Pemex detectó más de 22,000 tomas ilegales en 2024-2025. El robo de combustible erosiona finanzas, incrementa riesgos operativos y exige respuestas regulatorias i
Pemex reportó haber identificado 10,591 tomas ilegales en 2025 y 11,774 en 2024. Esos registros no son un dato aislado sino la cuantificación de una práctica sistémica que erosiona volúmenes, ingresos y seguridad industrial. La detección indica mayor visibilidad operativa, pero también evidencia la magnitud del problema que persiste a pesar de medidas anteriores de contención.
El impacto inmediato es financiero: pérdidas por producto sustraído, gastos de reparación, interrupciones logísticas y mayores primas de seguros por riesgo de siniestro. A nivel de flujo de caja, el robo recurrente convierte ingresos previsibles en partidas volátiles que complican la planificación de inversión en exploración, mantenimiento y modernización de infraestructura.
Operativamente, las tomas ilegales multiplican riesgos de explosión, derrame y daño ambiental. Cada perforación clandestina altera la integridad del ducto, reduce la capacidad de control de presión y exige paros no programados para trabajos de reparación y limpieza, con costos directos e implicaciones de seguridad para el personal y comunidades cercanas.
Desde la perspectiva regulatoria, la situación pone en evidencia la necesidad de mayor coordinación entre SENER, ASEA y la autoridad encargada del mercado de energía —CNE— para cerrar vacíos normativos que permiten la persistencia del hurto. Las sanciones administrativas y el marco de responsabilidad ambiental se vuelven relevantes para atribuir costos de remediación y prevenir reincidencias.
Para empresas reguladas y contratistas que operan en logística petrolífera, la señal es clara: los procesos de due diligence y los controles en la cadena de suministro deben reforzarse. Subcontratistas sin escrutinio o proveedores locales utilizados para accesos a ductos aumentan exposición al riesgo legal y reputacional ante evidencia de complicidad.
Impacto en mercado de petrolíferos y gas natural: el robo interfiere en la oferta regional de combustibles, genera desvíos logísticos hacia transporte por carretera y puede disparar costos marginales de distribución. Para consumidores, esto se traduce en potenciales desabastos localizados y presiones sobre precios al menudeo en áreas afectadas.
La seguridad energética nacional también se ve comprometida. Pérdidas sostenidas reducen la capacidad de Pemex para sostener inversiones prioritarias, lo que a su vez limita opciones de respuesta ante shocks de precio o demanda. La dependencia de infraestructura física vulnerable magnifica el riesgo sistémico.
En materia de cumplimiento ambiental, ASEA y la autoridad ambiental estatal tienen margen para exigir planes de remediación y sanciones. Sin embargo, la ejecución efectiva requiere cadenas de custodia de pruebas e investigaciones forenses que hoy resultan complicadas por la dispersión geográfica de las tomas y la participación de redes criminales organizadas.
Para inversionistas, el problema añade un factor de riesgo operativo que debe incorporarse en valoración de activos y en due diligence. La persistencia del robo podría elevar el costo de capital de proyectos, encender covenants financieros y frenar la entrada de socios estratégicos que buscan predictibilidad operacional.
Medidas operativas imprescindibles incluyen: aceleración de inversiones en monitoreo en tiempo real, telemetría avanzada, tecnologías de detección acústica y satelital, implementación de programas de integridad de ductos con prioridades basadas en riesgo y mayor uso de válvulas de seccionamiento remoto para minimizar pérdidas ante una perforación.
En gobernanza, Pemex debe reforzar controles internos y transparencia en reportes de incidentes, así como programas de protección a denunciantes y auditorías independientes. Para el gobierno resulta crítico articular una estrategia que combine seguridad pública, inteligencia financiera para desarticular cadenas de comercialización ilícita y ajuste regulatorio que permita sanciones efectivas a actores implicados.
Recomendación práctica para directivos y responsables técnicos: priorizar inversión en mitigación de riesgo por integridad de ductos sobre proyectos no imprescindibles a corto plazo, auditar contratos de transporte y almacenamiento, y establecer acuerdos operativos con autoridades locales para protección de activos.
El dato de más de 22,000 tomas ilegales en dos años debe leerse como una alerta estratégica: sin una respuesta técnica, regulatoria y de seguridad coordinada, las pérdidas continuarán afectando finanzas, operaciones y la capacidad del país para garantizar suministro estable de combustibles y gas.
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