Entre enero y octubre de 2025, Pemex sumó 108 estaciones, muchas por migración inversa desde marcas privadas. El regreso a la franquicia se ha convertido en una decisión de gestión de riesgo frente a la CNE, mayores costos de cumplimiento, presión fiscal y un mercado con déficit de estaciones y competencia debilitada.
En los mapas de mercado que revisan los fondos de infraestructura, hay un detalle que ya no se puede ignorar. Después de casi una década de apertura, un número creciente de estaciones que apostaron por marcas privadas está volviendo al verde Pemex. Entre enero y octubre de 2025, la petrolera sumó 108 estaciones a su red, y buena parte de ese crecimiento no se debe a nuevas aperturas, sino a migración inversa de banderas que habían abandonado la franquicia en los años de auge privado.
El fenómeno no es nostálgico ni ideológico. Es una decisión fría de gestión de riesgo en un tablero que cambió de reglas. El tránsito de la antigua CRE hacia la CNE, el endurecimiento de la trazabilidad del combustible, la redefinición de Pemex como empresa pública con mandato de seguridad energética y una política de IEPS sin estímulos han modificado la ecuación de negocio. Para muchos empresarios gasolineros, regresar a Pemex se ha convertido en una forma de blindaje frente a un entorno donde el regulador aprieta, la competencia se reduce y la incertidumbre sobre permisos y verificaciones se vuelve un factor tan relevante como el margen por litro.
El punto de inflexión no fue una sola norma, sino un encadenamiento de decisiones. La desaparición de la CRE y el ascenso de la CNE marcaron un cambio de tono en la supervisión del retail de combustibles. El nuevo regulador llegó con discurso de déficit nacional de estaciones, desiertos gasolineros y necesidad de ordenar un mapa donde coexisten mercados saturados y municipios con cobertura mínima.
Para las marcas privadas, ese giro no solo trajo más escrutinio, también mayor opacidad en tiempos y criterios para trámites. Renovar un permiso, ampliar tanques, ajustar infraestructura de seguridad o registrar cambios en socios se volvió un proceso más lento y sensible. Al mismo tiempo, se reforzaron las exigencias de control volumétrico, trazabilidad y cumplimiento de normas como la NOM 016, en paralelo con esquemas de QR por unidad de transporte y cruces más agresivos con información fiscal. El mensaje implícito fue claro: la tolerancia a errores formales se reduce y el costo reputacional de cualquier desviación es mayor.
En ese contexto, la marca Pemex ofrece algo que muchas banderas privadas no pueden replicar. No solo suministro, también la percepción de que los canales de comunicación con la autoridad son más directos y de que el riesgo de fricciones regulatorias se amortigua al amparo de la empresa pública que el propio marco legal coloca en el centro de la seguridad energética. El nuevo Reglamento de Pemex como empresa pública, que prioriza el abasto y la función social por encima de la rentabilidad estricta, refuerza esa idea entre los empresarios que operan en regiones con supervisión intensa.
El cálculo es sencillo para muchos operadores medianos: seguir bajo una marca privada implica asumir el costo completo del cumplimiento, negociar logística en un entorno donde Pemex conserva la mayor parte de la infraestructura y enfrentar a un regulador que ya no está obligado a dar trato asimétrico favorable a los nuevos entrantes. Volver a Pemex significa ceder margen de maniobra comercial, pero ganar una especie de paraguas institucional en un tablero donde pocos quieren ser el caso de ejemplo de la nueva CNE.
La dimensión comercial tampoco favorece al operador independiente. La decisión de mantener el IEPS sin estímulos durante decenas de semanas consecutivas cargó impuestos completos sobre cada litro de gasolina y diésel. Eso dejó menos espacio para jugar con precios al público sin sacrificar margen y presionó especialmente a estaciones que dependen de diferenciales agresivos para competir con la red de Pemex. En muchos mercados, el pacto político en torno al precio de la gasolina regular terminó funcionando como ancla informal que limita el rango de maniobra de las marcas privadas.
A esto se suma un paisaje competitivo que luce menos poblado que hace cinco años. La retirada parcial de algunas petroleras internacionales, la venta de redes a grupos locales y la consolidación de marcas regionales redujeron la diversidad de banderas disponibles. La salida de jugadores emblemáticos envió un mensaje poderoso a los empresarios gasolineros: incluso corporaciones globales con espalda financiera han decidido recortar exposición al mercado mexicano, en un entorno de mayor control estatal y retornos más ajustados.
En paralelo, la narrativa de déficit de estaciones abrió una ventana de oportunidad paradójica. Mientras la CNE reconoce que el país necesitaría decenas de miles de gasolineras adicionales para equilibrar la cobertura, los operadores actuales saben que su activo se vuelve más valioso, pero también más vigilado. En municipios con pocos puntos de venta, la presión social y política por garantizar abasto continuo es alta. Ser la única o una de las pocas estaciones fuera de la red Pemex puede interpretarse como una exposición innecesaria cuando la prioridad del Estado es asegurar combustible incluso a costa de criterios exclusivamente comerciales.
En ese escenario, regresar a Pemex ofrece algo que vale tanto como un centavo extra de margen: previsibilidad en el flujo de producto y en la narrativa política que rodea a la estación. Un establecimiento que viste de verde se alinea con el discurso oficial de soberanía energética y tiende a ser visto como parte de la solución, no como un actor potencialmente especulador.
Hay otro nivel menos visible pero igual determinante: la logística. El plan estratégico de Pemex para esta década consolida a la empresa como actor dominante en ductos, terminales y reparto de última milla. Aunque el mercado abrió espacio para proyectos privados de almacenamiento e importación, la columna vertebral de la distribución de petrolíferos sigue en manos de la estatal. En un entorno de verificaciones más frecuentes, controles de calidad más estrictos y trazabilidad reforzada, muy pocos operadores quieren estar del lado débil de la cadena logística.
Volver a la franquicia implica alinearse con esa red y aceptar condiciones contractuales más acotadas, pero también reduce la probabilidad de interrupciones, recortes de volumen o tensiones por asignación de producto en coyunturas de estrés. En un mercado donde el déficit de estaciones coexiste con saturación urbana y cuellos de botella regionales, tener un contrato anclado a la estrategia de abastecimiento de la empresa pública pesa más que la promesa de autonomía absoluta que ofrecían algunas marcas privadas al inicio de la apertura.
La marca también cuenta, aunque de forma distinta a 2017. El consumidor promedio hoy distingue menos entre banderas privadas específicas y más entre dos grandes bloques: estaciones Pemex y estaciones que no lo son. En zonas con ingresos medios y bajos, la asociación entre Pemex y estabilidad de precio y abasto sigue siendo fuerte. En áreas urbanas con mayor competencia, la decisión de compra se ha vuelto híbrida: mezcla percepciones de calidad, experiencia en tienda de conveniencia y promociones bancarias, pero el viejo reflejo de confiar en el logo verde no ha desaparecido.
Para un operador que enfrenta inversiones crecientes en seguridad industrial, controles ambientales, sistemas de información y formación de personal, sumar además el costo permanente de posicionar una marca privada frente a ese arraigo histórico puede dejar de ser atractivo. En cambio, regresar a Pemex permite destinar más recursos a la operación y al cumplimiento, en lugar de sostener una batalla de imagen que se ha vuelto cuesta arriba.
La narrativa fácil diría que los empresarios se arrepintieron de haber dejado a Pemex. La realidad es más compleja. Muchos de los que ahora regresan obtuvieron durante años mejores condiciones comerciales, flexibilidad para diseñar su propia experiencia de cliente y capacidad de diferenciarse frente a la oferta estándar de la franquicia. Ese ciclo se agota cuando el costo regulatorio y la incertidumbre de futuro superan los beneficios adicionales por litro.
Bajo la nueva regulación, volver a Pemex se parece cada vez más a contratar un seguro integral. Incluye acceso a logística dominante, una marca con fuerte reconocimiento, alineamiento con la visión de la empresa pública como eje de seguridad energética y, sobre todo, una posición menos expuesta frente a un regulador que llega con mandato de ordenar el sector y depurar jugadores débiles.
Para el mercado, el mensaje de fondo es inquietante. La competencia que surgió con la apertura vive una fase de contracción silenciosa. Mientras el padrón oficial muestra números de estaciones estables o ligeramente crecientes, la diversidad real de opciones para el consumidor se reduce. Pemex consolida su presencia sin necesidad de acciones espectaculares, solo dejando que la combinación de riesgo regulatorio, presión de márgenes y narrativas de soberanía energética haga su trabajo.
Lo que está en juego no es solo de qué color es el logo en la marquesina. Es qué tipo de ecosistema de negocio sobreviverá a la transición hacia la CNE, a la trazabilidad total del combustible y a un Estado que ha decidido recentrar a su empresa pública en el corazón del retail de combustibles. En ese tablero, el retorno verde de decenas de gasolineras es menos una vuelta al pasado y más una señal temprana de cómo se verá el mapa cuando la nueva regulación termine de asentarse.
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