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Descubre cómo la presidenta Sheinbaum acusa a la SCJN de bloquear las reformas judiciales en México y qué implica este enfrentamiento para el país.
En un clima político cargado de tensiones, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por la ministra Norma Piña, de obstaculizar las reformas constitucionales que buscan transformar el Poder Judicial. Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en Acapulco, Guerrero, y han generado un fuerte debate en el ámbito político y jurídico del país.
Sheinbaum aseguró que la SCJN ha aceptado amparos que impiden la incorporación de los recursos de fideicomisos judiciales a la Tesorería de la Federación, lo que contraviene, según ella, lo estipulado en la Constitución. También acusó a la Corte de interrumpir las actividades de las comisiones de evaluación de aspirantes del Poder Judicial.
“La Constitución es clara: el amparo no aplica en reformas constitucionales”, afirmó la mandataria. Además, destacó que el Tribunal Electoral ya determinó que estos asuntos están fuera de la jurisdicción de la SCJN.
Uno de los puntos más controvertidos es la elección de jueces, magistrados y ministros de la SCJN programada para el 1 de junio. Sheinbaum señaló que no existe base jurídica para interrumpir este proceso y reiteró que las reformas constitucionales avalan su realización. La presidenta enfatizó que tres mil personas están inscritas en este proceso y que sus derechos deben ser protegidos.
Para abordar este tema, Sheinbaum instruyó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y a la consejera jurídica Ernestina Godoy a dialogar con el Senado y buscar mecanismos que garanticen la participación de los aspirantes.
La mandataria también acusó a la SCJN de querer recortar las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial tras el ajuste presupuestal aprobado para 2024. Según Sheinbaum, el presupuesto asignado es suficiente para cubrir las necesidades del Poder Judicial, por lo que instó a los ministros a ajustar sus beneficios en lugar de afectar a los empleados.
Aunque los ministros no han emitido una respuesta oficial, es evidente que las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial están en un punto álgido. La SCJN ha defendido históricamente su independencia y ha señalado que los amparos presentados buscan garantizar el respeto a los derechos establecidos en la Constitución.
En este contexto, la solución parece estar en un diálogo más constructivo entre los poderes del Estado. Mientras tanto, el debate en torno a la reforma del Poder Judicial sigue dividiendo opiniones y plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre la independencia judicial y la necesidad de reformas profundas.
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