Pemex está quemando 42% de su gas natural. El problema no es técnico, es estructural: falta de infraestructura, decisiones operativas y pérdidas económicas silenciosas.
En México, el gas natural no es escaso en el punto donde se produce. Lo que falta es todo lo que viene después. Hoy, alrededor del 42% del gas asociado que extrae Petróleos Mexicanos no se procesa, no se transporta y no se comercializa. Se quema directamente en campo.
El dato no describe un incidente ni una desviación puntual. Describe una forma de operar.
La quema de gas, o flaring, es una práctica conocida en la industria petrolera, utilizada cuando no existe infraestructura suficiente para manejar el gas asociado al crudo. Sin embargo, cuando esta práctica alcanza niveles cercanos a la mitad de la producción, deja de ser un mecanismo de emergencia y se convierte en un síntoma estructural.
El gas que se quema no es un residuo inesperado. Es parte natural del proceso de extracción de petróleo. Cada barril producido viene acompañado de un volumen de gas que, en condiciones óptimas, debería ser capturado, comprimido, procesado e incorporado al sistema energético.
Ese proceso implica una cadena completa de infraestructura. Se requiere recolección en sitio, sistemas de compresión, instalaciones de procesamiento y redes de transporte que conecten el gas con centros de consumo. Cuando alguno de estos eslabones no existe o no tiene capacidad suficiente, el gas queda sin destino.
En ese momento, la decisión operativa es clara: se mantiene la producción de petróleo y el gas se elimina mediante quema.
Lo que este modelo revela es una prioridad implícita. El sistema está diseñado para sostener la producción de crudo, incluso cuando no puede manejar el gas que genera.
El volumen de flaring en México no puede explicarse sin entender la fragmentación de la cadena de valor. La producción de hidrocarburos ha avanzado en ciertos campos, particularmente en zonas marinas y del sureste, pero la infraestructura de transporte y procesamiento de gas no ha crecido al mismo ritmo.
Esto genera un desbalance constante. Los pozos producen, pero el sistema no absorbe.
En regiones como Tabasco y Campeche, esta desconexión es recurrente. Campos que operan con presión para mantener niveles de extracción generan volúmenes de gas que simplemente no tienen salida. La falta de ductos funcionales, la limitada capacidad de compresión y las restricciones en plantas de procesamiento obligan a tomar la ruta más inmediata: quemar.
No es una falla puntual. Es la consecuencia de operar con una cadena incompleta.
Desde una perspectiva financiera, el gas quemado representa energía desaprovechada. Cada molécula que se libera en forma de combustión pudo haber sido utilizada para generación eléctrica, consumo industrial o sustitución de importaciones.
Sin embargo, esta pérdida no se refleja de manera directa en los reportes financieros. No aparece como una línea explícita de gasto o merma. Se diluye dentro de la operación, como si fuera un subproducto inevitable.
En realidad, reduce el valor total de la producción.
Si se considera el volumen total de gas que Pemex quema diariamente, el impacto económico acumulado es significativo. No solo por el valor del gas en sí, sino por la oportunidad perdida de integrarlo al sistema energético nacional.
La quema de gas no solo implica una pérdida energética. También afecta la dinámica interna de los campos.
En muchos yacimientos, el gas asociado cumple una función clave en el mantenimiento de presión. Cuando no se gestiona adecuadamente, la eficiencia en la recuperación de petróleo puede verse comprometida. Esto significa que la decisión de no manejar el gas correctamente tiene efectos más allá del momento inmediato.
Se trata de un impacto acumulativo.
A medida que la presión disminuye o no se optimiza, la capacidad del yacimiento para entregar crudo se deteriora más rápido. Esto obliga a intervenciones adicionales y eleva los costos operativos en el tiempo.
México cuenta con lineamientos claros para reducir la quema de gas. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ha establecido límites y obligaciones para los operadores, con el objetivo de minimizar emisiones y mejorar el aprovechamiento de los hidrocarburos.
Sin embargo, la regulación enfrenta un límite práctico.
Cuando la infraestructura no existe, el cumplimiento se vuelve técnicamente complejo. Y cuando detener la producción de petróleo no es una opción viable, la quema se mantiene como la única alternativa operativa.
Esto genera una contradicción permanente. El marco regulatorio busca reducir el flaring, pero la operación sigue funcionando bajo condiciones que lo hacen inevitable.
México importa más del 70% del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos. Esta dependencia ha sido un tema constante en la discusión energética del país.
En ese contexto, el nivel de gas quemado adquiere otra dimensión.
El país no solo depende del exterior para abastecer su demanda. También desperdicia una parte significativa de su propia producción. Esta combinación no es resultado de falta de recursos, sino de falta de integración.
La energía existe. El sistema no está preparado para aprovecharla.
El nivel de flaring no debe leerse como un incidente operativo. Es un indicador del estado del sistema energético.
Refleja que la producción, el transporte y el procesamiento no están alineados. Que las decisiones en campo responden a necesidades inmediatas, pero no a una lógica integrada. Y que la infraestructura no ha acompañado el ritmo de extracción.
Esto no se corrige con ajustes menores ni con cambios aislados. Requiere una intervención estructural que conecte toda la cadena de valor del gas.
A nivel global, la quema de gas ha sido cada vez más restringida. Iniciativas internacionales, reguladores y financiamiento vinculado a criterios ambientales han colocado el flaring como uno de los indicadores clave de eficiencia operativa.
En ese entorno, los niveles actuales de México lo colocan en una posición incómoda. No solo por emisiones, sino por lo que reflejan sobre la forma en que se están gestionando los recursos.
Reducir el flaring no es solo una exigencia ambiental. Es una condición para mantener competitividad en un entorno energético cada vez más exigente.
El dato del 42% no es un exceso temporal. Es la evidencia de un sistema que opera con pérdidas estructurales.
Pemex produce petróleo bajo condiciones que no garantizan el aprovechamiento completo de los hidrocarburos. Y mientras esa condición persista, la quema de gas seguirá siendo parte de la operación cotidiana.
No porque sea inevitable.
Sino porque el sistema, en su estado actual, no tiene cómo evitarlo.
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