México cierra 2025 con más de 80 mil millones de pesos en subsidios eléctricos, una tarifa de invierno focalizada en un solo estado y una estructura tarifaria definida por el Acuerdo A/158/2024 que marcará el bolsillo de hogares y negocios en 2026. Este análisis explica quién se beneficia, quién queda fuera y qué viene para las tarifas de luz.
México cierra 2025 con una paradoja eléctrica difícil de ignorar. Por un lado, la Comisión Federal de Electricidad ha absorbido alrededor de 85 mil millones de pesos en subsidios a las tarifas, lo que ha permitido descuentos promedio cercanos a la mitad del costo real para millones de usuarios domésticos. Por el otro, la única tarifa claramente identificada como “de invierno” solo beneficia a los usuarios de un estado, mientras el resto del país transita el cierre del año con el fin de los apoyos de verano, ajustes en cargos regulados y poca claridad pública sobre la estructura que regirá 2026.
En el papel, la estabilidad tarifaria está blindada por el marco definido en el Acuerdo A/158/2024, que autoriza el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico. En la práctica, el cierre de 2025 llega con una mezcla compleja: subsidios generalizados pero poco focalizados, un diseño tarifario técnicamente sofisticado que pocos usuarios entienden y señales encontradas sobre hasta cuándo se sostendrá este esfuerzo fiscal sin presionar el resto del presupuesto público.
El mensaje político es claro: el gobierno quiere que la luz no crezca por encima de la inflación y que el usuario residencial no sienta el golpe completo de los costos de generación, transmisión y distribución. Pero el mensaje técnico es menos cómodo: mantener esta arquitectura de subsidios implica seguir inyectando decenas de miles de millones de pesos cada año a la factura eléctrica, mientras se posponen inversiones críticas en redes y capacidad.
El caso de la llamada tarifa de invierno ilustra el tipo de desigualdades territoriales que comienzan a marcar el cierre del año eléctrico. Para 2025 y el primer trimestre de 2026, el único esquema formalmente identificado como beneficio de invierno opera en Tabasco, donde se acordó una tarifa especial que amortigua el salto en el recibo después del fin del subsidio de verano. El convenio estatal proyecta cerca de medio millón de viviendas beneficiadas y una bolsa pública específica para cubrir el diferencial de precio.
En el resto del país, los usuarios domésticos viven una realidad distinta. La estructura tarifaria está definida por las tarifas 1 y sus variantes por clima, así como por la tarifa DAC de alto consumo, con límites de kWh mensuales que, una vez rebasados, eliminan de facto el subsidio y multiplican el costo del kilowatt hora. El resultado es un cierre de año en el que dos hogares con consumos similares pueden enfrentar realidades muy diferentes según su región, su clima y su historial de consumo de los últimos doce meses.
Para el usuario promedio, la lectura es sencilla: termina el subsidio de verano, aumenta el uso de aparatos por frío o por fin de año y el recibo sube. Para el analista regulatorio, el diagnóstico es más complejo. La combinación de subsidios masivos y beneficios focalizados a un solo estado lanza una señal de política tarifaria fragmentada que es difícil de conciliar con un discurso de transición energética ordenada y con criterios de equidad nacional.
El Acuerdo A/158/2024 establece la metodología y los componentes de las tarifas finales, integrando transmisión, distribución, operación del operador de red, suministrador básico y costos de energía. Sin embargo, la mayoría de los usuarios solo ve el renglón de “subsidio” como una línea de alivio, sin conocer que ese descuento compite con otros rubros del gasto público, desde inversión en infraestructura hasta programas sociales.
De facto, el país opera con un sistema de “invierno para pocos, subsidios para casi todos”, donde el componente de apoyo fiscal está ampliamente distribuido pero la protección especial de temporada se concentra en una entidad con fuerte peso político y simbólico en el mapa eléctrico.
Aunque la política eléctrica se discute muchas veces de forma aislada, a nivel de hogar y de pequeña empresa la realidad es integral. El mismo usuario que ve subir su recibo de luz a partir de noviembre también enfrenta un cierre de año con gasolina sin estímulo fiscal, una dinámica de precios máximos de Gas LP que se ajusta cada semana y un presupuesto familiar que no crece al mismo ritmo.
En ese contexto, el cierre eléctrico de 2025 no es solo un asunto técnico. Es una pieza más del rompecabezas de costos energéticos que definirá las decisiones de consumo en 2026: cuánto aire acondicionado o calefacción usar, qué electrodomésticos encender, si conviene invertir en paneles solares residenciales o en pequeñas mejoras de eficiencia, y hasta qué punto una PYME puede absorber aumentos en su factura sin trasladarlos a precios.
Para el usuario doméstico, la combinación de subsidios generalizados y ausencia de señal clara de precio puede ser un arma de doble filo. En el corto plazo protege el bolsillo, pero diluye los incentivos para reducir consumo o adoptar tecnologías más eficientes. Para el usuario comercial y las pequeñas industrias en baja tensión, la estructura tarifaria 2025 ya adelanta que 2026 será un año donde el margen para absorber aumentos será limitado y donde la planeación energética dejará de ser un tema accesorio para convertirse en un factor de competitividad.
Del lado fiscal, el cierre del año con cerca de 85 mil millones de pesos en subsidios eléctricos y proyecciones por arriba de 80 mil millones también para 2026 indica que el esquema ya no es coyuntural, sino estructural. Mantener esta inercia significa aceptar que una parte relevante del espacio fiscal estará atada cada año a sostener tarifas, incluso si la inversión en redes, generación limpia y modernización de equipos queda insuficiente.
Para quienes toman decisiones en el sector, el mensaje de fondo del cierre eléctrico 2025 es incómodo pero claro. Mientras el país discute transiciones, metas de descarbonización y nuevas tecnologías, la política real de tarifas sigue descansando en una fórmula simple: más subsidio para contener el corto plazo, poca pedagogía para explicar la factura y señales mixtas sobre quién asume el costo real de la electricidad.
La pregunta para 2026 no es solo cuánto pagará cada hogar, sino cuánto está dispuesto el Estado a seguir poniendo en la mesa para que la luz parezca barata, aun cuando la factura completa, la que suma finanzas públicas, inversión pendiente y vulnerabilidad de la red, sea cada día más alta.
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