eventualmente se traslada a las tarifas de transporte.
Y cuando las tarifas suben, toda la cadena productiva comienza a sentirlo.
El impacto del diésel va mucho más allá del transporte de mercancías.
En el campo mexicano, tractores, cosechadoras y sistemas de riego utilizan este combustible para operar. En la industria, equipos pesados y maquinaria también dependen de motores diésel.
Cuando el precio del combustible aumenta, los costos de producción se elevan en distintos sectores.
Las empresas enfrentan entonces un dilema clásico de la economía energética.
Absorber el aumento en sus costos o trasladarlo al precio final de los productos.
En muchos casos ocurre una combinación de ambos.
La propuesta de eliminar o reducir el IEPS al diésel no es nueva.
En distintos momentos, organizaciones empresariales han planteado ajustes fiscales para aliviar el costo energético que enfrentan sectores productivos.
Los gobiernos, sin embargo, suelen observar el tema desde otra perspectiva.
El IEPS representa una fuente relevante de ingresos fiscales. Reducirlo o eliminarlo implica renunciar a una parte de esos recursos.
Por esa razón, cada vez que el debate aparece, se convierte en una discusión que mezcla política energética, política fiscal y estrategia económica.
El precio del diésel suele funcionar como una especie de termómetro económico.
Cuando el combustible sube de precio, el efecto se propaga a lo largo de las cadenas logísticas del país.
Las empresas comienzan a recalcular costos. Los transportistas ajustan tarifas. Los productores revisan márgenes.
La economía real se mueve al ritmo del combustible que alimenta sus motores.
Por eso el debate sobre el IEPS vuelve a aparecer cada vez que el precio del diésel se dispara.
Eliminar el impuesto podría aliviar temporalmente la presión sobre sectores productivos.
Pero también implicaría una reducción en los ingresos fiscales que el gobierno obtiene de los combustibles.
En un país donde el gasto público depende de múltiples fuentes de financiamiento, ese equilibrio no es sencillo.
El debate probablemente continuará mientras el precio del combustible siga fluctuando.
En las carreteras del país, los camiones seguirán deteniéndose cada madrugada en las estaciones de servicio para cargar combustible.
En ese momento, el precio que aparece en la pantalla del dispensador no es solo una cifra energética.
Es también un reflejo de decisiones fiscales, tensiones del mercado petrolero y el equilibrio entre la política económica y la realidad de la industria.
Porque en México, el diésel no solo mueve motores.
Mueve la economía completa.
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