Por Redacción
Estudios del CEEY, IDEA y expertos revelan que la transición energética en México debe priorizar equidad para evitar ampliar brechas sociales y regionales. Claves para una transición justa e inclusiva.
México enfrenta un desafío crucial: garantizar que su transición hacia energías renovables no solo sea verde, sino también justa e inclusiva, evitando profundizar las brechas sociales y regionales existentes. Esta es la principal conclusión que emergió de estudios recientes presentados por centros de investigación líderes, poniendo el foco en la necesidad urgente de políticas diseñadas con lentes de equidad.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), en su investigación "Transición energética justa, desigualdad estructural y movilidad social en México", subrayó que el acceso a la energía es un pilar fundamental para el desarrollo económico y el progreso social. Sin embargo, advirtió que los beneficios de las energías limpias no llegarán a todos por igual si no se prioriza activamente la movilidad social ascendente y la inclusión económica.
"El acceso a energía es esencial. Para una transición verdaderamente justa, debemos asegurar que el impulso a las renovables genere oportunidades concretas y equidad, especialmente para quienes históricamente han quedado rezagados", destacó el investigador Alejandro López-Feldman durante el evento Transición Energética, Desigualdades y Movilidad Social, organizado por la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey. López-Feldman señaló caminos prometedores, como fortalecer cooperativas en comunidades vulnerables mediante la expansión de renovables, y promover incentivos fiscales que faciliten un acceso más democrático a estas tecnologías. "Con mayor accesibilidad, gobernanza inclusiva y energía limpia, México puede cerrar brechas y avanzar hacia una justicia energética sostenible", concluyó.
Esta necesidad de enfoques diferenciados fue reforzada por el estudio "Transición energética justa en México: vulnerabilidades, impactos y claves para la equidad", impulsado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Delegación de la Unión Europea en México, realizado por el Instituto de Desarrollo Energía y Ambiente (IDEA). La investigación evidenció de manera contundente que una misma política energética puede tener impactos radicalmente distintos según el estado donde se aplique.
Por ejemplo, el eventual retiro de centrales basadas en combustibles fósiles podría golpear con mayor severidad a Guerrero, dada su alta incidencia de pobreza, mientras que en Coahuila, aunque con menor pobreza, la alta dependencia de la minería de carbón la hace especialmente vulnerable. "Los impactos no son homogéneos; requieren soluciones a la medida", explicó Marco Jano, Subdirector de Investigación de IDEA.
El estudio de IDEA también destapó una vulnerabilidad desproporcionada en grupos específicos: mujeres, pueblos originarios y comunidades rurales. Jano enfatizó la necesidad crítica de asegurar su representación efectiva en consultas, proporcionar información en lenguajes accesibles y considerar sus necesidades energéticas únicas en el diseño e implementación de proyectos. "La inclusión activa no es un añadido, es un requisito para la justicia", apuntó.
Complementando este panorama, Diego Castañeda, autor del estudio "Simulación del impacto en el empleo y la desigualdad de la transición energética en México hacia 2030", presentó un análisis cuantitativo esperanzador pero con matices importantes. A nivel nacional, la transición generaría un saldo neto positivo de aproximadamente 40,000 empleos hacia 2030 (resultado de unos 60,000 nuevos puestos en renovables y sectores asociados, contra 20,000 pérdidas en generación fósil).
Sin embargo, Castañeda alertó que este crecimiento no se repartirá de manera equitativa. "El impacto será desigual entre sectores, regiones y grupos sociales", afirmó. Su modelo identifica estados potencialmente "ganadores", como Sonora (por su potencial solar) u Oaxaca (por el viento), frente a posibles "perdedores" como Coahuila (carbón) o Veracruz (petróleo y refinerías). Aunque a nivel nacional el efecto sobre la distribución del ingreso sería neutro, las disparidades regionales podrían acentuarse.
El mensaje conjunto de estas investigaciones es claro: la transición energética mexicana es una oportunidad histórica, pero su éxito social dependerá de que vaya acompañada de políticas públicas inteligentes y focalizadas. Se requiere una estrategia multidimensional que combine:
Acceso prioritario en zonas vulnerables: Llevar energías renovables y asequibles a comunidades marginadas y rurales.
Incentivos y financiamiento: Facilitar la adopción de tecnologías limpias por parte de hogares y pequeñas empresas de bajos ingresos.
Reconversión laboral y desarrollo económico local: Preparar a las regiones y trabajadores afectados por el declive de los fósiles, con programas de capacitación e inversión en nuevas industrias sostenibles.
Gobernanza inclusiva: Garantizar la participación efectiva de mujeres, indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones.
Enfoque territorial: Diseñar políticas específicas para cada estado, reconociendo sus realidades socioeconómicas y su matriz energética actual.
La transición energética no avanza sobre un terreno plano. México tiene la tarea de allanar el camino, asegurando que la ruta hacia un futuro bajo en carbono sea también un camino hacia una sociedad más equitativa y con mayor movilidad social. La ventana para actuar con inteligencia y justicia está abierta.
¿Quiere profundizar en las políticas específicas y soluciones regulatorias para lograr esta transición justa? Manténgase atento a los análisis y recomendaciones que publicaremos próximamente en AI Regula Solutions.
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