Un análisis técnico y operativo que explica por qué el precio máximo del Gas LP varía tanto entre regiones en México, más allá de la tabla semanal: logística, regulación, competencia y costos invisibles que impactan a hogares y distribuidores.
Cada semana, la publicación de los precios máximos del Gas LP vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que rara vez se responde con rigor técnico: ¿por qué el mismo energético puede costar significativamente más en un municipio que en otro, incluso dentro del mismo estado? La respuesta no está en si “subió o bajó” el precio semanal, sino en una combinación estructural de logística, regulación y operación que genera una dispersión regional persistente.
El precio máximo funciona como un techo regulatorio, no como un precio único. Y ese matiz es clave para entender por qué la variación es inevitable.
El precio máximo del Gas LP se define a partir de variables regionales que buscan reflejar condiciones promedio de costo, no realidades específicas de cada colonia o ruta. Entre los factores centrales se encuentran la región de referencia definida por la autoridad, el medio de venta —cilindro o estación de carburación— y los costos logísticos estimados para abastecer esa zona.
La región importa porque integra supuestos de distancia a centros de abasto, infraestructura disponible y patrones de consumo. El medio de venta también es determinante: el Gas LP en cilindro incorpora una cadena de costos muy distinta a la del despacho en estación, desde el manejo físico hasta la rotación de envases. Finalmente, la logística considerada en el precio máximo es una aproximación regulatoria, no una fotografía exacta de cada operación.
El resultado es un techo de precio que admite una amplia variación real debajo de él.
La dispersión regional no es una anomalía; es la consecuencia directa de cómo se distribuye el Gas LP en México.
El llamado “last-mile” es uno de los principales generadores de diferencia. En zonas rurales o de baja densidad urbana, el costo por kilómetro recorrido y por cilindro entregado se multiplica frente a zonas metropolitanas compactas. A esto se suma la diferencia entre vender en cilindro y vender en estación: el cilindro implica carga, descarga, inspección, reposición, pérdidas y una logística intensiva en mano de obra.
La seguridad y las mermas también pesan. El manejo de cilindros conlleva riesgos operativos, robos, fugas y costos de mantenimiento que no siempre son visibles para el consumidor final. Las rutas de distribución, muchas veces extensas y fragmentadas, encarecen el servicio en regiones donde la demanda no permite economías de escala.
La densidad urbana y la estacionalidad completan el cuadro. En invierno o en temporadas de alta demanda, la presión logística aumenta. En ciudades densas, el volumen compensa; en zonas dispersas, no. Por eso, dos municipios vecinos pueden mostrar precios máximos distintos sin que exista una distorsión regulatoria.
Para los hogares, la dispersión regional significa que el precio del Gas LP no responde únicamente al mercado internacional o al tipo de cambio, sino a la realidad local de distribución. En regiones con menor infraestructura o mayor dispersión poblacional, el Gas LP seguirá siendo relativamente más caro, incluso bajo un esquema de control de precios.
Para los distribuidores, la situación es más compleja. Operar cerca del precio máximo en regiones de alto costo implica riesgos operativos y regulatorios: márgenes estrechos, presión sobre la seguridad, incentivos a recortar gastos críticos y una mayor exposición a sanciones si se rebasa el techo regulado. La dispersión también afecta la competencia, porque no todos los actores enfrentan la misma estructura de costos dentro de una misma región regulatoria.
La dispersión regional del precio del Gas LP no es una falla puntual del esquema regulatorio, sino el reflejo de una cadena logística compleja operando bajo un techo de precios uniforme por región. Mientras la discusión pública siga reducida a tablas semanales, el problema seguirá mal diagnosticado.
Entender la logística, los costos ocultos y los riesgos operativos es el primer paso para diseñar políticas más finas, proteger a los hogares sin asfixiar a los distribuidores y profesionalizar un mercado que sigue siendo esencial para millones de familias en México.
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