México depende del GLP, pero su infraestructura vulnerable amenaza el suministro. ¿Qué soluciones urgen para garantizar seguridad energética?
México depende cada vez más del Gas Licuado de Petróleo (GLP) para sostener la vida diaria en los hogares. Sin embargo, la estructura que sostiene ese consumo masivo opera en condiciones frágiles, saturadas y altamente vulnerables. El país demanda entre 39 y 42 millones de litros diarios, pero solo el 30% se produce internamente; el resto llega por vía marítima, carretera o a través de una red de ductos limitada, compuesta por apenas cuatro líneas activas, dos de ellas privadas. El sistema nacional de GLP de Pemex concentra la mayor capacidad, pero cuando se interrumpe, el impacto se vuelve nacional.
La reciente suspensión del ducto Altiplano por inundaciones en Poza Rica expuso esta vulnerabilidad. Aunque había inventario suficiente, la falta de rutas seguras paralizó la logística y encendió las alarmas: el problema no es la falta de gas, sino la falta de infraestructura resiliente. México cuenta con 34 permisos de almacenamiento que suman 960 millones de litros, equivalentes a 20–22 días de inventario, más otros 101 millones en construcción. Pero la capacidad sobre el papel no se traduce en seguridad real: el cuello de botella está en la distribución.
Más de mil plantas reciben, almacenan y despachan GLP hacia cilindros, autotanques y tanques estacionarios, pero muchas operan con infraestructura envejecida. A esto se suma un mercado concentrado en pocas empresas que controlan rutas y logística, lo que inhibe competencia e inversiones. El robo de GLP mediante tomas clandestinas —el llamado huachigas— agrava la crisis: 20 mil millones de pesos en pérdidas anuales, riesgos para comunidades y un ecosistema donde la ilegalidad desplaza a operadores formales.
La regulación tampoco ayuda. Abrir una planta, modificar instalaciones o integrar nuevas rutas es un proceso lento y burocrático que desincentiva mejoras urgentes. Mientras tanto, la dependencia del transporte por carretera y la falta de ductos en regiones como el sur y sureste elevan costos y riesgos. Si México enfrentara una interrupción repentina de importaciones, la crisis sería inmediata.
¿Qué sigue? El país necesita una estrategia integral: nuevos ductos, incentivos para inversión privada, modernización de plantas, controles contra el robo y una regulación que agilice proyectos críticos. Transportar GLP por carretera es caro e inseguro; la única forma de reducir costos y garantizar suministro es mover el gas de manera masiva y segura. El futuro energético exige decisiones hoy: sin infraestructura robusta, la estabilidad del GLP seguirá siendo una ilusión.
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