Por Redacción
Conoce las reglas clave para permisionarios de hidrocarburos con el nuevo marco legal 2025. Obligaciones semanales, acceso abierto, riesgos legales y oportunidades de negocio en transporte, distribución, almacenamiento y más, explicados de forma clara.
En 2025 PEMEX cambió de raíz su estructura tras las reformas constitucionales y la nueva Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos (LEPEPM). Este nuevo marco legal deja claro que PEMEX seguirá responsable de toda la cadena del hidrocarburo —exploración, producción, transporte, distribución, almacenamiento, comercialización y venta— pero también insiste en que no hay monopolios legales. En otras palabras, abre la puerta a que terceros y permisionarios privados participen activamente en el sector.
¿Quiénes son los permisionarios de Pemex? Son las empresas o personas a quienes la autoridad energética otorga permisos para operar en actividades reguladas: por ejemplo, transportar hidrocarburos por ductos, distribuir combustibles (gasolineras o redes de gas LP), almacenar petrolíferos o realizar comercio mayorista de productos derivados. Hasta ahora, muchas de estas funciones estaba a cargo de PEMEX Logística o de permisionarios históricos, pero el nuevo esquema deja claro que la infraestructura de transporte y almacenamiento deberá ofrecer acceso abierto a terceros bajo condiciones justas. Esto permite que nuevos jugadores usen los ductos y almacenes existentes (algunas capacidades) a cambio de tarifas reguladas, siempre que haya espacio disponible.
El cambio de reglas implica obligaciones de transparencia y control más estrictas para permisionarios. Según la nueva Ley del Sector Hidrocarburos (LSH), cada permisionario debe reportar semanalmente datos clave: volúmenes transportados o distribuidos, mediciones y calidad de los hidrocarburos manejados, así como operaciones comerciales con clientes y proveedores. Es decir, el gobierno vigila de cerca los movimientos en cada etapa de la cadena. Además, por disposiciones de la reforma fiscal, las personas con permiso de importación asumen responsabilidad solidaria sobre las obligaciones fiscales de las actividades relacionadas.
La lógica tras estas medidas es combatir el huachicol fiscal y garantizar la trazabilidad de la cadena de valor: ahora las autoridades pueden conocer al detalle quién mueve qué cantidad de combustibles, hacia dónde y a qué precio. La CNE y SENER (nuevas autoridades reguladoras) podrán exigir esta información como parte de sus facultades de supervisión. De hecho, la LSH faculta a estas entidades a imponer suspensiones provisionales de operación en casos de riesgo, así como ocupación temporal de instalaciones para proteger los intereses de la nación. Esto subraya que el incumplimiento de los reportes o normas técnicas puede acarrear sanciones inmediatas: desde multas hasta la pérdida del permiso.
Un aspecto destacado es el acceso abierto no discriminatorio. La ley mantiene la obligación de que los permisionarios que operan ductos de transporte o almacenamiento permitan el paso de terceros bajo tarifas reguladas. En la práctica, esto significa que empresas independientes pueden contratar espacio en ductos de PEMEX (o de cualquier permisionario que lo ofrezca) para mover sus propios combustibles. Aunque PEMEX y sus filiales quedan exentas de esta obligación, en general esta regla favorecerá la competencia y creará nuevas rutas logísticas.
Por ejemplo, una empresa nueva de distribución podrá negociar con el dueño de una terminal o un ducto para almacenar su producto o trasladarlo. Para aprovecharlo, los permisionarios de transporte y almacenamiento deben ajustar sus operaciones, adoptando sistemas abiertos y, en su caso, separando jurídicamente su negocio de transporte del de venta final. Esto evita conflictos de interés y asegura que los usuarios finales tengan acceso real y eficiente. En otras palabras: ya no se trata de “mi combustibles y tu combustibles”, sino de “la tubería abierta para todos” (siempre que haya espacio).
Con este nuevo panorama, el cumplimiento normativo se vuelve crítico. Las sanciones pueden ser graves: desde la revocación del permiso hasta responsabilidades penales, dependiendo de la gravedad de la falta. Por ejemplo, no entregar la información semanal requerida, manipular datos o no permitir acceso abierto a terceros podría considerarse infracción grave. Además, las autoridades podrán realizar auditorías sorpresa: la Ley elimina las figuras de secreto bancario o fiscal para inspecciones en hidrocarburos, de modo que incluso los informes internos pueden ser revisados bajo mandato legal.
En el terreno fiscal, los permisionarios importadores deben cuidar que no haya desvío de recursos ni evasión de impuestos, pues ahora responden solidariamente por las obligaciones conexas. Todo esto compone un entorno en el que la confianza y la transparencia son la regla de oro. Así, la recomendación es reforzar los sistemas de contabilidad volumétrica (controles físicos en camiones y ductos), las auditorías internas y contratar asesoría legal especializada en energía. En otras palabras: actuar al cien (con responsabilidad) en el cumplimiento normativo, para evitar contratiempos con la autoridad.
Aunque este marco suena estricto, también abre posibilidades de negocio. Primero, hay demanda de soluciones tecnológicas para el cumplimiento: plataformas de reporte automatizado, servicios de monitoreo satelital o digital de ductos y estaciones, y auditorías energéticas. Las empresas que ofrezcan servicios de software o consultoría en regulaciones energéticas están ante un mercado ávido de asesoría.
Segundo, con PEMEX ya no monopolizando la logística, surgen oportunidades para invertir en infraestructuras compartidas. Quienes operan terminales de almacenamiento o redes de gas pueden atraer nuevos clientes al abrir su espacio. Además, la LSH introduce un permiso nuevo de “formulación” (mezcla de petrolíferos con aditivos o biocombustibles), lo que invita a instalar plantas especializadas que elaboren gasolina o diesel de calidad regulada.
Tercero, se fortalecen alianzas público-privadas: la ley permite a PEMEX celebrar contratos mixtos para compartir riesgos e inversiones. Esto significa que permisionarios pueden asociarse con la petrolera o con el estado en proyectos conjuntos, maximizando recursos y experiencia.
En resumen, ajustarse a las nuevas reglas no solo evita multas: también coloca a las empresas un paso adelante. Quien cumplas los requisitos rápidamente puede ganar reputación ante socios potenciales y autoridades, quedando en mejor posición para participar en futuras licitaciones u oportunidades de crecimiento.
El mensaje principal para los permisionarios es que el 2025 exige precisión y profesionalismo. No basta con tener un permiso; ahora debe acompañarse de cumplimiento estricto y sistemas de control sólidos. La buena noticia es que este conocimiento es capital. La industria necesita expertos, software y procesos claros, y eso genera nichos de negocio.
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