Por Redacción
El presidente de EE. UU. ordena agilizar permisos, reformar la NRC e invocar la Ley de Producción de Defensa para asegurar combustible atómico, mientras expertos advierten riesgos de seguridad y sobre-regulación.
A menos de cinco meses de volver a la Casa Blanca, Donald Trump desempolvó la pluma de las grandes decisiones y firmó tres órdenes ejecutivas que pretenden darle un nuevo aire—literalmente nuclear—al sistema eléctrico de Estados Unidos. La estrategia, presentada en un acto breve pero cargado de mensajes sobre “liderazgo y seguridad energética”, fija la meta de multiplicar por cuatro la capacidad nuclear nacional en los próximos 25 años y pone el foco en los reactores modulares pequeños (SMR), la tecnología estrella que aún no sale de los laboratorios pero que, según el mandatario, “encenderá la inteligencia artificial, la defensa y la manufactura del futuro”.
La primera orden acelera el reloj regulatorio: la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) tendrá sólo 18 meses para dictaminar licencias, un recorte radical frente a los procesos de hasta ocho años que desesperan a inversionistas. De paso, la Casa Blanca transfiere parte de la revisión técnica al Departamento de Energía, rompiendo un tabú de independencia que generó la protesta inmediata de exfuncionarios del propio organismo.
La segunda directiva abre la puerta de los laboratorios federales. Trump ordenó que se habiliten instalaciones del gobierno para probar prototipos de reactores avanzados y, de ser viable, instalar tres unidades piloto antes de julio de 2026 en terrenos federales. El argumento oficial es que la demanda eléctrica de los centros de datos y los sistemas de IA crece a un ritmo que la red actual ya no puede sostener sin nuevas fuentes libres de carbono—un guiño a los estados que compiten por atraer a gigantes tecnológicos. Finalmente, la tercera orden invoca la Ley de Producción de Defensa para blindar el suministro de uranio y otros insumos estratégicos. Con la medida, el Pentágono podrá cerrar contratos directos con mineras nacionales y, si es necesario, subsidiar la producción de combustible HALEU—un uranio enriquecido de alto rendimiento que exigen los reactores de próxima generación—para reducir la dependencia de proveedores rusos y kazajos.
Las reacciones no tardaron. Grupos ambientalistas y antiguos comisionados de la NRC acusaron a la administración de “desmantelar salvaguardas críticas” y advirtieron que acortar los plazos sin reforzar los controles podría repetir viejos errores de la industria. Aun así, operadores como Constellation Energy festejaron la decisión y señalaron que el país “perdía terreno frente a China y Corea del Sur” en materia de exportación de tecnología nuclear.
Hoy Estados Unidos opera 94 reactores que aportan cerca del 19 % de su electricidad y solo ha inaugurado dos grandes unidades en medio siglo. El plan de Trump aspira a romper esa inercia: pasar de 100 GW a 400 GW para 2050 combinando repotenciaciones, diez reactores convencionales nuevos y la producción en serie de SMR. El reto, admiten analistas, será equilibrar velocidad con seguridad en un sector que todavía carga la sombra de Three Mile Island.
La carrera—y la polémica—apenas empieza. Mientras la NRC descifra cómo cumplir la orden sin sacrificar rigurosidad, la Casa Blanca afina incentivos fiscales para atraer capital privado. El reloj político también corre: el Congreso deberá asignar fondos y, quizá, actualizar normas que datan de la Guerra Fría.
Mantente pendiente. En AI Regula Solutions ya rastreamos los primeros borradores de reglamento y el impacto potencial para la cadena nuclear latinoamericana. Suscríbete a nuestro boletín y recibe las actualizaciones antes que nadie.
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