Pemex publicó el aviso para consultar la modificación a sus Disposiciones Generales de Contratación, que permite adherirse a esquemas consolidados de la administración pública.
El sistema de contratación de Petróleos Mexicanos vuelve a moverse, esta vez sin estridencias, pero con implicaciones profundas para proveedores, contratistas y áreas internas de la empresa. El Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2026 da a conocer las direcciones electrónicas donde puede consultarse la modificación a las Disposiciones Generales de Contratación de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias, aprobada desde noviembre por su Consejo de Administración.
Aunque el Aviso en sí es breve y de naturaleza informativa, el contenido del documento que remite revela un cambio relevante en la forma en que Pemex podrá adquirir bienes, contratar servicios y ejecutar obras, particularmente en lo relativo a su participación en esquemas de contratación consolidados y mecanismos impulsados por la Administración Pública Federal.
La modificación fue aprobada en la Sesión 1045 Extraordinaria del Consejo de Administración, celebrada el 18 de noviembre de 2025, mediante el Acuerdo CA-149/2025. Con ello, Pemex actualiza formalmente sus Disposiciones Generales de Contratación, que rigen todos los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que realiza la empresa y sus subsidiarias.
El objetivo declarado se mantiene alineado con la lógica histórica del régimen especial de Pemex: asegurar que los procesos de contratación favorezcan la mejor realización de los fines de la empresa, bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Sin embargo, el ajuste normativo introduce matices que alteran la práctica cotidiana de la contratación.
El cambio más relevante se concentra en el artículo 13 de las Disposiciones, donde se adicionan nuevos párrafos que facultan expresamente a Pemex para incorporarse, agruparse o adherirse a cualquier mecanismo de contratación, esquema o programa que se lleve a cabo en la Administración Pública Federal, cuando dichas contrataciones resulten técnica, operativa o económicamente favorables para la empresa.
Esto significa que Pemex ya no dependerá exclusivamente de sus propios procedimientos para determinados procesos de compra o contratación. Podrá sumarse a esquemas consolidados liderados por otras dependencias, siempre que exista una justificación previa de las áreas competentes y se formalice mediante los instrumentos jurídicos correspondientes.
Desde la óptica operativa, esta disposición flexibiliza un sistema históricamente rígido y abre la posibilidad de reducir tiempos, costos y cargas administrativas en procesos complejos.
Un elemento particularmente sensible del ajuste normativo es la exclusión de la Debida Diligencia viable en ciertos supuestos. La modificación establece que no será aplicable este requisito tratándose de contrataciones consolidadas y de cualquier mecanismo de contratación en materia de servicios de salud dentro de la Administración Pública Federal, privilegiando expresamente el derecho a la salud y a la vida de los derechohabientes.
Este punto no es menor. Introduce una excepción clara a uno de los filtros más relevantes en la contratación de Pemex, lo que tendrá implicaciones directas para proveedores del sector salud, así como para los esquemas de control interno y auditoría.
Para el ecosistema de proveedores y contratistas, la modificación redefine el terreno de juego. La posibilidad de que Pemex se adhiera a procedimientos consolidados implica que algunos procesos de contratación dejarán de gestionarse directamente por la empresa, trasladando la competencia a plataformas, reglas y tiempos definidos por otras instancias del gobierno federal.
Esto obliga a los proveedores a ampliar su lectura regulatoria y a monitorear no solo las convocatorias de Pemex, sino también los mecanismos de contratación centralizados de la administración pública.
La actualización de las Disposiciones Generales de Contratación ocurre en un momento clave: Pemex ya opera formalmente como Empresa Pública del Estado, tras las reformas constitucionales y legales de 2024 y 2025. El propio documento ajusta su lenguaje para reflejar ese nuevo estatus jurídico, sustituyendo referencias previas a “empresa productiva del Estado”.
Más allá de lo técnico, el mensaje es claro. Pemex busca mayor margen operativo para cumplir sus objetivos en un entorno financiero, operativo y político cada vez más restrictivo. La contratación, una de las palancas más sensibles de la empresa, empieza a alinearse con una lógica de centralización y coordinación gubernamental más amplia.
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