Los apoyos extraordinarios a Pemex provocaron un faltante fiscal de 284 mil millones de pesos entre enero y octubre de 2025, afectando el gasto de salud, infraestructura y medio ambiente. Este análisis explica la presión estructural que enfrenta el gobierno federal.
Entre enero y octubre, el Gobierno federal enfrentó una de las mayores tensiones fiscales del sexenio: un faltante de 284 mil millones de pesos derivado de los apoyos extraordinarios dirigidos a Pemex. El dato es contundente, no solo por su tamaño, sino por su efecto inmediato en el gasto público. El monto equivale a casi cinco veces el presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud en el mismo periodo, y la presión se extiende a áreas estratégicas como infraestructura, medio ambiente y desarrollo social.
El origen del hueco tiene dos componentes. Por un lado, Pemex solo aportó 204 mil millones al erario. Por otro, recibió 386 mil millones en transferencias, dejando un déficit neto de 182 mil millones respecto a su aportación directa. Pero el impacto real es más profundo: el gobierno esperaba tener 234 mil millones netos por ingresos petroleros a octubre, y quedó 417 mil millones por debajo de la meta. La diferencia explica por qué el balance fiscal se inclinó hacia una zona de vulnerabilidad en la segunda mitad del año.
La recaudación tributaria creció y los ingresos no petroleros mostraron un repunte sólido, pero el esfuerzo no alcanzó para compensar el tamaño del desvío petrolero. Los ingresos adicionales fueron significativos: 90 mil millones por impuestos y 43 mil millones por ingresos no petroleros. Aun así, el faltante de 417 mil millones por ingresos petroleros superó ampliamente cualquier margen de maniobra.
El impacto ya se refleja en recortes y subejercicios. La Secretaría de Salud presenta un retraso de 26 por ciento en su gasto programado; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes opera con un faltante cercano a 36 mil millones; y Medio Ambiente ha ejercido menos de lo autorizado por un margen superior al 29 por ciento. En contraste, la Secretaría de Energía ha ejecutado más del doble de lo aprobado debido a las transferencias adicionales a Pemex, un movimiento que confirma dónde se concentran las prioridades fiscales.
El patrón es claro: cada peso adicional dirigido a Pemex se traduce en tensiones automáticas para dependencias que sostienen el bienestar y la inversión pública. La petrolera se ha convertido en el principal factor que define el margen fiscal del país.
El deterioro de los ingresos petroleros coincide con un contexto operativo complejo para Pemex: producción en declive, mayores costos de refinación y un pasivo laboral que sigue absorbiendo recursos. En este entorno, los apoyos extraordinarios, lejos de ser una medida coyuntural, se han convertido en un mecanismo recurrente de sostenimiento financiero.
El peligro para las finanzas públicas es doble. Si Pemex requiere más respaldo en 2026, la presión recaerá directamente en sectores sensibles: salud, infraestructura, regulación ambiental, vivienda y desarrollo regional. Y, al mismo tiempo, el margen fiscal para responder a choques externos se reduce, elevando la exposición del país ante volatilidad petrolera, cambios en tasas de interés o desaceleración económica.
Además, el hueco fiscal tensiona la narrativa de disciplina presupuestaria que el gobierno federal busca preservar, especialmente en vísperas de definir el Paquete Económico 2026. El reto ya no es solo financiar a Pemex; es sostener la legitimidad de la estrategia energética sin comprometer la capacidad del Estado para atender sus funciones esenciales.
El dato de 284 mil millones no es solo una cifra. Es un síntoma de la fragilidad del modelo actual, donde los ingresos petroleros ya no compensan los costos de sostener al principal activo energético nacional. La combinación de menor producción, apoyos crecientes y menor margen regulatorios podría convertirse en uno de los desafíos centrales del próximo año.
El Estado está entrando en una etapa en la que cada decisión sobre Pemex tendrá un efecto inmediato y directo sobre la calidad del gasto público. Y en un país donde la infraestructura, la seguridad social y la transición energética requieren más recursos, la presión financiera impuesta por la petrolera se está convirtiendo en una restricción determinante.
El hueco fiscal de 284 mil millones es, en esencia, la radiografía de un modelo que ya no se sostiene por sí mismo y que obliga a México a enfrentar, sin demoras, una discusión seria sobre el futuro financiero y operativo de Pemex.
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